Por más de dos siglos, las mujeres trabajadoras hemos luchado por la reivindicación de nuestros derechos laborales (Wollstonecraft, M., 2005). Y aunque algo hemos avanzado, aún queda historia por recorrer. Hoy, 8 de marzo, en lugar de flores y cenas “románticas”, clamamos por el reconocimiento de nuestras luchas individuales y colectivas; por superar nuestra limitada identidad a las labores del cuidado y al ámbito privado; por exigir mejores condiciones laborales y educativas, y por reclamar una vida libre de violencias.
Quisiera llamar la atención sobre la situación de millones de mujeres que han vivido y viven experiencias migratorias: según el último informe de las Naciones Unidas sobre migración, el 48,1% de la población migrante corresponde a mujeres (United Nations Department of Economic and Social Affairs, Population Division, 2020). Los países de nuestra región se han caracterizado por ser origen de flujos migratorios hacia el norte de América o el occidente europeo. Sin embargo, la historia reciente de las migraciones ha demostrado que aquellos países que solían originar la migración, ahora son también receptores, modificando la idea de la migración sur–norte por la migración sur–sur (Brah, A., 2011). Ya sucedía entre países de Europa oriental y occidental, y hoy lo observamos en el aumento de la migración venezolana hacia naciones vecinas de Latinoamérica y el Caribe.
En estas diásporas, las mujeres somos un punto de inflexión: en nosotras recae gran parte de las consecuencias poco favorables, como la feminización de la pobreza, la profundización de todo tipo de violencias, las cadenas de cuidados transnacionales y los marcos de oportunidades reducidos. (Benería, L., 2005). Además, nos recuerda las diferencias entre hombres y mujeres y su posición ante el mercado, donde nuestro trabajo ha sido permanentemente invisibilizado.
La globalización se ha caracterizado por fomentar una fuerza de trabajo femenina vinculada a manufacturas de bajo costo[1]. Otros espacios del mercado laboral, donde las mujeres hemos tenido un papel importante, son el sector servicios y el turismo, este último relacionado profundamente con la trata de mujeres y prostitución. Los países industrializados presentan una demanda muy alta de estos servicios (latinas, asiáticas, europeas del este), manteniendo las desigualdades que perpetúa el modelo económico global. Las contradicciones frente a los beneficios generados —o no— de la incorporación de las mujeres en el mercado laboral, varían: si bien hemos logrado tener ingresos que antes no teníamos, la brecha salarial se mantiene.
Esto debe ser entendido a partir de las formas de socialización y las relaciones de poder entre los géneros y no por la falta de empoderamiento de las mujeres, quienes muchas veces somos culpabilizadas. Las maquilas en México son un ejemplo de cómo las condiciones trascienden las brechas salariales: allí no sólo se explota económicamente a las mujeres, sino que, sumado a otros factores, se ha generado un escenario libre para ejercer violencia sobre nosotras a través del feminicidio (Benería, L., 2005) (Lagarde, 2010).
La condición de las mujeres migrantes reproduce las brechas de los lugares de origen y aumenta sus condiciones de pobreza. Se exponen, por tanto, no solo a la violencia física, sino a la económica y simbólica. Económica en lo que se refiere al acceso a puestos de trabajo precarios y relacionados con el cuidado, que aumentan la precariedad e inestabilidad laboral (trabajadoras del hogar) o trabajos relacionados con la prostitución, una labor que, en caso de ser víctimas de violencia sexual o física por cuenta de los estereotipos o prejuicios, las vulnera y reduce su garantía de protección por parte de instituciones y autoridades.
Las mujeres migrantes no son una categoría en sí, sino que integran múltiples condiciones que aumentan su vulnerabilidad: las de género, edad, etnia y condición socioeconómica. Las personas que actualmente migran desde Venezuela hacia muchos países latinoamericanos se enfrentan, además, a sus condiciones socioeconómicas inestables, que repercuten en el aumento de la precarización de sus condiciones de vida.
Así, pues, las violencias de género se exacerban ante condiciones de desigualdad en la propia división del trabajo y en la exposición de sobreexplotación en los países receptores (Monge, R. V., 2011). Muchas de las mujeres no cuentan con redes, lo cual aumenta su vulnerabilidad y las oportunidades de romper con un ciclo de violencia previo o actual.
Frente a estas reflexiones, es indispensable que los gobiernos receptores y las instituciones responsables de proteger la vida e integridad de las personas, adecúen las políticas de prevención y atención de violencias basadas en género con el fin de garantizar la atención de mujeres y niñas migrantes, teniendo en cuenta sus condiciones y necesidades particulares.