El interés creciente de los grupos armados en la explotación aurífera durante la última década, debido a la rentabilidad del mercado y al incremento del precio del oro, ha generado que se vinculen de diferentes maneras y que esta actividad se convierta en una importante fuente de financiación de sus empresas criminales.
En los territorios, esta vinculación se entrecruza con otras formas de minería no formalizada —como la artesanal, la ancestral y la informal— lo que genera un sistema complejo de interrelaciones que no han podido resolver los intentos de política pública para enfrentar la minería ilegal y criminal en el país.
En Colombia, una de las estrategias priorizadas por el Gobierno para enfrentar la minería ilegal y criminal sigue siendo una intensa campaña policial y militar. La Fuerza Pública viene realizando constantes operaciones para destruir maquinaria, judicializar mineros acusados de complicidad con los grupos armados y cerrar minas para proteger el medio ambiente y afectar las finanzas de los grupos armados. Solo en 2019, la Fuerza Pública realizó 447 operaciones de intervención a minas de explotación de oro en el país[1].
Pese a que estas operaciones dan resultados en términos de número de capturas y destrucción de maquinaria, también generan fuertes cuestionamientos sobre su efectividad en la lucha contra la minería criminal. Se duda de sus impactos en el funcionamiento y financiamiento de los grupos armados y se critican los efectos negativos que genera la criminalización de la extracción informal del oro y las comunidades mineras. Una de las principales críticas es la falta de distinción entre los diferentes tipos de minería (criminal, ilegal e informal) en las acciones de la Fuerza Pública.
Un ejemplo reciente de vinculación de los grupos armados a la minería es el caso de la mina El Alacrán, en el sur de Córdoba, donde a mediados de marzo de 2021 se realizó un operativo para el desalojo y la destrucción de maquinaria por ser, presuntamente, una mina ilegal instrumentalizada por el Clan del Golfo[2]. Sin embargo, las comunidades argumentaron que, si bien no cuentan con títulos mineros, llevan realizando esta actividad hace más de 40 años, no tienen relación con el Clan del Golfo y, según ellos, el operativo estuvo encaminado a favorecer a la empresa Minerales de Córdoba, que cuenta con el título minero para la explotación[3].
Más allá de este caso, lo cierto es que la actividad minera de oro en Colombia ocurre principalmente en la informalidad y se da en ausencia de permisos y títulos. Según un estudio de UNODC, para 2019 “el 66 % de la explotación de oro de aluvión con maquinaria en tierra en Colombia se realizaba por fuera de cualquier figura legal, en escenarios propicios para el involucramiento de estructuras armadas en esta actividad”[4]. A eso se suma que gran parte de la extracción de oro se realiza en contextos con fragilidad institucionalidad para regular y fiscalizar esta actividad económica.
De esta forma, la presencia de actores armados, animados por las rentas del oro, pero también por el control de corredores estratégicos donde se encuentra el mineral (el caso del Bajo Cauca), sumado al precario desempeño estatal, a la persistencia de necesidades básicas insatisfechas y a las condiciones de vulnerabilidad económicas de las comunidades rurales, permiten que la minería de oro informal, ilegal y criminal coexistan en un mismo lugar y con límites difusos entre una u otra.
Una relación estrecha
Según la información recogida por la FIP en sus investigaciones y a los estudios de Massé y Camargo (2012)[5] y Rettberg y Ortiz (2012)[6] sobre la relación de los actores armados ilegales y la minería, estos tienen, al menos, dos formas de vincularse con la minería de oro: una directa y otra indirecta.
La participación directa consiste en que estos grupos tienen control sobre la actividad minera, invierten en la maquinaria y equipos necesarios para la extracción (retroexcavadoras, dragas, dragones)[7], explotan las minas por medio de contratación de mano de obra local o traída de otras regiones, promueven la extracción mecanizada de minerales, y tienen participación directa en la comercialización mediante la compra e intermediación entre los mineros y los comercializadores por medio de empresas fachada, compraventas y otros mecanismos[8]. El estudio de Massé y Camargo también señala que, en algunos casos, las estructuras criminales, a través de empresas fachada, subcontratan títulos mineros legales para explotarlos y lavar dinero[9].
Para la participación directa en la explotación minera, los grupos armados requieren de un alto nivel de estabilidad y capacidad armada, control territorial y recursos (humanos y financieros). Por eso, este tipo de relación se da principalmente en zonas donde los grupos armados han logrado consolidar su control territorial.
Ejemplo de esto es la estructura disidente del Frente Acacio Medina en Guainía, Vaupés y Venezuela, fuertemente vinculada a la actividad minera, que no solo ejerce control directo sobre algunos entables para la extracción de oro y otros minerales, sino que participa directamente en la comercialización inicial y el transporte de minerales desde Venezuela. Otro ejemplo es el ELN, que en algunas de sus zonas de mayor influencia —como es el caso del Chocó— también ha buscado ejercer influencia directa sobre la extracción del oro.
Frente a este involucramiento directo de los grupos armados en la minería de oro, está también la modalidad de lavado de activos en la etapa de comercialización. La rentabilidad del oro y la permeabilidad del mercado legal para ingresar este mineral extraído ilegalmente, facilitan el lavado de activos por parte de los grupos armados. Si bien el Estado colombiano ha tratado de regular la comercialización a de oro a través de mecanismos de formalización para la comercialización y el control en la trazabilidad por medio de certificados de origen y registros mineros, lo cierto es que mecanismos como el Registro Único de Comercializadores de Minerales (RUCOM), las herramientas de declaración del oro y el seguimiento a los comercializadores nacionales han mostrado ser fácilmente vulnerables a la intervención de los actores criminales e ilegales. La dificultad para hacer seguimiento y tener una trazabilidad del oro, ha facilitado la incursión en este mercado de actores ilegales y criminales.
Sobre la relación indirecta encontramos que, en ocasiones, los grupos armados desarrollan un vínculo pragmático con esta minería: no intervienen directamente en la extracción —en este caso del oro— pero obtienen beneficios directos. En la mayoría de los casos, por la falta de capacidad armada o por estar inmersos en intensas disputas, como sucede en el Bajo Cauca, las estructuras armadas no cuentan con la estabilidad y los recursos necesarios para controlar directamente la minería.
De esta forma, se benefician con la explotación del oro por medio de “impuestos” o “vacunas”. Este cobro es, generalmente, un porcentaje de la cantidad de oro extraído mensualmente, aunque las tarifas y la forma de pago varían de acuerdo con el actor armado y el tamaño de la explotación y la producción.
Por la influencia y control que ejercen los grupos armados sobre los territorios, los cobros se realizan para permitir la operación de las minas, la entrada y salida de maquinaria o insumos, y para abrir nuevos entables mineros[10]. Con el pago de cuotas, ya sea en especie (oro) o dinero, los mineros aseguran su permanencia en el territorio, el permiso para explotar y la provisión de bienes como la seguridad.
La debilidad estatal, una oportunidad
Los grupos armados aprovechan la fragilidad estatal para regular las actividades extractivas, supliendo las funciones de las instituciones públicas y convirtiéndose en quienes regulan o aseguran las transacciones (compra y venta) y le dan estabilidad al negocio, mantienen la seguridad, dirimen los conflictos asociados a esta actividad (como derechos de explotación y propiedad de la tierra), y facilitan la consecución de insumos y recursos necesarios. En algunos casos, incluso, hacen préstamos y créditos o alquilan maquinaria.
Un ejemplo puede ser la relación que tienen las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Clan del Golfo con la minería en algunas zonas del Bajo Cauca, quienes no tienen un control directo sobre la explotación, sino que realizan cobros o vacunas a los entables mineros y permiten el ingreso y permanencia de las máquinas e insumos. En algún momento estuvieron vinculados a la compra y alquiler de maquinaria amarilla para la explotación, pero por los altos costos de inversión y los constantes operativos, han perdido interés en este eslabón.
Las diferentes formas en las que se vinculan los grupos armados a la minería de oro —tanto en la extracción como comercialización— que cambian según el actor armado y la región, y la interacción obligada o consensuada con otros actores mineros informales (ya sea a través de la extorsión o provisión de bienes y servicios, o la presencia misma de un actor armado en el territorio), ha generado que los límites entre las distintas actividades mineras (informal, ilegal y criminal) se desdibujen y se complejice la compresión y transformación del fenómeno.
Esto ha llevado a que se aborde la minería no formal bajo la sombrilla de la criminalidad y se empleen estrategias homogéneas para atender un fenómeno diverso. Lejos de debilitar directamente las finanzas de los grupos ilegales, este enfoque termina por facilitar, promover y fortalecer su participación en la larga y compleja cadena del negocio minero.
La complejidad de este fenómeno y la necesidad de disminuir la influencia de los grupos criminales en la minería, ponen de manifiesto la importancia de tener mayor calidad sobre las distintas relaciones de los actores mineros informales e ilegales con los grupos armados en la construcción de la política pública. Esto permitirá construir estrategias que logren quitarle espacio a las estructuras criminales en el desarrollo de la actividad minera y disminuir la conflictividad entre el Estado y las comunidades.