Cambio vs. inercia inalterada
Gustavo Petro ganó las elecciones con un mandato de cambio social y de encontrar alternativas para resolver los graves problemas de violencia e inseguridad que heredó del gobierno anterior.
Además de gozar de buena reputación entre círculos intelectuales y amplios sectores de la sociedad civil, la "Paz Total" y la "Seguridad Humana" son propósitos que deben alcanzarse en un país que no ha completado la transición de la guerra a la paz.
Paz y seguridad son dos caras de una misma moneda. Un Estado serio debe tener a su disposición distintas herramientas de política que oscilen entre la negociación y el uso de la fuerza.
En ese sentido, el escenario parece ser bueno. El cruce de declaraciones y los anuncios de las primeras semanas de gobierno, demuestran que hay una voluntad de paz por parte del ELN o del gobierno venezolano.
Pero la inercia de los conflictos sociales y de las disputas locales entre grupos armados permanece inalterada. Según Indepaz, bajo el nuevo gobierno se han producido seis masacres y ocho asesinatos de líderes, además de ataques al equipo de seguridad del Presidente y de enfrentamientos entre indígenas y comunidades afrodescendientes en el Cauca. Estas son razones obvias para moderar el optimismo.
La Fuerza Pública y la presencia del Estado
Aunque Colombia acabara de cumplir el acuerdo con las FARC del 2016 y, además, encontrara una salida política al conflicto con el ELN, los problemas de violencia e inseguridad persistirían.
Algo similar viven otros países de la región como México, El Salvador o Brasil que, sin tener conflictos armados, enfrentan serias amenazas a la seguridad de sus ciudadanos.
Lejos de desmontar las capacidades para enfrentar la criminalidad organizada, sea esta de carácter político o no, el choque de realidad que ha recibido el nuevo gobierno debería conducirlo a mejorar dichas capacidades en el marco de una estrategia flexible, diferenciada y gradual que permita contener la violencia y avanzar en la construcción de la estatalidad local.
El problema no se reduce a aumentar la burocracia o el gasto del Estado en las regiones más afectadas por la violencia; se trata, sobre todo, de la calidad del Estado que se pretende construir y de con quién hacerlo.
Para eso, es fundamental reconocer las formas locales de gobernanza agrupadas en Consejos Comunitarios, Cabildos Indígenas, Juntas de Acción Comunal y otras formas de organización de las comunidades que han asumido la regulación del orden social en territorios donde el control por parte del Estado ha sido limitado.
Esta inteligencia política de incorporar la participación social y los liderazgos comunitarios debería estar acompañada de una inteligencia estratégica para desmantelar grupos armados y del crimen organizado donde la negociación o el sometimiento sea apenas una de las varias herramientas disponibles.
Rompecabezas de la seguridad humana
Hasta el momento, da la impresión de que el Gobierno avanza a tientas por este camino nutrido de anuncios y declaraciones, pero carente de líneas de acción sólidas y coherentes.
De manera paralela, el Presidente y su ministro de Defensa optaron por prescindir de casi 50 generales entre Fuerzas Militares y de Policía en un proceso de transición institucional donde, además, parece irreversible la salida de la Policía Nacional del MinDefensa.
La Seguridad Humana es un enfoque, pero no una estrategia
Mal harían los cuadros directivos del nuevo gobierno en pensar que, por el hecho de poner el apellido “humana/humano” a cualquier política o curso de la acción, el resultado será sustancialmente distinto de lo que había antes.
El problema central de la Seguridad Humana, entendida como la ausencia de violencia más la garantía de unos mínimos de desarrollo y de condiciones de vida, es el de la oferta de bienes y servicios públicos.
Por definición, la ampliación de esta oferta exige sopesar los temas de gradualidad y definir cuáles son los elementos que conducen a superar la violencia. Esto rebasa la capacidad y la competencia del Ministerio de Defensa y de la Fuerza Pública.
El planteamiento de cambios profundos riñe con el sentido de urgencia propio del clamor de los territorios que hoy enfrentan una emergencia humanitaria con niveles de desplazamiento forzado similares a los de hace diez años, cuando no había iniciado el proceso de paz con las FARC.
Por esto es tan importante concentrarse en diseñar y poner a funcionar unas instituciones sólidas, que aseguren el ensamble del rompecabezas de la Seguridad Humana, donde aún no es claro cómo se conjugarán el diálogo social vinculante, la reforma del sector seguridad, los diálogos humanitarios regionales y la nueva política de drogas, entre otros.
La negociación con el ELN
El proceso de negociación con el ELN es otro escenario donde el Gobierno deberá tener en cuenta las brechas entre los discursos y las realidades territoriales.
Según el informe más reciente de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), esta guerrilla ha tenido una serie de cambios que demandan una hoja de ruta clara y adecuada a cada uno de los cuatro territorios donde opera el ELN.
Ya de entrada llama la atención que el Gobierno esté dispuesto a hacer concesiones fundamentales tan temprano y en una negociación sobre la cual hay más incertidumbres que certezas.
La posibilidad de un cese al fuego bilateral, la suspensión de operaciones ofensivas allí donde se identifique la posible presencia de menores de edad y revisar la extradición, son elementos que habrían de esperar a las concesiones reciprocas del ELN o a que, por ejemplo, esta guerrilla renunciara al reclutamiento forzado como lo hace en el sur del Cauca y en el Chocó.
Estos son aprendizajes del proceso de paz con las FARC y de otros muchos procesos en distintos países, donde las medidas recíprocas de confianza son condición obvia para que los diálogos puedan prosperar en vez de ser utilizados por el grupo no estatal para fortalecerse.
En segundo lugar, si el Gobierno no lleva a cabo acciones de seguridad concretas y sostenibles en Arauca y en Catatumbo, los equilibrios de poder en el ELN hacen improbable una negociación que conduzca a la desmovilización y entrega de las armas. En estas zonas el ELN se ha fortalecido bajo el liderazgo del Frente de Guerra de Oriental, que hasta el día de hoy tiene pocos incentivos militares para avanzar hacia el desmantelamiento de su poderosa economía de guerra (rentas legales, informales e ilegales) y que tiene a dos exgobernadores procesados por vínculos con el ELN.
El Clan del Golfo
La política de sometimiento de organizaciones criminales resulta todavía más difícil.
No tenemos información confiable sobre qué es o cómo opera el Clan del Golfo, que el Gobierno Nacional insiste en llamar Autodefensas Gaitanistas de Colombia, concediéndoles una dimensión política.
Tampoco es clara su manera de operar en red y de aunar bandas locales en el Caribe y la Costa Atlántica, así como en otras regiones donde operan grupos armados con una eventual capacidad de cumplir los estándares para un sometimiento colectivo.
De lo anterior se desprende que el Gobierno debe prepararse desde ya para un nuevo proceso de fragmentación criminal donde las disidencias, tanto del ELN como del Clan de Golfo, serán protagonistas de una paz incompleta que, muy seguramente, heredará el gobierno entrante.
En conclusión, si Petro no logra adoptar con rapidez una política de seguridad clara y acompañada de planes de intervención territorial diferenciada donde la Fuerza Pública tenga un papel específico, sus buenas intenciones no pasarán de ser simplemente eso.