Publicaciones
FIP Opina / 16 de agosto de 2022 / Tiempo de lectura: 7 min.

Sacar a la Policía de Mindefensa sobre los hombros de pocos generales

Este proceso, que debe ser entendido por fases, exige una planeación cuidadosa desde lo jurídico, lo administrativo y lo financiero. De no abordarse con seriedad, se corre el riesgo de perder otra oportunidad para civilizar la seguridad.

Esta columna se publicó el 16 de agosto de 2022 en elespectador.com Leer columna original
El Presidente Gustavo Petro anuncia los nombres de quienes conformarán la nueva cúpula militar.
El Presidente Gustavo Petro anuncia los nombres de quienes conformarán la nueva cúpula militar. © COLPRENSA
  • Autore/as
  • María Victoria Llorente
    María Victoria Llorente Directora Ejecutiva

La movida del Gobierno Petro para nombrar al nuevo director y la nueva subdirectora de la Policía no tiene precedentes. Los elegidos y los 24 generales que tuvieron que dar un paso al costado, hacen parte de una generación de oficiales formados y entrenados con potencial promisorio. Por eso, la salida de los 24 tendrá impactos en la estructura de liderazgo de la institución justo cuanto sacarla del Ministerio de Defensa parece una decisión imparable.

¿Era necesaria una barrida de tal magnitud? ¿Esta tiene que ver con poner a una mujer de segunda al mando?

Lo cierto es que el General Sanabria y la General Navarro junto al nuevo equipo de comandantes, tendrán la responsabilidad sin precedentes de liderar esta transición y mitigar los impactos que pueda traer sobre el desempeño de la Policía y, al final, sobre la seguridad de la gente.

Sacar a la Policía del Ministerio de Defensa no es una idea nueva. Ha sido planteada por gobiernos anteriores y sectores diversos sin llegar realmente a consolidarse y sin contar con un modelo conceptual y operativo al respecto. Desde la FIP hemos advertido sobre la necesidad de actuar con mesura para evitar que el remedio resulte peor que la enfermedad. De hacerlo mal y de manera acelerada e improvisada, podríamos no avanzar en la modernización de la Policía y terminar entregándole un ministerio, impulsando una mayor autonomía a costa del liderazgo civil, como sucedió con Carabineros en Chile. También está el riesgo de afectar capacidades de la institución que comprometan su eficacia para proteger a los ciudadanos, justo cuando está creciendo la inseguridad en el campo y las ciudades.

Este proceso, que debe ser entendido por fases, exige una planeación cuidadosa desde lo jurídico, lo administrativo y lo financiero.

Para empezar, hay que tener una visión sistémica del asunto. La Policía no es un ente aislado ni de las otras entidades del Estado, ni de la sociedad. Algunas de las deficiencias que la caracterizan guardan relación con todo un entramado institucional y social que también es responsable de la corrupción y el desconocimiento y violación de los derechos humanos. Para que la propuesta tenga éxito se deben tener en cuenta una serie de importantes agencias que son claves en el desempeño policial, como los ministerios de Defensa, Interior, Justicia y Hacienda, el DNP, las gobernaciones y alcaldías, entre otras. Estas instituciones deben ajustarse a la reforma policial y disponer de los recursos y capacidades necesarias. Al final, el traslado no es una decisión de un ministro, sino una tarea del Presidente como jefe de Estado.

En segundo lugar, hay que contar con una visión de seguridad —más allá de la seguridad humana —, acorde con el escenario estratégico actual. Estamos en un contexto híbrido en donde las dinámicas que conocimos del conflicto armado están quedando atrás, mientras que diversas formas de crimen organizado florecen y se multiplican. Un contexto frente al cual se requieren capacidades policiales sólidas, a la vez que urge fortalecer a la justicia en su conjunto. Si no hay claridad sobre esto puede sucedernos lo de México que, por razones distintas, terminó con una Ley de Seguridad Ciudadana que involucra activamente a los militares en estas tareas y que ya se da por fracasada.

En tercer lugar, esta no es una discusión exclusivamente técnica. Tiene una dimensión política que debe ser amplia e incluyente y contar con la legitimación ciudadana. Es imperativo abrir un proceso de consulta al interior de las fuerzas —con la oficialidad y todos los rangos e incluso con las áreas administrativas— para que haya una adecuada apropiación interna, sin la cual la reforma no sería sostenible. Para que este proceso tenga éxito, también hay que contar con un liderazgo interno claro, lo que no resulta sencillo y puede verse afectado por la pérdida de cuadros de mando que viene ocurriendo en los últimos años. Adicionalmente, tiene que darse un diálogo activo con representantes de distintos sectores de la sociedad y, en particular, con aquellos que se han visto afectados por abusos de autoridad y violaciones de derechos por parte de las fuerzas.

De hacerlo mal y de manera acelerada e improvisada, podríamos no avanzar en la modernización de la Policía y terminar entregándole un ministerio, impulsando una mayor autonomía a costa del liderazgo civil.

El tiempo es un cuarto elemento. Si bien estas reformas se requieren de inmediato, deben tener un horizonte amplio de tiempo, pero con un límite. Hay que posibilitar el diálogo y dar la oportunidad para que distintas propuestas puedan ser oídas, para que haya mayor deliberación y se lleguen a los mejores consensos posibles. El diálogo en torno a la reforma requiere de fases preparatorias en las cuales se valore el proceso de transformación que ha venido impulsando la Policía en el último año y se revisen figuras de la Ley 62 que reformó integralmente a la Policía en 1993 y el marco jurídico vigente. Es indispensable reconocer que no se parte de cero para proteger las fortalezas construidas de tiempo atrás, pero que a la vez se identifique claramente aquello que debe cambiar.

En quinto lugar, está diseñar una estrategia de comunicaciones dirigida a la ciudadanía. Se requiere que la sociedad entienda las transformaciones que se proponen y cómo estas no ponen en riesgo las condiciones de seguridad de los ciudadanos, sino que, por el contrario, tenderán a mejorarlas. Si bien las encuestas indican que uno de los principales problemas de la Policía es la corrupción, también lo es que los ciudadanos desean mayor presencia policial, por más contradictorio que pueda parecer. Estas reformas pueden afectar temporalmente la eficacia policial, y como la presencia de la Policía es una demanda ciudadana, hay que tener en cuenta los efectos sobre la percepción de seguridad y desarrollar estrategias efectivas que eviten su deterioro.

La seguridad rural, un sexto aspecto, no puede dejarse de lado. Es una tarea que se viene postergando sin que se encuentre una institucionalidad adecuada que garantice la protección de la población en la ruralidad colombiana. Debe ponerse especial atención a Carabineros y al mismo tiempo analizar y recuperar la experiencia de la Unidad Especial para la Edificación de la Paz (UNIPEP), creada para acompañar la implementación del Acuerdo de Paz en algunas zonas del país.

La experiencia internacional también se debe considerar. Colombia no es el primer país en plantear estas transformaciones, hay manuales y protocolos desarrollados por organismos internacionales que brindan guías para su implementación. Pero, adicionalmente, hay experiencias de reforma policial en el marco de procesos de transición como las de Irlanda del Norte o Suráfrica que pueden ser un referente valioso.

Finalmente, hay que tener en cuenta que este proceso implica costos e ingeniería presupuestal. Esto en medio de la falta de transparencia sobre el costo de la seguridad en el país. Existen múltiples fuentes de financiación en los niveles nacional, departamental o municipal que deben ser contemplados por el nuevo Ministerio. Incluso, la cooperación con el sector privado es una fuente fundamental que debe entenderse.

Estos son algunos de los asuntos que sugieren la magnitud del cambio que implica sacar a la Policía del Ministerio de Defensa y la responsabilidad sobre los hombros de uno/as poco/as generales. De no abordarse este proceso con la seriedad que corresponde desde el ejecutivo y el legislativo, corremos el riesgo de perder otra oportunidad para civilizar la seguridad y contar con una Policía eficaz y confiable en la protección a los ciudadanos en todo el territorio nacional.

Palabras clave: seguridad / Policía / Seguridad ciudadana

Etiquetas destacadas