Los cien días del Gobierno Petro en materia de conflicto y violencia organizada han marcado un cambio sustancial frente a la estrategia de paz y seguridad que venía implementando el país en los últimos años.
Los efectos de estos primeros meses son variados y encienden algunas alarmas que deberían provocar ajustes necesarios en la estrategia del nuevo Gobierno para disminuir la violencia y fortalecer la legitimidad del Estado.
En el monitoreo que hacemos en la Fundación Ideas para la Paz encontramos que, aunque disminuyen las formas de violencia asociadas al conflicto con el Estado, aumentó el asesinato de líderes, la principal bandera del Gobierno en materia de seguridad durante los primeros cien días y sobre la cual se estableció un plan de choque —incluyendo los 22 Puestos de Mando Unificado por la Vida—. Es un primer campanazo sobre las brechas que existen entre los anuncios hechos por el alto Gobierno y la violencia que sigue azotando los territorios.
Muchas de las tendencias que marcan el escenario actual son heredadas de un contexto híbrido de inseguridad y violencia en el que el Gobierno Duque entregó el país: una crisis humanitaria, con una fragmentación creciente de los grupos armados y una diversificación acelerada de las economías ilegales.
Hasta el momento, la Paz Total no ha logrado detener el enfrentamiento entre grupos armados, un fenómeno que se venía agudizando durante el 2022, pero que registró un incremento de 79% con respecto al mismo trimestre del año anterior (la cifra más alta desde la firma del Acuerdo de Paz). Comparando con los últimos meses del Gobierno Duque, estos primeros cien días del Gobierno Petro son los de mayores enfrentamientos en lo corrido del año. Es lo que concluimos en el informe de la FIP.
Lo anterior sugiere que el inicio del cese multilateral anunciado por el Gobierno nacional a finales de septiembre, en el que participarían diez grupos armados, fue un anuncio hecho a partir de la recolección de buenas voluntades de los grupos armados mediante intercambios epistolares, y no el resultado de conversaciones estructuradas con estos grupos. Se corre el riesgo, que se anotó en su momento, sobre anuncios que carecen de tracción y que a la postre terminan por generar falsas expectativas en las comunidades.
Es necesario sacar la Paz Total de los micrófonos y fortalecer la capacidad de gestión territorial de la Oficina del Alto Comisionado de Paz para contener la violencia.
Este campanazo sobre el incremento de las disputas territoriales y la fragmentación de la violencia contrasta con la significativa disminución que ha tenido el conflicto entre los grupos armados y el Estado.
Con casi un 73% de reducción de las acciones contra la Fuerza Pública y 74% contra bienes e infraestructura con respecto al mismo trimestre del 2021, la política de Paz Total parece estar consolidando el desistimiento de los grupos armados de enfrentar militarmente al Estado. Algo que venía sucediendo desde el Gobierno Duque y que, dado el cambio en la narrativa y la aproximación del nuevo Gobierno, podría ser prometedor en el mediano y largo plazo, si las conversaciones sobre negociación y sometimiento llegan a buen puerto.
Esta reducción puede no ser solo el resultado de las primeras puntadas de la política de Paz Total pues, así mismo, estos primeros 100 días registran un descenso en la operatividad de la Fuerza Pública en cerca de un 70% con respecto al mismo periodo del año anterior; casi la misma proporción en la que disminuyen las acciones de los grupos armados. Lo anterior generará preocupación en algunos sectores del país que no ven con buenos ojos un descenso en la actividad de la Fuerza Pública, en un contexto que continúa presentando enormes desafíos humanitarios.
La mayor alerta que genera el balance inicial es la insuficiencia de decisiones y anuncios hechos para contener el homicidio contra líderes sociales. Fue una promesa de campaña y ha sido el esfuerzo central de la nueva política de seguridad durante este trimestre que, a través de un plan de choque, se propuso 29 acciones en cerca de 65 municipios priorizados por el nuevo Gobierno.
Los resultados hablan por sí solos.
Durante el primer trimestre de este Gobierno, el asesinato de líderes aumentó a nivel nacional en un 50% con respecto al mismo periodo del año anterior. Antioquia, Nariño y Putumayo son los departamentos de mayor afectación de este fenómeno. Lo propio sucede en los municipios PDET, donde el asesinato de líderes aumentó en 10% en estos cien días. Incluso aumentó en aquellos municipios priorizados por el Gobierno para el plan de choque de protección de líderes, donde la cifra crece en un 23% con respecto al mismo periodo del año anterior. Igual sucede con las masacres que aumentaron en un 38% a nivel nacional.
En términos agregados, los incidentes humanitarios se redujeron durante estos primeros cien días de gobierno en 17,2%, principalmente jalonados por una reducción a nivel nacional del homicidio en persona protegida. Un indicador que denota la falta de estrategia, si se tiene en cuenta que, aunque jalona un descenso general, se comporta agresivamente en territorios afectados por el conflicto, pues presenta un incremento del 10% en los municipios de PDET y un 30% en los 65 municipios priorizados por el Gobierno Nacional.
De igual manera, es importante señalar que, en comparación con el último trimestre del Gobierno del presidente Duque (mayo - julio), en 108 municipios aumentaron los eventos de impacto humanitario, mientras que disminuyó en 170 entre agosto y octubre. No la tiene fácil el Gobierno, pues requiere una estrategia de seguridad sólida que acompañe la política de Paz Total.
Estos campanazos deben ser tomados con seriedad y tranquilidad. Aún es pronto para hablar de éxitos o de fracasos, pero resulta evidente que la violencia no ha cesado y que el esfuerzo de este Gobierno por acercarse a diferentes grupos armados tendrá efectos sobre el bienestar de miles de personas.