En la reforma tributaria que logró pasar en el Congreso en 2022, y pese a que no se mencionaba en un primer borrador, el mecanismo de Obras por Impuestos (OXI) tuvo algunas modificaciones. Uno de los cambios consistió en eliminar la posibilidad de ejecutar obras en las Áreas de Desarrollo Naranja (ADN), zonas en las que se promovía la creación de bienes y servicios creativos y culturales. Estas fueron propuestas en su momento por el gobierno Duque y podían estar incluso en ciudades capitales y cabeceras municipales.
La inclusión de las ADN generó malestar en diferentes sectores puesto que diluía el propósito de Obras por Impuestos en las zonas más afectadas por el conflicto y con mayores necesidades. Con esta modificación los proyectos se concentran nuevamente en municipios PDET y ZOMAC[1].
Vale la pena recordar que Obras por Impuestos le permite pagar de forma alternativa a las personas jurídicas —y naturales, en algunos casos— hasta el 50% del impuesto de renta a través de proyectos en los municipios más vulnerables del país, y cuyo objetivo final es fomentar la participación empresarial en la construcción de paz y el cierre de brechas.
Por las declaraciones del ministro de Hacienda y del director de la Agencia de Renovación del Territorio en diciembre pasado[2], este año parece que el Gobierno quiere seguir apostándole al instrumento. Obras por Impuestos ha demostrado ser atractivo para compañías de todos los sectores; desde las extractivas hasta las de alimentos han desarrollado obras de infraestructura y dotación escolar, entre otros, beneficiando a miles de personas. El Gobierno ha lanzado señales que generan confianza entre las empresas que ven en este pago alternativo una forma de acercarse a las comunidades y a las entidades territoriales en las zonas donde operan e incluso donde no lo hacen, y en las que muchas veces no llega el Estado.
Un ejemplo de estas señales es la ampliación del cupo CONFIS, que determina cuántos recursos se pueden destinar a esta modalidad de pago que, aunque fue aprobado el pasado diciembre, rige para este año. En vigencias anteriores, esta “bolsa” era de alrededor de 500 mil millones de pesos y solía agotarse rápidamente; es decir, se presentaban tantos proyectos por el valor total de ese cupo que muchos otros se quedaban sin ser ejecutados. Para esta nueva vigencia, el cupo se amplió significativamente: llega a 800 mil millones, lo que se traduce en que más obras —ojalá de mayor calado— se podrán desarrollar.
El Gobierno ha lanzado señales que generan confianza entre las empresas que ven en este pago alternativo una forma de acercarse a las comunidades y a las entidades territoriales.
Otro ejemplo es la mención que hace el Plan Nacional de Desarrollo (PND) a Obras por Impuestos, en el que se afirma que, a través del mecanismo, se puede afianzar el rol del sector empresarial en la construcción de paz y busca que los proyectos desarrollados por OXI sean estratégicos y vayan acorde a los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR).
Sin embargo, el éxito del mecanismo no debe medirse únicamente por el monto que fija el CONFIS o por su utilización. Es necesario que el Gobierno trace la hoja de ruta de las inequidades más urgentes a resolver en las regiones y que OXI sirva como un mecanismo articulador entre el sector público y el empresarial para abordar esos problemas. En otras palabras, el éxito de Obras por Impuestos debe medirse en función de si, objetivamente, ha contribuido a mejorar la calidad de vida, el bienestar de las personas y la transformación de los territorios donde se ejecutan, no solo en el dinero invertido.
Ha habido muchas expectativas sobre la orientación que debe asumir el Gobierno para promover el desarrollo y la idea de la Paz Total. Teniendo en cuenta el propósito para el que fue creado OXI, es necesario que el Ejecutivo proponga objetivos claros, medibles y alcanzables que le apuesten a lograr la disminución de inequidades y cierre de brechas, y que sea justamente Obras por Impuestos una de las formas de alcanzarlos. Esto podría hacerse, por ejemplo, priorizando algunos sectores o tipos de proyectos, lo cual requiere una articulación adicional entre Gobierno nacional, mandatarios locales, comunidades y empresas.
El 2023 augura ser un buen año para el mecanismo por la ampliación del cupo CONFIS, por cuenta de las señales de confianza que han enviado desde el Gobierno y por el interés de más contribuyentes en participar. Entre más empresas se vinculen, más posibilidades hay de que las obras lleguen a las personas y municipios más necesitados. Ese interés debe servir para continuar fortalecimiento el instrumento, pero el Gobierno debe expresar su interés en trabajar de manera articulada con el sector empresarial. Los grandes problemas sociales, por más difíciles que sean, se logran superar cuando todos los sectores apuntan, confían y cooperan mutuamente.