Transformar un Estado que tradicionalmente ha actuado como un aparato represor y reconocer a los grupos criminales como los principales responsables de la inseguridad, parecen ser los supuestos detrás de las propuestas de seguridad en el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo (PND) que se discute actualmente en el Congreso.
No hay duda de que la gestión de las Fuerzas Militares y de Policía bajo el direccionamiento civil ha tenido impactos negativos sobre los ciudadanos, como lo ha señalado la FIP en distintas ocasiones y recientemente en el Monitor regional sobre el uso de la fuerza[1]. Además, recurrir de manera exclusiva al uso de la fuerza no contribuye al fortalecimiento institucional; por el contrario, deteriora la legitimidad de todas las instituciones y el reconocimiento de las organizaciones comunitarias[2].
Igualmente, el reconocimiento de los distintos grupos criminales que operan en el país y sus impactos sobre las condiciones de seguridad es innegable[3]. Sin embargo, es necesario ampliar la comprensión de los fenómenos delictivos y sus dimensiones para superar la visión de que la negociación con los grupos criminales o el simple sometimiento traerá automáticamente la reducción de la violencia y la inseguridad[4].
La FIP continúa con el sondeo mensual a líderes que hacen parte de su red de trabajo en los municipios más afectados por la violencia. Durante marzo consultó a 260 líderes que viven en 72 municipios del país. ver SONDEO
En la FIP reconocemos que es necesario tener en cuenta estos dos supuestos del PND, pero también que son insuficientes para consolidar una política de seguridad integral que permita mejorar la protección de los derechos de los ciudadanos afectados por las condiciones delictivas.
Ahora, si la intención es convertir a Colombia en una potencia mundial de vida, el Plan de Desarrollo carece de elementos que permitan implementar, en el mediano plazo, una política contra los homicidios en el país. Como ha insistido la FIP, esta política debe tener claridad sobre el fenómeno y sus dimensiones, y la necesidad de abordarlo desde una visión amplia que no puede reducirse a la presencia de grupos armados y a la violencia que, en ciertas ocasiones, ejerce el Estado[5].
Comprender el fenómeno delictivo más allá de los grupos criminales
Nuestra observación general frente a la propuesta del Plan tiene que ver con la forma como se aborda el fenómeno de la seguridad. Si bien la idea de la seguridad humana es un concepto integral, la manera como se expone deja de lado la actividad delictiva que afecta de manera cotidiana y permanente a los ciudadanos. En este sentido, todo se convierte en seguridad, confundiendo las políticas sociales que se deben hacer por la dignidad y derechos de las personas, y no como mecanismos para prevenir el delito.
Las limitaciones del Plan se hacen evidentes con la insignificante meta de reducción de homicidios y la ausencia de medidas orientadas a controlar los otros delitos. No existen elementos que permitan abordar los delitos que afectan a la ciudadanía, como los homicidios, las amenazas, las extorsiones, los hurtos y los delitos contra las libertades sexuales, solo por nombrar algunos. Tal y como lo hemos reiterado desde el 2022, con los planes de gobierno propuestos durante la contienda electoral y el seguimiento de los primeros 100 días de Gobierno[6], parece que seguimos atrapados en un sistema que reduce los problemas y no se permite entender de manera diferenciada la forma en que estos ocurren, los factores asociados y el impacto en las zonas urbanas y rurales.
Las acciones institucionales más allá de la Policía
Estar atrapados en un sistema significa que, ante el fenómeno delictivo, se ofrecen transformaciones institucionales. Normalmente estas se concentran en la Policía, lo que es una simplificación de la institucionalidad asociada a la seguridad.
El artículo 50 de la propuesta del Plan —que ya salió del articulado en las ponencias y las discusiones en el Congreso— concentraba toda la atención en el traslado de la Policía Nacional del Ministerio de Defensa a otra dependencia. En este sentido, se dejaban de lado todas las otras instituciones del Estado que deben integrarse al sistema, lo que resulta insuficiente cuando se parte del presupuesto de un Estado represor. Por ello, es necesario no solo transformar a la Policía sino fortalecer las otras entidades civiles del sistema, como las personerías, que garantizan los derechos en los contextos locales; las alcaldías y gobernaciones, que integran a la Fuerza Pública con las políticas de seguridad en los contextos locales y regionales; y las inspecciones de policía, que desarrollan las funciones regulatorias de la vida cotidiana de los municipios, entre otras.
Tendría que existir una línea estratégica que apalanque las políticas que serán diseñadas desde el Gobierno Nacional y que luego se articularán con los próximos gobiernos locales. Colombia adolece de estrategias específicas de reducción de delitos y tiene una gran debilidad desde su comprensión hasta la forma en que se evalúan, así como su subsecuente impacto en el mejoramiento de las condiciones de seguridad. Y eso pasa por un entramado institucional complejo que no tiene un correlato en la propuesta de Plan de Desarrollo de Petro.
Muy discursivo, pocos medios e indicadores
El Plan maneja un discurso estructurado, pero con pocos elementos para desarrollar las políticas de seguridad y defensa que deberían concentrar buena parte de las estrategias y acciones, y articularse con las políticas locales y regionales que se activarán el próximo año.
Además, hay pocas señales sobre los medios para mejorar la seguridad, no da claridad sobre los recursos destinados a esta (salvo los gastos recurrentes), y se queda corta en cuanto a los indicadores.
Ahora bien, se ha mencionado la participación y los intereses de las comunidades como uno de los elementos fundamentales para las políticas de seguridad. Desde 2019, la FIP ha desarrollado diferentes mecanismos para monitorear la percepción de la ciudadanía y de los lideres en el país. Uno de ellos es el Pulso, un sondeo a líderes sociales en los municipios más afectados por la violencia y con menores condiciones para el desarrollo. Este tipo de mediciones se convierten en insumos claves para que el Gobierno y la sociedad puedan hacerle seguimiento a:
Percepción de seguridad. Valoraciones sobre las condiciones de seguridad de los municipios y la frecuencia con que se perciben ciertos hechos de violencia.
Políticas de seguridad. Percepción sobre las políticas de seguridad en lo local, a partir de su conocimiento y valoración.
Acuerdos con grupos y sometimiento. Percepción sobre los procesos de negociación o sometimiento a la justicia a nivel municipal, valorando su conocimiento y potencial efecto.
Relación entre líderes y autoridades. Autopercepción de los líderes frente a su comunidad y a las autoridades con respecto a su liderazgo.
La preocupación de los líderes por la seguridad
Del Pulso que la FIP realizó en el mes de marzo a 270 líderes en 72 municipios críticos del país (conoce cómo hacemos la medición), se destaca lo siguiente:
El progreso de la seguridad a la baja. El 30% de los encuestados siente que la seguridad se ha deteriorado con respecto al último año (2022 vs. 2021) y el 40% frente a sus propios municipios.
Los homicidios, las amenazas y el desplazamiento explican el deterioro. Estos tres delitos no solo preocupan a los líderes. En las encuestas de población realizadas por la FIP (2020 -2022), las personas que declaran ser víctimas directas o indirectas (entre el 5% y 12%), manifiestan haberlo sido por este tipo de delitos, sacando a los hurtos del ranking.
Las amenazas a los líderes son el pan diario. Uno de cada cuatro líderes fue amenazado durante el último mes (23% de los encuestados).
La respuesta de las autoridades locales a la inseguridad se queda corta. El 27% de los líderes reconoce que las autoridades municipales han realizado reuniones para comunicar políticas, acciones y resultados en seguridad.
La negociación con grupos armados no está en el radar. El 7% de los líderes conocen algún tipo de conversación entre las autoridades y grupos armados. El 50% cree que aportan a mejorar la seguridad en sus municipios.
La implementación del Acuerdo de Paz sobrevive a paso lento. Para la mayor parte de los líderes, la implementación de iniciativas contenidas en el Acuerdo de Paz con las FARC tiene retrasos o es muy débil en sus municipios.