Desde la semana pasada están en Cuba las delegaciones del Gobierno y del ELN para el tercer ciclo de diálogo, después de muchos traspiés y la molestia nacional por las acciones armadas realizadas por esta guerrilla en buena parte del país desde el fin del segundo ciclo.
Estas acciones han sido altamente criticadas por la ciudadanía y las instituciones por ir en contra de la voluntad de paz que se proclama en la mesa de diálogos. Además de la emboscada en el Carmen (Norte de Santander), donde murieron diez soldados y otros ocho resultaron heridos, también se instalaron paquetes explosivos, banderas y panfletos amenazantes en Antioquia, Cauca, Santander, Valle del Cauca y Bogotá.
No debemos ser ingenuos con las mesas de diálogo y de negociación. Los grupos armados y los gobiernos se sientan buscando alcanzar acuerdos que conduzcan a transformaciones y a la construcción de paz, pero a ninguno le interesa mostrarse débil, ni derrotado. De ahí que acciones armadas de lado y lado busquen demostrar fortaleza y lo que está en juego en caso de no pactar nada.
Ahora bien, hay un mensaje más fuerte que debe orientar el nuevo ciclo de diálogo: la ciudadanía está cansada de la violencia y este tipo de acciones disminuyen el respaldo social hacia el proceso de negociación.
Este tercer ciclo inicia con expectativas altas y una agenda muy grande y difícil de concretar. La persistencia de los eventos armados y violentos ha llevado al Gobierno a reclamar que el cese al fuego y a las hostilidades sea el centro de la discusión.
El cese al fuego entre el ELN y el Gobierno por sí mismo tiene muchas dificultades, como lo advertimos en un informe reciente de la Fundación Ideas para la Paz, y en la actual coyuntura, resulta mucho más desafiante.
Por su parte, el ELN acepta esa agenda con reticencia mientras emite sus objeciones, como la imposibilidad de hacer ceses al fuego que involucren a otros grupos armados, y deja de lado la urgencia de detener las hostilidades, que son las afectaciones más fuertes hacia los civiles.
Los comandantes del ELN insisten en priorizar en este ciclo de diálogo la discusión sobre el modelo de participación ciudadana en el que se fundamenta el proceso de diálogo, y suman otros elementos urgentes como los alivios humanitarios.
Entre tanto, permanecen en el aire los mensajes de los Frentes de Guerra y de los altos comandantes del grupo armado criticando las políticas del gobierno, las acciones del Ejército y el carácter de Gustavo Petro, mientras continúan negando su vinculación a actividades como el reclutamiento de menores de edad y el narcotráfico.
En este proceso de diálogos hay un afán particular. No es solo la duración del gobierno Petro, de sus funcionarios o de la mesa misma, como se habla en muchas instancias, se trata de la poca paciencia que tiene la ciudadanía para respaldar un proceso que, aunque necesario, no parece estar priorizando lo realmente urgente: la reducción de la violencia.
El gran problema nacional que hoy la ciudadanía quiere discutir es el agotamiento de la violencia y de la confrontación armada, que hace mucho dejó de limitarse al cruce de disparos entre un Ejército Nacional y grupos rebeldes armados"
La participación ciudadana es fundamental y será, sin duda, una gran ganancia de este proceso de diálogo y un diferenciador en algunos sentidos respecto a los procesos llevados con otros grupos en la historia reciente. Sin embargo, hoy la ciudadanía, las comunidades y los territorios quieren participar para reclamar el cese de la violencia y de las armas.
Cuando el ELN habla de la importancia de la participación, lo hace en clave de discutir los grandes problemas nacionales y las estructuras profundas que hay que transformar para tener un mejor país.
Sin embargo, el gran problema nacional que la ciudadanía quiere discutir hoy es el agotamiento de la violencia y de la confrontación armada, que hace mucho dejó de limitarse al cruce de disparos entre un Ejército Nacional y grupos rebeldes armados, y se filtró a cada dimensión de la vida comunitaria.
La urgencia de ese problema dificulta discutir los otros porque las transformaciones sociales tienen poco sentido si no hay circunstancias de vida que permitan observarlas.
¿Cómo se garantiza la participación amplia, vinculante y libre cuando está mediada por las armas y los armados? ¿Cómo discutir los problemas profundos y estructurales del país, si no hay garantías para la movilidad de las comunidades restringidas? ¿Cómo alcanzar pactos sociales si la opinión se escucha con un fusil en la mano?
Reclamamos al Estado garantías de seguridad, pero si este proceso de participación concreto se enmarca en unos diálogos entre el gobierno y el ELN, solicitamos esas mismas garantías al grupo armado que debe apropiarse de su responsabilidad en la violencia.
Como ciudadanía debemos ser pacientes en el alcance que tiene el diálogo y los tiempos para acordar cosas tan complejas como las que en este ciclo de diálogo se gestan. Los procesos de diálogo, de negociación o de paz, difícilmente pueden iniciar de tajo con la dejación de las armas, pues no hay confianza para hacerlo de ninguno de los lados.
No obstante, si no hay acuerdos de cese, sí tiene que haber evidencia de que la violencia disminuye y que esta disminución abre la puerta a la participación y la ampliación de las libertades.
Este tercer ciclo de diálogo carga a sus espaldas unas expectativas altas de las delegaciones y de una ciudadanía que observa y reclama a la mesa efectividad y acuerdos que se traduzcan en cambios verdaderos y urgentes. Una mesa que transforme el país en el papel sin que reduzca la violencia, difícilmente será la deseada por la gente y los territorios.