Si hay un lugar en Colombia donde la criminalidad tiene un peso simbólico, social, político, cultural y económico significativo, es Medellín y su área metropolitana. De ahí la importancia del anuncio, el pasado 2 de junio, del inicio de la mesa de diálogo socio-jurídico con una buena representación de las estructuras armadas del Valle de Aburrá, conocidas como “combos”. Es el arranque de uno de los capítulos claves de la paz urbana y, a la vez, el lanzamiento de otro de los tableros de negociación, el más retador, de la estrategia conocida como Paz Total de Gustavo Petro.
Para entender las implicaciones de este anuncio, surgen preguntas sobre la seguridad en esta zona del país, los riesgos de la mesa de diálogo y las oportunidades para la paz.
Sobre cuál guerra es la que se quiere negociar, los datos del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia de Medellín (SISC), señalan que la ciudad pasó de una tasa de homicidios por cien mil habitantes de 26,16 en 2018 a 14,89 en 2022. En números totales, la reducción es de 635 casos a 389.
Para este año (entre el 1 de enero y el 3 de junio) la reducción de homicidios se sitúa en 13,7%, comparándola con el 2022 A eso se suma que en el año se cuentan 60 días (no consecutivos) en los que no se ha cometido ningún homicidio en la ciudad. Ampliando un poco la zona de análisis, en el área metropolitana del Valle de Aburrá (que agrupa 10 municipios: Medellín, Bello, Itagüí, Envigado, Caldas, Sabaneta, Copacabana, La Estrella, Girardota y Barbosa), la tasa de homicidios pasó de 16,69 en 2018 a 9,99 en 2022.
Hoy no hay una guerra en la ciudad, la reducción de la violencia que inició por la pandemia se mantiene y ni siquiera que hay enfrentamientos o disputas significativas entre los combos.
Si bien no puede decirse que la situación de homicidios de Medellín y sus alrededores sea de éxito, y mucho menos si se compara con estadísticas internacionales, sí se está lejos de las cifras que en los años noventa hicieron de la capital de Antioquia la ciudad más violenta del mundo. Hoy no hay una guerra en la ciudad, la reducción de la violencia que inició por la pandemia se mantiene y ni siquiera podría afirmarse que hay enfrentamientos o disputas significativas entre los combos.
El Gobierno y el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, han dicho que esa reducción es consecuencia de la exploración o fase reservada de diálogos que se inició oficialmente en agosto de 2022, cuando el presidente Petro asumió el cargo, aunque se sabe que los acercamientos empezaron desde la campaña.
Esto va en contravía de la retórica institucional del alcalde Daniel Quintero y de los organismos de seguridad y justicia, en especial de la Policía Nacional, que le atribuyen esos éxitos a sus políticas y estrategias. Al final, como ya ha pasado en Medellín, la baja de homicidios y la calma evidente en las comunas y barrios se dan por la coincidencia de despliegue institucional y la intención clara de los combos por bajar la atención pública que generan los hechos violentos. Esto significa que los combos tienen la sartén por el mango a la hora de determinar cuándo se dan o no homicidios.
Ahora, si la mesa de diálogo socio-jurídico, como la denomina el Gobierno, empieza en medio de la calma impuesta por los combos, es clave evidenciar los riesgos más significativos que debe enfrentar este proceso para que sea exitoso.
El primero tiene que ver con cómo se va a negociar y la metodología que se utilizará. El Comisionado Rueda señala que está iniciando la fase de diálogos (que en estricto sentido es la segunda parte, luego de los acercamientos reservados), pero a la vez habla de que se constituirá un espacio con la ciudadanía y los liderazgos sociales. Todo esto en una mezcla de términos y denominaciones que hacen difícil entender si se está hablando de una negociación de paz como las que se han adelantado en Colombia con las guerrillas o de un proceso de sujeción o sometimiento a la justicia.
La mezcla de términos y denominaciones hacen difícil entender si se está hablando de una negociación de paz o de un proceso de sujeción o sometimiento a la justicia.
Pocas dudas puede haber ante el hecho de que los combos de Medellín son la expresión más colombiana del crimen organizado en su forma de entenderse internacionalmente, por lo que no cabría una negociación de paz como las anteriores. Pero si el camino del diálogo es el sometimiento a la justicia hace falta algo muy relevante ya que, el anuncio del inicio de las conversaciones se hizo desde la cárcel La Paz, en Itagüí, sin que el legislativo colombiano aprobara la ley de sujeción que daría el soporte jurídico para la mesa. Así las cosas, arranca una mesa de diálogos que no tiene patas y sin el carpintero que la puede arreglar, la Fiscalía, que brilló por su ausencia en el evento y que es imprescindible en la ruta del sometimiento.
Esto lleva al segundo de los riesgos de la paz urbana: ¿qué se va a negociar? Si se tratara de un proceso que busca únicamente someter a la justicia a los “pelaos” de los combos, estaríamos ante un diálogo jurídico encaminado a su desarme y reinserción. El problema es que, tanto en los comunicados como en las intervenciones del Gobierno y de los representantes de los combos, los mensajes son confusos: hablan de una agenda que incluye el modelo de reincorporación, mecanismos de reconocimiento de responsabilidad y acercamiento a las víctimas para resarcir daños. Hasta ahí todo parece normal, pero se menciona también como otros posibles puntos los aportes para transformaciones sociales, ambientales, territoriales y urbanas, y distintas formas de intervenciones integrales del Estado, lo que pone en duda si esto es realmente lo que se debe dialogar con los combos.
El tercer riesgo es con quién se va a dialogar. Lo que vimos en el acto público muestra que el diálogo se hace con los jefes que están encarcelados, lo que implica considerar qué tanto control mantienen en las calles y la posible existencia de otros mandos que habría que integrar a la conversación. No es claro si mandan los que están encerrados o los de afuera, aunque sea poco probable que desde la cárcel se logren controlar 350 combos, según investigaciones serias de Santiago Tobón y sus colegas. De acuerdo con el Gobierno, estos combos tendrían entre 12.000 y 14.000 integrantes.
Minimizar la pregunta de quién manda realmente a los combos, profundizar la distancia entre los jefes encarcelados y los que están en territorio, y desestimar la importancia de generar incentivos correctos para que los mandos medios vean con buenos ojos los diálogos y consideren seriamente dejar de lado el lucro que podrían tener en caso de ocupar el puesto vacío de los jefes que ahora van a negociar, pueden ser los pasos iniciales para una nueva guerra y no la pretendida paz urbana.
Arranca una mesa de diálogos que no tiene patas y sin el carpintero que la puede arreglar, la Fiscalía, que brilló por su ausencia en el evento y que es imprescindible en la ruta del sometimiento
Pese a estas advertencias, hay espacio a cierto optimismo. Lo que ocurre es Medellín es una oportunidad única para entender el verdadero alcance de los combos y la manera como se logró armar a 14.000 jóvenes, establecer entramados de gobierno criminal en las comunas y desarrollar prácticas tan significativas como la extorsión y la operación de las plazas de vicio. Igual de importante es el espacio que se abre para indagar y comprender la corrupción, funcional a la existencia de los combos, y la manera cómo se han relacionado con la criminalidad transnacional, empezando por la mexicana.
Es clave delimitar el objetivo de la mesa de diálogos sin confundir una negociación de paz con un proceso de sometimiento, que es lo que debe ocurrir con estas estructuras criminales. Sin embargo, no hay que minimizar lo relevante que es tener sentados a Vallejo, Tom, el Montañero, el Saya, Alber, Carlos Pesebre, el Compa, Juan 23, Iván el Barbado, Gran Pa, Lindolfo, Perica, Clemente, Don Pepe, Chaparro y Mundo Malo, hablando en nombre de las organizaciones a las que han pertenecido y mostrándose dispuestos a conversar con el Estado.