De los 2.857.528 migrantes venezolanos que hay en Colombia, el 65% tienen en sus manos un Permiso por Protección Temporal (PPT) que les permite acceder al sistema de salud, a educación, emplearse formalmente y un largo etcétera de beneficios para desarrollar su proyecto de vida en el país.
El Gobierno Nacional, la cooperación internacional y las autoridades territoriales han diseñado rutas e incluido a los migrantes venezolanos en programas pensados para el acceso a derechos de otras poblaciones vulnerables. Esta inclusión es un reconocimiento a la interseccionalidad de vulnerabilidades que viven estas personas para el goce de sus derechos.
Sin embargo, el acceso a estos servicios tiene barreras cuando se mira la situación de regularidad migratoria de esta población, pero eso no significa que sea la única condición para acceder a los programas sociales del Estado. Veamos por qué:
La mayoría de los programas de atención social en Colombia se apoyan en el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de programas sociales —conocido como Sisbén— que clasifica las condiciones de vida de los hogares y señala específicamente en qué dimensiones del bienestar hay vulnerabilidades: las condiciones de niñez y juventud, educación, salud, trabajo e ingresos, vivienda y el acceso a servicios públicos.
Según el Observatorio Nacional de Migraciones administrado por el DNP, a marzo de este año, un poco más de un millón de personas están registradas en el Sisbén, lo que corresponde al 55% de las que tienen el PPT. ¿Qué ocurre con el restante 45%? Urge promover su registro para una correcta priorización de necesidades de atención.
El procedimiento para que una persona venezolana entre al Sisbén es el mismo que se le pide a cualquier colombiano: tiene que solicitar una encuesta de caracterización de las condiciones socioeconómicas de su hogar a través de los canales presenciales y virtuales dispuestos por las alcaldías. Para ello debe presentar un documento de identificación válido (como el PPT) y esperar la visita del encuestador.
Parece un trámite sencillo, pero para las poblaciones migrantes es un reto, primero porque muchas veces desconocen los procesos burocráticos en Colombia y, segundo, porque cambian con frecuencia de domicilio, lo que les implica actualizar de manera constante la encuesta del Sisbén.
Esto, dando por hecho que los encuestadores van a llegar a los hogares. Sin embargo, la realización de las encuestas depende también de la capacidad que tienen los municipios y ahí surge otra limitante: las alcaldías deben asumir la contratación de equipos encuestadores y su desplazamiento, incluidas zonas de difícil acceso.
Un paso adelante
A pesar de las limitaciones, los gobiernos locales no deben quedarse esperando a que los migrantes acudan a sus oficinas para solicitar la caracterización del Sisbén. Hay varias formas para lograrlo.
Una de ellas es vía actualización del sistema. Migración Colombia puede remitir a las alcaldías la información de beneficiarios del PPT que sean potenciales beneficiarios de los programas sociales del Estado. Esta integración de datos permitiría hacer búsquedas activas de venezolanos, lo cual acercaría al migrante a la oferta institucional y, de paso, sumaría en el propósito de satisfacer sus necesidades de integración. También le ayudaría a los municipios, porque les otorgaría recursos para atender adecuadamente a esta población.
Otra opción para la inclusión de personas de origen venezolano es hacer pedagogía. Una vez tengan en la mano su PPT, se les debería indicar el procedimiento para solicitar la caracterización de su hogar en el Sisbén. Esto ya se hace en algunos municipios de acogida, pero podría fortalecerse realizando búsquedas activas de potenciales beneficiarios, difundiendo información y robusteciendo las capacidades institucionales para aplicar la encuesta del Sisbén.
En el caso de las alcaldías, es importante que mantengan actualizada la base de datos de potenciales beneficiarios debido a que muchos de los rubros presupuestales que el Sistema General de Participaciones (SGP) gira a los municipios, se ajustan de acuerdo con las actualizaciones del Sisbén. Incluso, el SGP tiene previsto que un porcentaje del rubro de “propósito general” sea distribuido entre las entidades territoriales que mantengan actualizado el sistema de beneficiarios, lo que se traduce en más recursos para atender a los más vulnerables.
En las políticas públicas lo que no se mide no existe. Por eso, para el caso de los migrantes venezolanos, además del PPT o de cualquier otro instrumento de regularización en Colombia, se requiere de su registro en el Sisbén como segundo paso para que el Estado pueda identificar sus necesidades, destinar presupuesto a los entes territoriales competentes y proveer las condiciones necesarias para garantizar una focalización efectiva en los programas de asistencia social.
Claro, también se requiere del compromiso de los municipios, de la concurrencia de la cooperación internacional y del liderazgo de la sociedad civil para identificar beneficiarios y promover su inclusión. Si las personas migrantes no acceden a los beneficios del Estado, entonces la regularización no tendría sentido.