Son muchos los aprendizajes que ha dejado la apuesta de Paz Total en los dos años de gobierno del Presidente Petro. El entusiasmo con el que se planteó esta política y el maximalismo de sus objetivos, contrastan con sus desarrollos más bien erráticos y sus logros distantes de las ambiciosas metas que se propusieron al principio. Hoy reina la incertidumbre y se ha minado la confianza de los colombianos en la vía negociada para alcanzar la paz, como lo demuestran sistemáticamente las encuestas.
Con la convicción de que negociar con grupos armados ilegales seguirá siendo una vía central en el camino hacia la pacificación del país, resalto las siguientes cinco lecciones que se desprenden de la evolución de la Paz Total.
1. Sin una arquitectura institucional que dé orden y soporte, la Paz Total queda coja
La duda sobre las competencias humanas, técnicas y operativas de la oficina del comisionado de paz para ordenar y gestionar múltiples procesos en simultáneo ha estado presente desde el principio y sigue sin resolverse.
Alimentan esta duda, por ejemplo, la poca conexión entre las distintas mesas en curso (con diversos formatos, delegaciones, tiempos y territorios), los incidentes que muestran descoordinación en el campo de la seguridad y la falta de claridad, a estas alturas, sobre un aspecto tan neurálgico como la ruta jurídica de las mesas. Además, no es evidente que haya la capacidad de gestión ante distintas entidades, indispensable para cumplir rápidamente con todos los compromisos de trasformación territorial que se han adquirido, como en Nariño con la disidencia del ELN y al menos otros cuatro con el EMC (disidencia de las extintas FARC). Esto pone en entredicho la idea de que lo acordado se va implementando, una de las premisas centrales de la Paz Total.
2. Arrancar con el cese al fuego enreda la negociación
Esta era una lección aprendida de procesos anteriores en Colombia, pero en medio del gran optimismo por la Paz Total, el Gobierno concedió ceses al fuego a todos los grupos empezando el 2023. Esto representa una enorme concesión de entrada, además de darles espacio para que profundicen y expandan su influencia territorial como lo hemos visto. El hecho de que haya protocolos de funcionamiento distintos para las dos mesas que mayores avances han tenido, la del ELN y la del EMC, hace más difícil la tarea de la Fuerza Pública en el terreno. Por otra parte, en el caso de la mesa con el ELN, casi todos los ciclos de negociación se han ensombrecido con las mutuas recriminaciones por supuestas violaciones al cese, lo que ha frenado el avance en la agenda sustancial.
No es de extrañar que en el proceso que acaba de arrancar con la Segunda Marquetalia (otra disidencia de las FARC) el Gobierno haya optado por el “desescalamiento”, fórmula que se utilizó en el proceso que llevó al Acuerdo de Paz de 2016 con las FARC, según la cual se van acordando medidas para bajarle la intensidad a la confrontación hasta llegar al cese definitivo a partir del progreso en la negociación.
3. Afianzar el camino con fases exploratorias antes de abrir los micrófonos
Estas fases discretas son claves para tener unos mínimos de partida, como verificar la voluntad del grupo armado, tener mejor conocimiento sobre con quién se dialoga y establecer posibles temas de conversación y líneas rojas básicas. Situaciones como el reciente desencuentro entre el Gobierno y el Clan del Golfo sobre qué tipo de proceso se llevará a cabo –si sometimiento a la justicia para el primero o diálogo de paz para el segundo– le restan de entrada credibilidad a la mesa.
En el caso del EMC, se habría podido plantear desde un inicio un proceso más acorde con la realidad interna de este grupo de haberse valorado en una fase de exploración su capacidad de mando. Esto habría evitado avanzar en un proceso sin mayor futuro, así como la perplejidad que ha generado la abrupta ruptura de esta disidencia en dos bandos, uno –el más débil– que se queda en la mesa y otro que se va a la guerra.
4. Sin marco jurídico claro no hay acuerdos posibles
La falta de claridad sobre las condiciones jurídicas bajo las cuales los integrantes de los grupos dejarían las armas, harían tránsito a la vida civil y le responderían a la sociedad y, en particular, a las víctimas, es uno de los aspectos que mayor incertidumbre genera sobre el futuro de las mesas.
Aún no se sabe cómo se resolverán los impedimentos legales para quienes han sido firmantes de acuerdos previos con el Estado que afectan a muchos de los líderes e integrantes de las disidencias de las extintas FARC y del Clan del Golfo. Tampoco se conoce una propuesta de sometimiento a la justicia que genere incentivos para que los integrantes de las bandas que están en las tres mesas urbanas (Buenaventura, Medellín y Quibdó) abandonen su actividad criminal. Más aún, seguimos sin saber las condiciones y el horizonte de dejación de las armas del EMC, cuyos líderes insisten en que no abandonarán su lucha hasta que las transformaciones territoriales se hagan realidad.
La paz con justicia es una aspiración central de los colombianos, incluso entre aquellos que más abogan por la vía negociada, según lo muestra la reciente encuesta del PNUD realizada a cerca de 12 mil pobladores de las regiones más afectadas por el conflicto y la violencia. Una estrategia jurídica que dé cuenta de este clamor ciudadano, a la vez que genere incentivos para los armados y atienda las restricciones legales y constitucionales, es esencial para la solidez y credibilidad de los procesos de negociación.
5. Paz y seguridad son dos caras de una misma moneda
Sin duda uno de los asuntos que más ha deslegitimado la apuesta de Paz Total ha sido la creciente sensación de inseguridad alimentada por la violencia generada por las diputas entre estructuras armadas y la profundización de la influencia de éstas en sus zonas de dominio. La falta de conexión entre las mesas y estrategias de seguridad territorial, que además de proteger a la población informen oportunamente a las delegaciones oficiales sobre las condiciones en el terreno y los planes de los grupos, ha sido una constante a lo largo de estos dos años.
La paz no puede avanzar a expensas de pérdidas en materia de seguridad. Un equilibrio y articulación entre estas dos es indispensable para no seguir desgastando la credibilidad en la salida negociada, lo que podría llevarnos a un escenario indeseable de tierra arrasada.