Junto con el Sahara africano, América Latina se encuentra entre las regiones más frágiles y vulnerables frente a los impactos del cambio climático. Nuestros países encaran el deterioro de sus condiciones geográficas, precariedades socioeconómicas, inseguridad alimentaria, desigualdades sociales, infraestructura insuficiente y una alta dependencia de recursos naturales. Haití, Guyana, Bolivia, Honduras y Guatemala están en la primera línea de esta crisis global.
Los eventos climáticos extremos a menudo provocan procesos de movilidad humana dentro de los propios países, pero también traspasan fronteras. Las inundaciones en 2015, por ejemplo, desplazaron a cerca de 171.000 personas en Paraguay, 59.000 en Brasil, 45.000 en Venezuela, 36.000 en Argentina y 24.000 en Uruguay. Estos desplazamientos forzados por el cambio climático no son nuevos, pero no habían recibido la atención necesaria hasta ahora, cuando la magnitud de la crisis se ha vuelto innegable.
Son cuatro los efectos físicos del cambio climático conectados con los desplazamientos masivos internos o externos: el aumento del nivel del mar, el incremento de las temperaturas, los cambios en los ciclos hidrológicos —como el derretimiento de glaciares, inundaciones o sequías— y la creciente frecuencia e intensidad de los ciclones tropicales. Estos fenómenos no solo redefinen el paisaje natural, sino también la vida de millones de personas.
De ahí que la relación entre migración y cambio climático sea cada vez más evidente y dramática. Los flujos migratorios masivos podrían intensificarse a medida que el entorno geográfico se vea alterado. Según el Banco Mundial, para el 2050 más de 200 millones de personas se verían obligadas a convertirse en migrantes internos o desplazados debido a las consecuencias climáticas. Sin embargo, la decisión de migrar y la forma en que los efectos del cambio climático impactan a las comunidades dependen, en gran medida, de la vulnerabilidad y resiliencia de los hogares afectados.
Los retos emergentes
El primer reto al que nos enfrentamos son las mediciones sobre la movilidad humana por el cambio climático: la mayoría se concentran en los desplazamientos internos de los países afectados. Por el contrario, lo que ocurre al cruzar las fronteras, está lleno de lagunas. De ahí la importancia de fomentar la creación de bases de datos estadísticas que capturen los movimientos poblacionales transfronterizos causados por fenómenos meteorológicos extremos o por el deterioro ambiental paulatino. La escasez de datos cuantitativos es uno de los principales vacíos en la comprensión de la migración climática.
El segundo reto tiene que ver con los límites conceptuales del “refugiado, desplazado o migrante ambiental”, un debate que se ha vuelto cada vez más complejo debido a múltiples intereses y opiniones sobre cuáles son los elementos de protección jurídica aplicables. Esta falta de consenso se manifiesta a la hora de definir quién debe asumir la responsabilidad de protección: el Estado de nacionalidad del desplazado en caso de migraciones internas, o el Estado de acogida en migraciones transfronterizas. Actualmente, hay numerosas discusiones sobre la terminología jurídica para describir a los desplazados por motivos ambientales, especialmente a los afectados por el cambio climático.
Esa variedad de definiciones solo aumenta la confusión y refleja la falta de enfoque. Por ejemplo, según el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, los “refugiados ambientales” son las personas forzadas a dejar su hábitat tradicional, ya sea de forma temporal o permanente, debido a un deterioro ambiental —natural o provocado por la actividad humana—.
Por su parte, los “migrantes por motivos ambientales” son aquellos que, debido a cambios ambientales repentinos o graduales en su entorno, que afectan su supervivencia o condiciones de vida, se ven obligados o eligen abandonar su hogar. Y así muchas otras definiciones como “desplazado ambiental” abordan aspectos como la temporalidad, la permanencia y la migración, tanto interna como transfronteriza.
Sí hay consenso sobre las causas ambientales que pueden desencadenar movimientos poblacionales. Estas causas incluyen la contaminación industrial, los accidentes industriales, los riesgos geofísicos, los riesgos biológicos (como, por ejemplo, plagas), y los aspectos relacionados con el cambio ambiental global tanto antropogénico como natural.
El tercer reto son los efectos particularmente severos del cambio climático y la degradación ambiental para las poblaciones históricamente excluidas y discriminadas, como mujeres, niños y niñas, pueblos indígenas, personas con discapacidad y quienes viven en zonas rurales o en situación de pobreza y zonas de conflicto armado.
A pesar de haber contribuido marginalmente a las emisiones de gases de efecto invernadero, que son la principal causa del cambio climático, estas comunidades sufren desproporcionadamente las consecuencias del fenómeno. Su vulnerabilidad se agrava por la falta de recursos y la escasa capacidad de adaptación, por lo que enfrentan mayores desafíos en su vida diaria y su supervivencia que las lleva a migrar buscando mejores condiciones.
Colombia frente a la movilidad climática
El país acumula una experiencia significativa en el manejo de población desplazada por desastres. A finales del 2022, cerca de 41.000 colombianos se vieron afectados temporal o permanentemente por desplazamientos inducidos por desastres como inundaciones, deslizamientos de tierra y otros fenómenos hidrometeorológicos extremos. Municipios en Antioquia, Bolívar, Córdoba y Sucre, especialmente en la región de La Mojana, fueron severamente impactados, con un total de 18.000 personas clasificadas como “desplazadas por desastres”. Entre 2008 y 2022 se registraron 58.539 eventos relacionados con desastres en el país, según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
En el contexto de la movilidad climática, Colombia está expandiendo rápidamente su participación tanto a nivel regional como nacional, buscando un papel de liderazgo en América Latina y el Caribe. Un hito importante en este proceso es la Sentencia T-123 de 2024 de la Corte Constitucional, que reconoció el desplazamiento forzado interno por factores ambientales (incluidos los asociados al cambio climático) y los desastres repentinos, como procesos graduales de deterioro ambiental. Esto marca un avance significativo de la movilidad climática a nivel normativo.
El Proyecto de Ley C299, propuesto en 2022 y debatido en el Congreso en 2023, también arroja un precedente al reconocer el desplazamiento por factores ambientales como un fenómeno complejo de múltiples causas, que debe ser visibilizado dentro del marco normativo de la movilidad climática en Colombia. Este proyecto ya fue aprobado en segundo debate por la Cámara de Representantes y se encuentra a la espera de su trámite legislativo en el Senado. El reto actual es incorporar las lecciones aprendidas en la protección, asistencia y reasentamiento de la población desplazada internamente, para construir una respuesta nacional efectiva ante la movilidad climática.
El gobierno, por su parte, debería definir con claridad las categorías de movilidad climática, junto con los derechos y obligaciones correspondientes. Esto incluye establecer mandatos administrativos y organizativos que deben cumplirse antes, durante y después del desplazamiento de las personas. Una definición precisa permitirá una mejor planificación y gestión de los recursos necesarios para enfrentar este fenómeno.
También se deben adoptar medidas para cuantificar la movilidad climática, identificando las zonas de probable salida y llegada, así como las características de las poblaciones en movimiento. Este enfoque permitirá una mejor previsión y una respuesta más efectiva a las necesidades de las personas desplazadas. La recopilación de datos precisos es crucial para diseñar estrategias de intervención adecuadas.
Finalmente, los gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil que trabajan con migrantes deben aprender de la experiencia reciente. Esto implica analizar y valorar las lecciones de la migración que ha enfrentado el país y aplicar esos aprendizajes a la gestión del cambio climático. Integrar estas lecciones fortalecerá las estrategias de respuesta, resiliencia y adaptación, asegurará que se tengan en cuenta las voces de las comunidades afectadas y promoverá una mayor articulación.
Se espera que la movilidad climática se intensifique en la próxima década y una mayor parte de este desplazamiento ocurrirá a nivel interno. Para enfrentar este desafío, los gobiernos nacionales y locales deberán reconocer el problema en sus documentos de política e incluirlo en las contribuciones y en las estrategias nacionales de adaptación y resiliencia. Solo así Colombia podrá prepararse para manejar los efectos crecientes del cambio climático sobre la movilidad humana.