En poco más de dos semanas, 50.000 desplazados por la escalada de violencia que sufre el Catatumbo se sumaron a la abultada lista de víctimas del conflicto registradas en Colombia. Esta cifra es 60% más alta que la de todo el país en 2024.
Si ponemos el retrovisor solo en este delito, las cifras son doblemente desgarradoras. De los 9.6 millones de víctimas que acumula el país, el 89.5% han sufrido desplazamiento forzado, lo que implica que han tenido que reconstruir sus vidas en un nuevo lugar, a menudo desde cero. Y ante el deterioro de la seguridad, es entendible que hoy muchas víctimas descarten la idea de retornar. La última Encuesta Nacional de Verificación, que se publicó en el 2024, reveló que el 74.9% de los desplazados desean permanecer en el lugar donde viven.
De cara a lo que afronta el país con la agudización de la violencia, la agenda de inclusión se vuelve crucial. La pobreza y el desplazamiento están íntimamente ligados. Cuando las víctimas tienen que volver a empezar en un nuevo entorno, deberían contar con las condiciones necesarias para desarrollar sus proyectos de vida. De lo contrario, el desplazamiento no solo incrementa la pobreza, sino que también hace más difícil superarla, creando círculos viciosos de desigualdad que tienen pocas probabilidades de romperse.
Las cifras más recientes muestran de manera contundente esta realidad. La tasa nacional de pobreza monetaria se ubicó en el 33% en 2023 y allí se encuentran el 76,1% de las víctimas de desplazamiento. La situación empeora para aquellos que viven en condiciones más precarias: la pobreza extrema afecta al 11% de la población en áreas urbanas y al 23,3% en zonas rurales, pero en los hogares desplazados esta cifra asciende al 40%. Las mujeres víctimas enfrentan desafíos aún mayores: un 44% de hogares encabezados por mujeres viven en la pobreza extrema, en comparación con el 33% de los hogares encabezados por hombres.
Además de las desventajas económicas, la estigmatización también juega en contra de la inclusión de las víctimas en los lugares de acogida. Pensemos lo que puede ocurrir con los desplazados de Catatumbo, tildados por el ELN de cooperar o trabajar con las disidencias de las FARC.
De cara a lo que afronta el país con la agudización de la violencia, la agenda de inclusión se vuelve crucial. La pobreza y el desplazamiento están íntimamente ligados"
Según una medición liderada por la Fundación Ideas para la Paz (FIP) y la Konrad Adenauer sobre cómo el sector empresarial aborda la inclusión económica de poblaciones sensibles como las víctimas, solo el 43% de los encuestados están dispuestos a abrir vacantes exclusivas para esta población y únicamente el 55% las contrataría. Además, el 17,96% de los empresarios que no contratarían a víctimas argumentan falta de confianza, mientras que el 19% cree que son menos productivas que el resto de los trabajadores. Esta desconfianza y estigmatización tienen consecuencias reales en términos de oportunidades y posibilidades de inclusión efectiva.
Esto es especialmente preocupante porque la generación de empleo es una de las políticas más efectivas para reducir la pobreza. Según Roberto Angulo, secretario de inclusión de la Alcaldía de Bogotá, unas de las mejores estrategias para reducir la pobreza son la productividad y el crecimiento económico, por lo que el sector empresarial es un actor clave.
Sin embargo, en la última década se ha visto una disminución en la reducción de pobreza. Esto se debe, en parte, a la debilidad del mercado laboral. Por ello, una pieza del rompecabezas es impulsar los programas de generación de ingresos y empleabilidad para las víctimas. Esta es una manera de asegurar que la productividad económica impulse la generación de ingresos de las poblaciones con mayores índices de pobreza, como los desplazados.
Hoy, la cobertura y eficacia de estos programas para víctimas son bastante limitadas. Según la Encuesta de Verificación, solo el 34% de esta población ha podido acceder a los programas y apenas el 7,4% de los hogares tiene algún miembro que haya participado en ellos durante el último año. De este grupo, tan solo el 17% no se encuentra en condiciones de pobreza.
Se necesitan programas de largo aliento que aseguren igualdad de oportunidades y permitan construir proyectos de vida. Los subsidios pueden ser un apoyo necesario, pero no son lo suficientemente integrales para garantizar una inclusión real de la población víctima. Ante este panorama, las empresas pueden jugar un papel relevante, lo que a su vez impulsaría el desarrollo social y económico del país en su conjunto.
Tampoco se puede dejar de lado que para reducir la pobreza de las víctimas desplazadas se requiere transformar las condiciones de sus entornos. Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), producto del Acuerdo de Paz del 2016, que agrupan las zonas más afectadas por el conflicto y donde residen muchas de las víctimas, buscan abordar justamente la falta de presencia o capacidades del Estado, la pobreza multidimensional y la influencia de economías ilícitas. En otras palabras, desmantelar los incentivos del conflicto.
El sector público, la sociedad civil y el sector empresarial deben actuar de manera conjunta para crear un entorno favorable, abrir oportunidades y proporcionar herramientas que fortalezcan la autonomía de las víctimas para construir sus proyectos de vida y superar las afectaciones del conflicto armado que en estos días nos ha recordado, de manera dramática, la crisis del Catatumbo.