Nueve meses después del anuncio de una mesa de conversaciones para el sometimiento del Clan del Golfo, poco se sabe sobre su avance. Hasta ahora, el gobierno ha sido cauteloso, calificando esta etapa como una fase de construcción de confianza. Ha habido acercamientos y la última reunión pública ocurrió hace dos meses. Sin embargo, tras ese encuentro, las tensiones salieron a la luz.
El Clan denunció una operación policial contra su máximo comandante, alias “Chiquito Malo”, y luego rechazó otra en la que fue abatido alias “Terror”, asegurando haber perdido “toda la confianza”. A esto se suman fracturas dentro de la delegación del Gobierno y amenazas contra su coordinador, Álvaro Jiménez, lo que pone en duda la viabilidad del proceso.
Como otros grupos en diálogos con el gobierno Petro, el Clan del Golfo también se sigue expandiendo. Ha ajustado su estrategia, intensificado el reclutamiento, fortalecido su control social e incorporado exmiembros de las FARC, el ELN y militares retirados como instructores, comandantes e integrantes de fuerzas de choque, aprovechando su experiencia criminal. Además, ha reforzado su red de corrupción dentro de la Fuerza Pública para evitar operativos, comprar información y detectar informantes.
En los últimos años, consolidó su control en el sur de Bolívar, desplazando al ELN y las disidencias, y desde ahí busca avanzar hacia el Catatumbo, ingresando por el sur del Cesar, el páramo de Santurbán, Pamplona y el área metropolitana de Cúcuta. En menos de dos años, entró al Magdalena Medio aliándose con el Clan Isaza y creó un nuevo bloque, antes liderado por alias “Terror” y ahora comandado por “Botalón” y “Pájaro”, dos exparamilitares con amplio conocimiento de la región.
Garrote y zanahoria: una estrategia ideologizada
Cuando Gustavo Petro asumió la presidencia en agosto de 2022, el Clan del Golfo declaró un cese unilateral de acciones contra la Fuerza Pública. Luego, el 31 de diciembre, el gobierno sorprendió al país al anunciar varios ceses al fuego bilaterales, incluido uno con el Clan, que posteriormente suspendió debido a su participación en el paro minero de 2023.
Desde entonces, el gobierno ha endurecido su estrategia contra este grupo, al definirlo erróneamente como “paramilitar” y reforzar operaciones especiales, inteligencia militar y policial, así como el uso de bombardeos.
El primer bombardeo ocurrió el 4 de diciembre de 2024, entre Anorí y Cáceres (Antioquia), contra el frente Yeison Leudo Chaverra, sin dejar bajas. El segundo fue el 14 de febrero de 2025, en el Medio San Juan (Chocó), contra el frente Carreteras o Jhon Freddy Orejuela, con incautación de material. El más reciente, el 23 de marzo en Segovia (Antioquia), dirigido al frente Manuel Alexander Ariza y la columna móvil Jairo Julio de Hoyos, dejó nueve muertos y un capturado. Llama la atención que este último fue coordinado desde Bogotá y ha sido el único con resultados significativos en términos de bajas.
Si bien estas acciones son legítimas, reflejan un enfoque ideológico en la estrategia del gobierno contra el Clan del Golfo. Al calificarlos de “paramilitares” y vincularlos con “poderes económicos y políticos” o “fuerzas oscuras”, se remiten a las denuncias que Petro, como senador, hizo contra el paramilitarismo hace 20 años. Además, se les aplica una estrategia de garrote y zanahoria que no se ha empleado con otros grupos en negociación.
Este enfoque ha permitido golpes clave contra el Clan, con la muerte de mandos como “Tripa Seca” en el Urabá antioqueño, “Pirata” en el sur de Córdoba, “Camilo” comandante en Meta, Casanare y Vichada, “Zeus”, “Terror” en el Magdalena Medio y, más recientemente, “Hitler” y “Neymar” en un bombardeo.
La desconfianza de algunos mandos
El Clan del Golfo es hoy el grupo armado más grande de Colombia, con seis bloques, 36 frentes y 7.551 integrantes, operando en 15 departamentos y 278 municipios. Representa el 34% de los grupos armados del país, que en total suman 22.000 combatientes y redes de milicia, según la Fuerza Pública. La Fundación Ideas para la Paz (FIP) advierte que, desde 2018, su capacidad armada ha crecido más de un 100%, una expansión que ni el gobierno de Duque ni el de Petro han logrado frenar.
Dentro del Clan del Golfo, algunos mandos desconfían del diálogo con el Gobierno. Prefieren continuar con su expansión y apuestan a que, si no es esta administración, un futuro gobierno terminará negociando con ellos. Mientras tanto, el Estado Mayor Conjunto, aunque participa en la mesa de diálogo, mantiene sus reservas, pero es consciente de que el gobierno Petro, ante la crisis en otros procesos de paz, necesita mostrar avances y resultados.
A favor del Gobierno está el respaldo total de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y la dirección del proceso en manos de un hombre de confianza de Otty Patiño y del presidente Petro. Sin embargo, sigue siendo incierto si la actual delegación liderará las siguientes fases y si existe una estrategia clara para pasar de la construcción de confianza a acuerdos concretos que puedan trascender a un futuro gobierno.
Un horizonte real y posible
Negociar con el crimen organizado es un desafío complejo que requiere una reflexión profunda. Por ello, es fundamental preguntarse cuál es el verdadero enfoque del Gobierno en el proceso con el Clan del Golfo.
El gobierno apuesta por su sometimiento, pero debe definir si avanzará hacia acuerdos concretos o si es más realista centrarse en una fase exploratoria que aclare cuatro aspectos clave: qué es negociable, la voluntad real de ambas partes, las expectativas y metas alcanzables (fin del grupo armado, desmantelamiento, menor reciclaje criminal, sometimiento gradual, transformaciones territoriales, entre otros) y la metodología a seguir, incluyendo la posibilidad de un acompañamiento internacional.
Este último punto es crucial. Como ha señalado la FIP, en la negociación con las AUC, la comunidad internacional —con excepción de la MAPP-OEA— se mantuvo al margen y rechazó el proceso, lo que dificultó aún más el desmantelamiento de la maquinaria de violencia en la que se habían convertido los paramilitares.
Es necesario conformar un equipo negociador alineado con una estrategia definida, que incorpore las lecciones de procesos anteriores y trace un plan realista para establecer términos, secuencias y capacidades que permitan al próximo gobierno, en 2026, dar continuidad a lo avanzado. Pretender más sería poco realista.