Cifras recientes de la ANDI revelan un fuerte respaldo del empresariado a causas sociales: cerca de 6 billones de pesos destinados a inversión social en 2023, el mayor valor registrado hasta la fecha. Una gran noticia, sin duda, pero hay que ir más allá del monto y preguntarse: ¿A qué regiones está llegando ese esfuerzo? ¿Está logrando verdaderamente cambiar las condiciones donde más se necesita?
Hace casi una década, los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) identificaron 16 subregiones prioritarias para la construcción de paz mediante intervenciones focalizadas y continuas. Tras la firma del Acuerdo de Paz en 2016, hubo un momento de esperanza: estas zonas experimentaron avances importantes —incluido un leve aumento del aporte privado—, pero ese impulso pronto se debilitó.
Hoy, la retirada de USAID y los recortes de otros cooperantes internacionales que durante años concentraron su ayuda en estos territorios, deja proyectos truncados y un vacío institucional en lugares donde las capacidades locales son frágiles y el Estado no llega con fuerza. Estamos dejando perder para Colombia zonas donde las comunidades dependen de economías ilegales y los grupos armados imponen su ley.
Pero esta no es únicamente una crisis de cooperación internacional. Incluso con apoyo externo, no se lograron los cambios estructurales que se esperaban. El desarrollo de estas regiones requiere de visión y compromiso empresarial a gran escala, que articule cadenas de valor, fortalezca los ecosistemas productivos locales y genere empleo formal y sostenible. Paralelamente, urge empoderar a las autoridades territoriales y superar un modelo centralista que ahoga la toma de decisiones y limita el uso eficiente de los recursos en las regiones.
Tenemos que dejar de ver estos territorios como un lastre. Son parte esencial de la nación: allí está nuestra despensa alimentaria, las grandes riquezas naturales, ambientales y culturales del país. Mirarlos únicamente desde el lente de la seguridad ha limitado su potencial. Es hora de reconocerlas como zonas con capacidades económicas, sociales y humanas que pueden ser motor de desarrollo si se les apuesta con visión de largo plazo. Invertir en su transformación, además de construir paz, asegura el camino para arrebatárselas a las economías criminales.
El verdadero desafío no está solo en incrementar la inversión social empresarial, lo cual sin duda hay que celebrar, sino en dirigir les esfuerzos del sector con mayor intención y profundidad hacia los lugares donde puede generar impactos estructurales. Porque el país no se transforma con acciones dispersas ni con proyectos piloto o simbólicos, sino con enfoque territorial, escala y corresponsabilidad entre todos los actores.