En Colombia el secuestro nunca se fue del todo. Lo que ocurre este año lo confirma y obliga a mirar de frente un problema que vuelve a crecer. Entre enero y julio de 2025, la Policía Nacional registró 256 casos, un aumento del 57,1% frente al mismo periodo de 2024, cuando hubo 160. Este repunte rompe la breve disminución que se registró entre 2023 y 2024, cuando los casos pasaron de 338 a 313, y se suma a la tendencia al alza que se mantuvo entre 2021 y 2023.
Desde hace dos años, más de la mitad de los casos se concentran en cuatro departamentos: Antioquia, la mayoría en Medellín (14%), Cauca (14%), Norte de Santander (13%) y Valle del Cauca (10%). Lo preocupante es que el fenómeno no es exclusivo de las zonas rurales o de las más afectadas por la violencia: las grandes ciudades concentran hoy el 16% de los secuestros. Bogotá con el 6% de los casos, Medellín con el 5% y Cali con el 5% son los principales focos. El secuestro urbano, que mezcla dinámicas de bandas locales, crimen organizado y economías ilegales, es uno de los mayores desafíos para las autoridades.
Las grandes ciudades concentran
16 %
Pero este repunte no es un regreso del secuestro como lo conocimos en los noventa, sino una mutación. Antes, guerrillas como las FARC retenían personas durante años para presionar políticamente. Hoy los responsables son diversos y tienen distintas motivaciones, el secuestro es más rápido o exprés y está ligado a la extorsión, por lo que el pago define la duración del cautiverio: pueden ser días o semanas.
Los grupos armados organizados recurren al secuestro con distintos propósitos: como herramienta política, para obtener recursos o para marcar control sobre un territorio. En zonas de enfrentamiento con el Estado, retener a militares o policías se convierte en un mensaje de poder y desafío, mientras que en otros contextos funciona como una fuente de financiación para sostener su aparato armado.
Las bandas criminales y delincuenciales, en cambio, lo usan casi exclusivamente con fines económicos. En los últimos años, además, ha surgido una nueva modalidad: la tercerización del delito, en la que un grupo contrata a otro para ejecutar el secuestro, como sucedió con Manuel Díaz, padre del futbolista Luis Díaz, y con Lyan Hortúa, el niño de 12 años en Jamundí.
Secuestros en Colombia en la úlitma década
En este contexto, la modalidad extorsiva terminó por imponerse. Desde 2023 concentra cerca del 70% de los casos, y para julio de 2025 ya alcanzaba el 76%. Se trata de una de las grandes mutaciones del secuestro, que ni siquiera en los años más duros, entre 1999 y 2003, superaba el 60%.
Que hoy las retenciones sean cortas también contrasta con la época en que las FARC protagonizaron eventos como el de Ingrid Betancourt, que se prolongó por seis años y cuatro meses. La desmovilización de esa guerrilla redujo drásticamente el secuestro político prolongado, pero abrió espacio a nuevos actores, que están más fragmentados, tienen dinámicas propias y se especializan en operaciones exprés.
A la porción de secuestros que no son extorsivos se suman retenciones políticas o ideológicas, retenciones entre grupos delictivos para cobrar deudas, secuestros por represalia y casos con fines de trata de personas o explotación. Cada tipo tiene una lógica distinta, pero todos comparten un impacto profundo sobre las víctimas, sus familias y las comunidades, que va más allá del daño económico.
Eso sí no ha cambiado a pesar de las mutaciones de este delito. Las personas secuestradas, ayer y hoy, sufren traumas físicos y psicológicos que se prolongan a lo largo de su vida. Las familias cargan con la angustia de la incertidumbre y, en muchos casos, con el deterioro económico derivado de la extorsión. En zonas rurales, un secuestro puede paralizar la vida comunitaria, provocar desplazamientos forzados y erosionar la confianza en las autoridades.
Inteligencia de calidad y denuncia
Para enfrentar los nuevos desafíos del secuestro, el Estado ha combinado operativos de rescate, investigaciones y medidas preventivas, pero las cifras muestran que estos esfuerzos no han logrado contener el repunte. La dificultad es mayor porque los responsables ya no son estructuras monolíticas fáciles de ubicar y golpear, sino redes fragmentadas que se mueven con rapidez y, en muchos casos, subcontratan sus operaciones.
Esto exige un trabajo de inteligencia más sofisticado y coordinado. La lucha contra el secuestro requiere información de calidad y coordinación interinstitucional. Hoy tenemos esfuerzos dispersos y eso le está dando ventaja a los delincuentes.
La inteligencia y la denuncia son claves. Sin información oportuna, las autoridades difícilmente pueden anticipar un secuestro. Y si hay desconfianza y miedo a represalias, las víctimas o testigos seguirán sin acudir a las instituciones. Se necesitan canales seguros y eficaces de denuncia, que garanticen la confidencialidad y la protección de quienes se atreven a reportar un caso.
La historia muestra que, una vez que el secuestro se consolida como parte de la economía criminal, erradicarlo requiere años de esfuerzo sostenido.
Combatir el secuestro en su forma actual implica reconocer que se trata de un delito en transformación. Su expansión en áreas urbanas, la diversificación de actores y modalidades, y la rapidez de las operaciones requieren estrategias adaptadas a cada contexto. Allí donde hay presencia de grupos armados el enfoque debe ser preventivo y de control territorial. En zonas bajo influencia de actores que dialogan con el Gobierno Nacional, el énfasis debe estar en el monitoreo y la verificación de acuerdos, para evitar que este fenómeno pase desapercibido.
Los 256 secuestros entre enero y julio de este año son una alerta que no se puede ignorar. Y aunque estamos muy lejos de los 3.500 secuestros que el país registró hace 25 años, su aumento nos recuerda que este delito tiene la capacidad alarmante de adaptarse y resurgir. La historia muestra que, una vez que el secuestro se consolida como parte de la economía criminal, erradicarlo requiere años de esfuerzo sostenido.
Los GAULA, unidades especializadas en prevenir, investigar y combatir el secuestro y la extorsión, enfrentan hoy el desafío de adaptarse al nuevo contexto. Su efectividad es limitada por la falta de cobertura en zonas críticas, la sobrecarga de denuncias vinculadas a la extorsión y la creciente necesidad de fortalecer capacidades en ciberseguridad. El gran reto es avanzar hacia una adaptación doctrinal que vaya más allá del enfoque en rescates y operaciones militares para integrar estrategias de prevención, inteligencia financiera y una atención más sólida a las víctimas.
Hoy, Colombia se enfrenta a la posibilidad de que el fantasma del secuestro planee de nuevo sobre campos y ciudades. El reto para el Estado es contenerlo antes de que alcance las dimensiones que marcaron algunos de los capítulos más oscuros de nuestra historia reciente.