Sorprendió a todos el anuncio del presidente Petro en X sobre el regreso de la aspersión aérea para reducir los cultivos de coca si las comunidades continúan agrediendo a la Fuerza Pública. Aparte del desconcierto que genera la contradicción del anuncio con los cambios que prometió este Gobierno en la política de drogas, la realidad es que ni este ni ningún otro gobierno podrá activar la aspersión aérea por cuenta del fallo de la Corte Constitucional en 2017. Así que la única razón por la que el Presidente pudo haber decidido lanzar este tiro al aire es el riesgo inminente de la descertificación de Estados Unidos.
Este año se cumplen 10 años de la suspensión del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Aérea con Glifosato (PECIG), creado por el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) en 1992 y detenido en 2015 después de que la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer de la OMS clasificó el glifosato como “probablemente cancerígeno para los humanos”.
El programa ya enfrentaba varias demandas y tutelas por las quejas sobre efectos negativos del glifosato en cultivos lícitos, el medio ambiente y la salud, que derivaron en fallos de la Corte Constitucional para reparar estos daños. En 2017, la Sentencia T-236 de 2017 fue más allá y suspendió la aspersión aérea hasta que existan procedimientos institucionales robustos para mitigar los riesgos y “evidencia objetiva y concluyente que demuestre ausencia de daño para la salud y el medio ambiente”.
Es imposible demostrar que el glifosato no genera daños. Aún más difícil es probar que la forma en que se rocía desde aviones para erradicar cultivos ilícitos en Colombia carece de riesgos, cuando no existen evaluaciones ni evidencia sobre este programa específicamente. Así que cumplir con los requisitos que impuso la Corte Constitucional al Estado para reanudar la aspersión aérea no es una tarea fácil.
Quizá un reto aún mayor que intentar cumplir con este fallo es que las organizaciones de la sociedad civil están preparadas y enfiladas para responder con un mar de tutelas que, sin duda, bloquearán cualquier esfuerzo por reanudar la aspersión aérea. Solo hay que ver la experiencia del Gobierno anterior.
Durante casi toda su administración, el presidente Duque intentó volver al uso del glifosato. Inició con la solicitud de una audiencia pública ante la Corte Constitucional y puso a trabajar a todas las entidades relacionadas con este asunto en la normativa, el diseño del engranaje institucional y la generación de evidencia científica, según los requerimientos de la Corte. Aunque la pandemia puso cascaritas al proceso, la realidad es que, al final, varias tutelas terminaron impidiendo que el Gobierno avanzara para lograr la reanudación.
Por eso es difícil entender por qué el presidente Petro, cuando ya no cuenta con el tiempo para iniciar un proceso de este calibre, amenaza con utilizar la aspersión aérea para reducir la conflictividad que hoy se vive en muchos territorios. La única razón posible, como lo indiqué al inicio, es que en menos de una semana se conocerá si Estados Unidos certifica o descertifica a Colombia por su lucha antinarcóticos.
Teniendo en cuenta el estilo del presidente Trump, se podría pensar que no es mala idea publicar mensajes por redes días antes de que tome esta decisión. Se sabe que la certificación es una decisión que, aunque se sustenta en la cantidad de cultivos de uso ilícito que hay en el país y en los esfuerzos del Gobierno en materia de drogas (erradicación, extradiciones, capturas, incautaciones y destrucción de laboratorios), al final, es una decisión política. Y con Trump será también una decisión caprichosa. No sabemos qué otros criterios tendrá en cuenta.
Lo cierto es que la descertificación nos puede traer problemas sobre todo si esta decisión va de la mano de sanciones que afecten la cooperación de Estados Unidos o el acceso a ayudas financieras multilaterales. Después de la salida de USAID y sus efectos sociales en el país, aún nos queda la cooperación en seguridad y lucha contra el narcotráfico, y de la relación bilateral dependen las inversiones extranjeras de Estados Unidos y de otros países. Aunque no nos guste aceptar esa dependencia, la realidad es que nuestra economía y capacidad para reducir, no solo el narcotráfico, sino la presencia y control territorial de los grupos criminales, dependen en gran medida de Estados Unidos.
Una vez sepamos la decisión sobre la descertificación, volveremos a nuestra realidad, que es la tragedia de no tener una estrategia integral para reducir los cultivos de uso ilícito. Ojalá que este susto alerte a los candidatos presidenciales sobre la urgencia de empezar a pensar cuál será su fórmula para mejorar la situación de los colombianos que están en medio del fuego cruzado, del control de criminales y que dependen de la economía de los cultivos de uso ilícito.
Los candidatos no pueden caer en el lugar común de la fumigación. Aunque logramos reducir los cultivos de coca después de fumigar casi dos millones de hectáreas, la solución de los cultivos de uso ilícito no está ahí y una revisión juiciosa de la historia y la evidencia lo puede demostrar.
La fumigación generó efectos negativos en el ambiente, en la salud y en los derechos humanos, aumentó la conflictividad en los territorios y creó una crisis de legitimidad, que hoy persiste. Pero si estos argumentos no convencen hay que entender que los cultivos de uso iícito no son una cuestión de sumas y restas. Son la tapa de una olla hirviendo que reventó hace rato resultado del fracaso del Estado. Por eso no se resuelven eliminando las plantas de coca. Y, por eso, es que hoy se reporta que tenemos la más alta cifra de cultivos de coca en la historia de Colombia.