La detención de Nicolás Maduro tras el asalto militar de Estados Unidos no solo profundiza la inestabilidad política en Venezuela, sino que agudiza los factores que empujan a miles de personas a cruzar la frontera en busca de mejores condiciones de vida. Colombia, principal país de acogida y tránsito de esa migración, ha aprendido a desplegar sus capacidades para gestionar los flujos migratorios, pero también tiene deudas pendientes que limitan su respuesta ante una crisis humanitaria que no muestra señales de ceder.
Es demasiado pronto para pronosticar cómo evolucionará el proceso de estabilización en Venezuela. Sin embargo, en casi cualquier escenario es probable que se registre un aumento de ingresos irregulares a Colombia motivados por un posible empeoramiento de las condiciones de seguridad, el encarecimiento del costo de vida, desabastecimientos, el deterioro progresivo de la prestación de servicios básicos y, de manera inevitable, una eventual escalada en la persecución política en ese país.
El Gobierno Nacional, desde el Puesto de Mando Unificado (PMU) que estableció en Cúcuta, ha señalado que está preparado y, por ahora, reporta normalidad en entradas y salidas hacia Venezuela. También, con el Plan Frontera, dice estar listo para atender temas de salud, educación y alimentación, así como para prevenir la discriminación y la violencia contra la población potencialmente migrante.
De igual forma, ha dicho que esta coyuntura representa “una oportunidad para fortalecer las lecciones aprendidas de experiencias previas”, algo que es clave para aliviar la presión a la que se verían obligadas a responder las autoridades locales para atender las necesidades humanitarias y de protección de los migrantes. Esta atención requiere afinar las rutas y optimizar los recursos para poder dar abasto ante un escenario incierto y volátil.
El 50% de los venezolanos en Colombia se concentran en las seis principales ciudades del país, donde las autoridades locales han adaptado su diseño institucional para caracterizar y atender a esta población. Gran parte de la atención se ha canalizado a través de los centros Intégrate, una estrategia incubada por la desaparecida Usaid y que hoy es administrada por el Ministerio de la Igualdad de la mano con las alcaldías. Sin embargo, desde finales del año pasado, estos centros han operado de manera limitada en algunas ciudades por dificultades administrativas y falta de recursos.
La reciente creación del viceministerio de las Migraciones, adscrito a la Cancillería, deja entrever nuevos ajustes institucionales, pero su reglamentación aún está en curso, lo que plantea más interrogantes que certezas sobre la respuesta real de Colombia ante un incremento masivo del ingreso de venezolanos al país. A esta incertidumbre se suma el futuro de la Dirección de Migraciones del Ministerio de la Igualdad, recién encargada de coordinar la ejecución de la política migratoria en un contexto marcado por la cercanía de las elecciones presidenciales.
Vale la pena recordar que, en los últimos años, Colombia ha regularizado a más de dos millones de venezolanos a través del Permiso de Protección Temporal y ha implementado medidas complementarias como el Permiso Especial de Permanencia Tutor y la Visa de Visitante Especial. Estos antecedentes son una base importante para la eventual creación de nuevos mecanismos que permitan regularizar a personas que permanecen de manera irregular en el país.
Sin embargo, estos permisos tienen vigencias limitadas y criterios de elegibilidad que resultan difíciles de alcanzar para migrantes venezolanos en situación de vulnerabilidad, por lo que parte del aprendizaje pasa por flexibilizar estos requisitos y reducir las fricciones que hoy existen para pasar de mecanismos temporales al sistema ordinario de visados.
La regularización es la puerta de entrada a la inclusión económica. De ahí la urgencia de diseñar rutas claras que permitan avanzar sin contratiempos, pues está demostrado que los migrantes irregulares generan mayores sobrecostos fiscales al país.
Colombia también está en deuda de actualizar su sistema de refugio y protección internacional. A pesar de que una sentencia de la Corte Constitucional dio un término de seis meses para hacerlo, han pasado cerca de dos años sin soluciones de fondo a un sistema que está colapsado de solicitudes sin resolver.
La eventual llegada masiva de solicitantes de refugio exige pisar el acelerador a esa actualización. El atentado sicarial contra los activistas venezolanos Yendri Velásquez y Luis Peche en el norte de Bogotá, hace menos de tres meses, es un aviso de lo que puede pasar si no se toma en serio esta necesidad.
Así las cosas, el país tiene que redoblar esfuerzos para responder con mayor rapidez y eficacia a las necesidades de protección de quienes emigren de Venezuela. Los aprendizajes acumulados deben traducirse en políticas de regularización de largo plazo, pues solo así será posible garantizar plenamente los derechos.
Al mismo tiempo, los ajustes institucionales que adelanta la Cancillería deben definir con claridad sus competencias y capacidades, y articularse de manera efectiva con el Ministerio de la Igualdad y las autoridades locales, para que la transversalización de un enfoque diferencial en materia migratoria se convierta en una realidad.
Lo que ocurre en el vecino país se inscribe, además, en un contexto internacional distinto al de los primeros años de la crisis migratoria venezolana. Durante la última década, la gestión de la migración en Colombia contó con el respaldo decisivo de la cooperación de Estados Unidos, que aportó recursos financieros, asistencia técnica y capacidad de despliegue territorial. Hoy, ese apoyo es más limitado y está condicionado por la agenda de contención migratoria hacia las fronteras estadounidenses y por la propia inestabilidad política que atraviesa Venezuela.
Frente a esta realidad, Colombia no solo sigue siendo el principal país de acogida, sino también un actor estratégico para los intereses de EE.UU. Esto obliga a replantear la cooperación desde una lógica de corresponsabilidad que combine control, protección e integración de largo plazo. En un contexto de alta volatilidad de las relaciones bilaterales, podría ser un punto de encuentro donde se alineen los intereses estratégicos de ambos países.
En estos días en los que reina la incertidumbre, el reto no es volver a diagnosticar, sino activar con rapidez las herramientas que ya han funcionado: ampliar y flexibilizar la regularización, destrabar el sistema de refugio y protección internacional y asegurar una coordinación clara entre el orden nacional y las autoridades locales. En un contexto de cooperación internacional más limitada, anticiparse será siempre más costoefectivo que reaccionar tarde. Si Colombia no actúa en esta dirección, corremos el riesgo de ser como los estudiantes que se trasnochan estudiando, pero no aplican lo aprendido en el examen.