El debate sobre la precisión del indicador de producción potencial de cocaína, que hace anualmente la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), es oportuno y necesario. Permite que los funcionarios de este gobierno y los que vengan comprendan qué mide el país en materia de drogas, evalúen su utilidad y avancen en la construcción de nuevos indicadores que permitan diseñar y revisar políticas orientadas a reducir los cultivos de uso ilícito.
No es la primera vez que hay tensiones metodológicas entre el gobierno de Colombia y la Unodc y eso no debería sorprender. Toda medición se puede mejorar y toda política pública requiere revisar y ajustar sus indicadores.
Lo que sí resulta inédito —y un error estratégico— es el intento de politizar un debate que es, ante todo, técnico, sacándolo del terreno metodológico para llevarlo a la deslegitimación pública de los datos. Este giro no solo pone en entredicho la credibilidad de la información construida durante décadas de trabajo conjunto, sino que crea confusión y desconfianza en un campo en el que el país necesita certezas mínimas para entender cómo evoluciona este mercado ilegal.
Más datos, más transparencia y más capacidad analítica, no menos, si a lo que se aspira es a construir una política de drogas basada en evidencia y no a crear disputas coyunturales.
¿Qué miden realmente los indicadores de coca y para qué sirven?
Durante más de 25 años, la política de drogas se ha apoyado en dos indicadores clave: el número de hectáreas cultivadas con coca y la producción potencial de cocaína. Estas mediciones han servido para seguir la evolución anual de ambos fenómenos, a nivel nacional y mundial.
Estos dos indicadores anualizados suelen leerse como el balance de las políticas implementadas y, en particular, de las acciones del gobierno. El aumento o reducción de los cultivos de coca se asocia con las estrategias de erradicación, mientras que la producción potencial de cocaína se vincula con las incautaciones de la coca y sus derivados, así como de las sustancias químicas para su transformación en cocaína y la destrucción de laboratorios. En la práctica, la opinión pública termina evaluando la eficacia del gobierno en materia de drogas esencialmente a partir de estas dos mediciones.
Lo anterior ocurre pese a que ninguno de estos dos indicadores refleja el impacto real de las apuestas de cada gobierno. Una campaña intensiva de aspersión aérea o de erradicación manual voluntaria y forzosa pueden reducir los cultivos, aunque esa reducción no siempre sea sostenible en el tiempo. Además, erradicar manualmente mucho o poco produce resultados distintos, sin que exista evidencia suficiente para explicar por qué. Algo similar ocurre con las incautaciones: estas pueden aumentar al mismo ritmo que la producción de cocaína, pero no hay información que permita establecer si su variación tiene que ver con estas o con otras acciones de interdicción.
Así las cosas, la principal utilidad de estos dos indicadores se reduciría a informar al gobierno, a la opinión pública y a la comunidad internacional sobre la tendencia general de la situación de la coca en Colombia. En palabras simples, resultaría costoso para el Estado tener que pagar entre mil y dos mil millones de pesos anuales a la Unodc para obtener información de carácter general, preservar la oportunidad de comparar estos datos y cumplir con compromisos internacionales.
Sin embargo, el debate que propone el presidente parece pasar por alto que el indicador de producción potencial de cocaína se construye recolectando información cualitativa valiosa que sirve para caracterizar la economía de la coca en los territorios, lo que sí podría contribuir a seguir y evaluar las acciones del Estado.
Gracias a este estudio conocemos, por ejemplo, cuántas cosechas puede producir una hectárea de coca, qué semillas se utilizan, cuánta cocaína se obtiene por mata y qué sustancias químicas se emplean en ese proceso. También permite saber cuántas familias se concentran en el cultivo o en la producción de pasta/base de cocaína. Se trata de información comparable en el tiempo, sin la cual el país estaría aún más a ciegas.
El indicador de producción potencial de cocaína se obtiene a partir de una metodología diseñada por la Unodc y avalada por el gobierno de Colombia, que analiza ocho regiones del país —una o varias por año— hasta cubrir todo el territorio nacional en un ciclo de cuatro años.
Para su estimación se tiene en cuenta el total de área cultivada en el año de análisis, el rendimiento de la hoja de coca, la capacidad de extracción de la cocaína y otra información cualitativa de las regiones estudiadas, aunque se hayan medido en años diferentes. Por eso, aunque en el año 2023, el último en el que se publicó información, se analizaron las regiones Pacífico, Meta-Guaviare y Orinoquía, el aumento del 53% se refiere al potencial de producción de cocaína en todo el país, no solo en esas zonas.
Vale la pena aclarar que se trata de un indicador de producción potencial porque no tiene en cuenta factores que pueden afectar los resultados reales, como decisiones de los cultivadores sobre sus siembras, condiciones climáticas, el control de los grupos armados, las dinámicas de compra o situaciones coyunturales en los territorios.
Por ejemplo, entre 2022 y 2023 se registró una fuerte caída en la compra y en los precios de la hoja de coca y de la base/pasta de cocaína. Aunque este fenómeno pudo estar relacionado con la sobreproducción de coca, no existe evidencia que lo confirme. De acuerdo con la Fundación Ideas para la Paz (FIP), en territorios como Putumayo, esta recesión llevó al abandono de algunos cultivos y a la pérdida de al menos una cosecha, lo que debió tener un impacto en la producción de cocaína, que el indicador de la Unodc no capta.
Este indicador tampoco incluye los efectos de la erradicación, de las incautaciones o la destrucción de laboratorios que, en teoría, deberían reducir la producción de cocaína. Incluso si se incorporaran todas estas variables, el resultado seguiría siendo solo una estimación de la cocaína producida en un año. La realidad es que la ilegalidad del negocio impide acceder de manera sistemática a toda la información necesaria para poder caracterizar en detalle este mercado y compararlo en el tiempo.
Más información para decidir mejor, no para negar la realidad
A la luz de estas limitaciones es que la discusión resulta válida y necesaria, siempre que se haga la salvedad de que este indicador no es el resultado de un error metodológico ni una cifra que busca dejar mal parado a este gobierno. El presidente ha dicho que considera que el aumento del 53% en la producción potencial de cocaína es un dato “oscuro” o culpa de “funcionarios colombianos queriendo ganar dinero”. También ha afirmado que la Unodc “ha reconocido el error de sus conclusiones”, sin embargo, según el comunicado publicado por este organismo en octubre del año pasado, lo que reconoce son las limitaciones del indicador y la necesidad de ampliarlo.
Hay que celebrar que el gobierno y la Unodc estén revisando esta metodología para contar con un indicador más útil. Pero también es importante recordar que es responsabilidad del gobierno garantizar que el Estado cuente con indicadores e información que estén al servicio de la política de drogas y que aproveche mejor la información que ya se produce.
Por ejemplo, el dato que hoy se considera oscuro y otros que arroja el informe anual sobre producción y rendimiento por región, podría utilizarse para diseñar acciones de política pública integral orientada a reducir la productividad de los cultivos y, con ello, la producción de drogas.
Desconocer o minimizar los datos de UNODC no fortalece la política de drogas; al contrario, empobrece el debate y debilita la capacidad del Estado para diseñar intervenciones, oportunas y evaluables. El problema no es que existan cifras incómodas, sino que falten herramientas para interpretarlas y usarlas de forma estratégica.
Conviene recordar una premisa básica de cualquier política pública seria: más información, mejores decisiones. La discusión no debería girar entonces en torno a si se descartan o no los datos de la Unodc u otras entidades, sino en cómo el Estado los usa, los complementa y los mejora para responder a un fenómeno ilícito cada vez más complejo y territorializado. Desconocer o minimizar esa información no fortalece la política de drogas; al contrario, empobrece el debate y debilita la capacidad del Estado para diseñar intervenciones, oportunas y evaluables. El problema no es que existan cifras incómodas, sino que falten herramientas para interpretarlas y usarlas de forma estratégica.
Después de 25 años, la política de drogas sigue midiéndose con los mismos datos e indicadores, sin que sea claro para qué sirven las acciones de cada gobierno ni los resultados reales. Mientras tanto, se avanza poco en comprender el mercado ilegal de las drogas a nivel territorial, justo cuando el control de viejos y nuevos grupos armados se reconfigura en unas regiones y se fortalece en otras, presionando a las familias cultivadoras a permanecer sembrado coca y a vincularse cada vez más a su transformación hacia la cocaína.
Ojalá que las alertas planteadas por el presidente Petro no se queden en un pataleo dirigido a obtener el reconocimiento de sus esfuerzos por parte de Estados Unidos, ad-portas de la esperada cita con Donald Trump, y que esta controversia sirva, en cambio, para aprovechar mejor las capacidades actuales que tienen el gobierno y la Unodc para producir la información que el país necesita para mejorar la efectividad de la política de drogas.