En esta reunión, la Fundación Ideas para la Paz (FIP) participó en un panel organizado por la Friedrich Ebert Stiftung (Fescol) sobre el crimen organizado en Latinoamérica. Presentamos la dramática historia de Colombia entre políticas que, como un péndulo, nos han llevado al aumento y la reducción de los cultivos ilícitos y los grupos armados sin resultados que se hayan sostenido en el tiempo.
En medio de la charla, uno de los asistentes preguntó por qué en Colombia no implementamos más o mejores acciones para lograr reducir los cultivos ilícitos. Resultaba difícil dar una respuesta políticamente correcta, porque, aunque podemos tener los argumentos técnicos para explicar por qué las políticas implementadas en el país no han sido efectivas, la respuesta obvia es que mientras el comercio de drogas sea ilegal, los Estados nunca podrán ganarle al crimen organizado. Podrán buscar paliativos para la violencia, ignorar la corrupción, avanzar incluso en procesos de desarrollo, y seguirán gastando millones de dólares sin saber para qué están sirviendo.
Así que uno de nosotros contestó que, aun si el Estado colombiano hiciera todo lo que dicen los tratados ―sin mencionar la debilidad institucional, la corrupción, el clientelismo, la falta de conocimiento de lo que ocurre en los territorios, la presión de Estados Unidos por lograr resultados rápidos, etc.― no podríamos acabar con las drogas. Incluso, como ya se ha visto, cuando se ha logrado reducir los cultivos o la producción, se traslada a otros países, se inventan nuevas drogas (más peligrosas) o se innova en las dinámicas criminales.
Para quienes hemos defendido la necesidad de cambiar la política de drogas, estas reuniones de la Comisión de Estupefacientes terminan generando una profunda desesperanza, al punto de hacernos cuestionar para qué seguimos asistiendo. Tal vez persistimos porque aún sobrevive algo de la ilusión que, en algunas sesiones, despertaron recientes gobiernos de Colombia (los de Santos y Petro), que, por un breve momento, sacudieron la inercia de esta Comisión. Pero esa sensación persiste porque hay una resistencia estructural e ideológica a cuestionarse, a innovar y a reconocer la realidad.
En Colombia, no obstante, han ocurrido algunas transformaciones, aunque hay un gran abismo entre el discurso y los cambios. Los gobiernos que se han atrevido a decir que la guerra contra las drogas fracasó, no avanzan en reformas: se excusan en que el país no las puede hacer de manera unilateral porque, para que funcionen, tienen que convencer a la comunidad internacional. Pero al conocer la inoperancia de la Comisión, eso nunca va a pasar o, por lo menos, muy probablemente esta generación no vivirá para ver cambios en los tratados.
En Colombia, al menos, no se criminaliza a los que cultivan coca, marihuana o amapola ―aunque lo diga el Código Penal― porque se reconoce que la dependencia de las poblaciones rurales de estos cultivos es consecuencia del abandono del Estado y del control de los grupos criminales. En otros países se llega hasta a aplicar la pena de muerte para sancionar el tráfico, aunque sea en pequeñas cantidades.
Frente al consumo, hay que resaltar y celebrar que somos uno de los primeros países en haberlo despenalizado, a pesar de que otros gobiernos hayan intentado reversar esa decisión y la Policía siga gastando recursos en la persecución de usuarios en las calles. En el mundo, a la fecha, solo en alrededor de 40 países existe algún modelo de despenalización del consumo y posesión de drogas.
Durante la última década, en nuestro país se perciben cambios en la concepción del problema de las drogas y se reconoce la necesidad de una reforma estructural, pero a los gobiernos les da miedo actualizar el Estatuto Nacional de Drogas (1986) para que refleje esta evolución, aunque sea posible aprovechando el espacio a interpretación que pueden tener algunas de las obligaciones en los tratados internacionales de drogas.
¿Qué ha pasado durante la administración Petro?
El gobierno Petro comenzó con discursos audaces y muy críticos de la política mundial de drogas. Dijo que innovaría en su política de drogas enfocando la represión solo en los eslabones altos de la cadena, aunque este no es un discurso nuevo. Se destaca que inició la conversación sobre la regulación de los usos lícitos (medicinales, alimenticios, ancestrales, entre otros) de la hoja de coca y permitió la instalación de salas de consumo supervisado en Bogotá y Cali, asuntos que todavía despiertan controversia, pese a que hacen parte de las políticas de otros países desde hace muchos años.
Frente a los cultivos de coca, lo diferente de la administración actual fue la reducción casi a cero de la erradicación manual forzosa para priorizar la sustitución, que a través del programa Renhacemos ha avanzado en siete departamentos. En dos de ellos, con la mediación de los grupos armados en negociaciones en el marco de la paz total, con el objetivo de superar la lógica de “reemplazar una mata por otra” por “la sustitución de economías ilícitas”.
Aunque la experiencia muestra que el compromiso de las familias productoras de la mano del aumento en acceso a bienes públicos y otras condiciones para el desarrollo es la única política que puede garantizar sostenibilidad en el largo plazo, Petro inició este proceso a casi tres años de su gobierno y sin una planeación estratégica. Ha logrado vincular a más de 30.000 familias con un modelo de intervención muy similar al del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (Pnis), que fracasó, y aparte de la sustitución no se sabe cuál es la oferta estatal que le dará sostenibilidad.
Pero para el presidente Petro, según sus alocuciones, la sustitución en su gobierno será un éxito porque al final de su administración se logrará la erradicación de más de 40.000 hectáreas. Así que Petro terminó, como todos los gobiernos anteriores, reduciendo el éxito de su política a una meta de erradicación de hectáreas con coca. Esto implica grandes esfuerzos por parte del gobierno y más aún si se logra a través de acuerdos con familias que no confían en el Estado y que están coaccionados por los grupos armados. Pero, al final, lo que importa no es el número, sino por cuánto tiempo estarán estas tierras sin coca, con menos coca o si regresarán a ese cultivo.
A pesar de esta contradicción, en su discurso en la Comisión de Estupefacientes, Petro calificó su política de sustitución como “una verdadera revolución”. Además, criticó la fumigación aérea, aunque desde el año pasado se ha venido anunciando la decisión de fumigar los cultivos de coca con glifosato usando drones (medida que aún no se ha puesto en marcha).
Esa decisión puede explicarse por la presión tras la descertificación de Estados Unidos en 2025 y por las cifras de hectáreas cultivadas y producción de cocaína, que año a año muestran una tendencia al alza. Sin embargo, eso no justifica la implementación de acciones ineficaces para erradicar la coca o contribuir con la sustitución, como la aspersión con drones. Pruebas en años pasados demostraron que no es una medida efectiva. Y, al contrario, solo incrementa la desconfianza de las comunidades en el Estado, en lo que Petro ya tiene terreno ganado.
Así, esta administración termina sin reformas. Ni siquiera se logró regular la marihuana para fines recreativos, mucho menos abrir la discusión sobre modelos regulatorios para la cocaína, que es lo se esperaba de un gobierno reformista. Con muchas promesas y algunos intentos, repitió la historia de la política de drogas de siempre y con los mismos errores y omisiones ―interdicción, erradicación, sustitución―.
En Colombia se necesita un gobierno que, a pesar de la inercia de las Naciones Unidas, busque reducir los incalculables problemas que nos genera el narcotráfico. Mientras tanto, frente a los cultivos ilícitos, necesitamos una política de drogas que busque, ante todo, la recuperación de los territorios cuyas economías se mueven por estos cultivos, el narcotráfico y otras rentas ilícitas, con graves repercusiones en la forma de vida de sus poblaciones.
Ojalá los candidatos a la Presidencia tengan ya delineada una estrategia que no sea solo para reducir la coca, sino que busque construir Estado con visión de largo plazo. Hasta que eso no ocurra, Colombia seguirá resaltando su altísimo compromiso con los tratados internacionales de drogas, mientras las comunidades que cultivan coca, marihuana o amapola en alrededor de 200 municipios seguirán resolviendo sus necesidades diarias de ingresos, justicia y dignidad con la coca y los grupos armados.