La imputación de cargos contra Alexander Díaz, alias “Calarcá”, por parte de la Fiscalía General de la Nación no puede leerse como un episodio más dentro de la política de paz total. Es, en realidad, una corrección tardía, pero necesaria, frente a un proceso que ha operado sin dirección estratégica clara desde su inicio. A “Calarcá” se le endilgarán los delitos de desaparición forzada, homicidio en persona protegida, concierto para delinquir con fines de desaparición, homicidio y desplazamiento forzado.
Durante más de tres años, desde la Fundación Ideas para la Paz (FIP) y otros centros de pensamiento se advirtió un riesgo que hoy es evidente: flexibilizar las condiciones de negociación sin método, sin líneas rojas, sin establecer límites verificables ni consecuencias creíbles termina generando incentivos perversos. No para la desmovilización o el sometimiento de los grupos ilegales, sino para su expansión y fortalecimiento. Y eso es exactamente lo que ha pasado.
Mientras el gobierno del presidente Gustavo Petro ha insistido en mantener, aunque con algunas amenazas que no se materializan, abierta la mesa con el Estado Mayor de Bloques y Frentes (Embf), en los territorios donde opera se consolida una realidad distinta asociada al crecimiento en número de combatientes, ampliación del control territorial y fortalecimiento de su ecosistema de rentas ilícitas. Según cifras de la propia Fuerza Pública, esta estructura pasó de aproximadamente 1.400 integrantes en 2022 a cerca de 2.900 en 2025. Es decir, en pleno proceso de negociación, duplicó su capacidad armada.
Pero más allá de las cifras, hay hechos que ilustran con claridad el problema. En julio de 2024, una caravana de mandos de estas disidencias, incluido “Calarcá”, su máximo comandante, fue detenida por el Ejército en Antioquia. Transportaban armas, dinero, un menor de edad y dispositivos con información sensible sobre sus operaciones. Sin embargo, todos fueron dejados en libertad debido a la suspensión de órdenes de captura derivada del proceso de negociación.
Meses después, el análisis de esa información, revelado públicamente por una investigación profunda y rigurosa de Noticias Caracol, evidenció algo aún más grave: planes de expansión territorial, continuidad del reclutamiento de menores, órdenes para asesinar líderes sociales y firmantes de paz, vínculos con economías ilegales como el narcotráfico y la minería ilícita, e incluso pruebas de potenciales conexiones con miembros activos al interior de la Fuerza Pública y los organismos de inteligencia. Es decir, no se trata de hipótesis, sino de evidencia contundente. Y, aun así, la negociación continuó prácticamente sin ajustes.
Ese es el punto crítico: cuando negociar no implica costos por incumplir, sino beneficios en términos de reducción de presión operativa y reconocimiento político, el resultado no es la contención del crimen: es su reorganización. Los grupos no dejan de delinquir; ajustan su comportamiento para operar mejor aprovechando, precisamente, la laxitud del gobierno.
En ese contexto, el caso de “Calarcá” no representa simplemente una tensión entre paz y justicia. De fondo, deja al descubierto la ausencia de decisiones estratégicas por parte del Ejecutivo frente a incumplimientos evidentes.
Durante meses, a pesar de la acumulación de información —homicidios, expansión territorial, fortalecimiento de redes criminales— la respuesta del gobierno ha sido sostener la negociación prácticamente en los mismos términos. Sin redefinir condiciones, sin ajustar incentivos, sin introducir sanciones efectivas. La señal ha sido clara y profundamente problemática: es posible negociar y, al mismo tiempo, seguir expandiendo el control criminal sin consecuencia alguna.
Frente a esa inacción, la Fiscalía General de la Nación ha terminado ocupando un rol que no le corresponde en términos de conducción de política, pero que sí es propio de su mandato: hacer cumplir la ley. Aunque de manera muy extemporánea, su decisión de avanzar en la imputación introduce un elemento que había estado ausente: consecuencias.
Ese punto es central, porque en cualquier proceso de paz serio hay un principio mínimo: no todo vale. La suspensión de órdenes de captura tiene un propósito específico —facilitar la negociación—, pero no puede convertirse en un blindaje para la continuidad de actividades criminales, a cualquier costo, por parte de quienes representan a los grupos en la mesa. Cuando eso ocurre, no solo se incumple el proceso, se deslegitima. El problema es que ese límite no lo ha fijado el gobierno. Aún en la recta final de su administración, sigue con una posición laxa y problemática.
Hoy Colombia enfrenta una situación paradójica. Mientras el Ejecutivo insiste en sostener no una negociación sino varias, bajo condiciones cada vez más laxas, es la Fiscalía la que introduce —tarde, pero de manera contundente— un criterio de realidad.
La evidencia comparada es clara: los procesos de negociación que logran desactivar conflictos son aquellos en los que el Estado mantiene la iniciativa. Donde negocia, sí, pero desde una posición de control. Donde existen incentivos para dejar las armas, pero también costos reales por no hacerlo. Ese equilibrio hoy no existe. El balance pareciera estar a favor de las organizaciones criminales, algo inaceptable en un Estado de Derecho.
Bajo esta lógica, la imputación contra “Calarcá” no debería leerse como un obstáculo para la paz, sino como una condición necesaria para su viabilidad. Es un recordatorio de algo básico que se ha ido perdiendo, o más bien, que nunca estuvo presente en el marco de la paz total: la paz no puede construirse sobre la base de la permisividad.
A estas alturas, el problema ya no es de corrección de rumbo. El tiempo político claramente se agotó. Lo que deja este gobierno en materia de paz total no es un proceso en transición, sino un balance que, en la práctica, carece de resultados de fondo: se perdieron cuatro años en una estrategia mal planteada, débilmente implementada y sin cierre claro. En el mejor de los casos, se lograron reducciones temporales de violencia letal en algunos contextos, principalmente urbanos y bajo condiciones muy específicas, pero sin transformar las dinámicas estructurales de la violencia organizada. En lo demás, el saldo es absolutamente preocupante.
Las organizaciones criminales no se desmovilizaron. Por el contrario, se fortalecieron. Aumentaron su número de integrantes, llegando a más de 27.000 integrantes (entre armados y redes de apoyo); expandieron su presencia territorial, llegando a más de 627 municipios con algún tipo de influencia; diversificaron y consolidaron sus rentas ilegales, incorporaron nuevas tecnologías y mantuvieron, e incluso profundizaron, prácticas como el reclutamiento de menores y el control social sobre comunidades. Es decir, mientras el Estado negociaba, los grupos se adaptaban y crecían.
El caso de “Calarcá” no es, entonces, una excepción dentro de la política de paz total. Es su expresión más tangible. Demuestra que, ya sea por ingenuidad en el diseño o por complacencia en la implementación, el modelo terminó generando incentivos que favorecieron a actores armados que nunca dejaron de operar como organizaciones criminales.
En lugar de encaminarse hacia la desmovilización, encontraron en la negociación un espacio funcional para consolidarse, y el caso del jefe disidente del Embf es la evidencia más clara de ese desbalance. Podríamos decir que en el marco de la paz total hubo varios “Calarcá”, con efectos nocivos para la construcción de Estado y el avance de las verdaderas transformaciones territoriales que el país necesita.
Ese es el legado que queda: un escenario deteriorado, marcado casi exclusivamente por el fortalecimiento del crimen organizado. Y será el próximo gobierno el que tendrá que enfrentarlo, con organizaciones más robustas, más sofisticadas y con mayor capacidad de desafiar al Estado en lo local.
La paz no fracasa solo cuando no se firma. Fracasa mucho más cuando, en nombre de ella, se fortalecen las estructuras que se pretendían desmontar sin consecuencia alguna.