Durante cerca de una década, la Fundación Ideas para la Paz (FIP) ha medido la confianza en municipios de varias regiones. De ese trabajo surge un hallazgo que conviene tener presente al leer los resultados del 31 de mayo: cuando se les pregunta qué significa confiar, las personas responden de manera consistente que es contar con la honestidad del otro, sentirse parte de una comunidad y creer en su buena fe. Pero al describir sus relaciones concretas, esas mismas dimensiones —honestidad, pertenencia, buena fe— son las que menos reconocen. Entre lo que entendemos por confianza y lo que efectivamente experimentamos hay una distancia, y esa distancia, proyectada a escala nacional, es buena parte de lo que está en juego en esta elección.
El 31 de mayo votaron cerca de 24 millones de colombianos: la participación más alta y la abstención más baja en una primera vuelta en lo que va del siglo. En un país que durante décadas normalizó el abstencionismo, el dato impresiona. Pero un número alto de votantes no garantiza la calidad del vínculo que une —o separa— a quienes acuden a las urnas.
La pregunta pertinente no es cuántos votaron, sino qué los movilizó. En Colombia, la polarización lleva años funcionando como un factor de peso en esa decisión: una medición reseñada por La Silla Vacía encontró que cerca del 77 % de las personas se identifica con alguno de los polos de la confrontación política y que más de cuatro de cada diez afirman que esa división ya afecta sus relaciones familiares. Lilliana Mason distingue dos formas de polarización que solemos confundir. Una es la polarización por las ideas: el desacuerdo sustantivo sobre el modelo económico, el papel del Estado o reformas concretas. Lejos de ser un problema, es el material mismo de la deliberación democrática. La otra es la polarización social o afectiva, que no se ordena alrededor de las ideas sino de la pertenencia: de la intensidad con que se valora al propio grupo y se rechaza al contrario. Su evidencia es concluyente en un punto incómodo: los ataques percibidos contra la identidad de un grupo provocan reacciones más intensas que los desacuerdos sobre políticas públicas. Cuando esto ocurre, la pertenencia al bando pesa más que el contenido de las decisiones, y la participación puede aumentar al mismo tiempo que se degrada la deliberación.
Mauricio García Villegas aporta a esta lectura una dimensión que resuena en el caso colombiano. Apoyado en Spinoza, sostiene que toda sociedad se mueve entre emociones tristes (el resentimiento, el miedo, la venganza) y emociones amables (la benevolencia, la civilidad, el respeto) y que la cultura política colombiana ha tendido históricamente hacia las primeras. La implicación es precisa para quienes trabajamos en confianza: los desencuentros producen recelo, y los encuentros sostenidos producen disposición a cooperar. La confianza es un resultado de la experiencia, no una declaración de principios.
Conviene entonces decir con claridad qué es la confianza y por qué importa más allá de la retórica electoral. Desde la FIP, en línea con distintas corrientes de pensamiento, la entendemos no como un rasgo del carácter, sino como un comportamiento que se forma (y se transforma) en la interacción. Vista así, la confianza opera como una infraestructura: es lo que permite que personas y sectores que no comparten intereses ni visiones puedan, aun así, cooperar. Donde hay confianza, los acuerdos no necesitan blindarse con garantías costosas, intermediarios ni controles permanentes; donde no la hay, cada intento de cooperación se encarece o sencillamente no ocurre. Por eso la desconfianza no es solo un malestar anímico: tiene un costo económico y democrático concreto, porque vuelve inviable la acción colectiva de la que dependen las transformaciones que el país necesita.
Los datos nacionales muestran que el punto de partida es exigente. Según el Latinobarómetro, América Latina es la región más desconfiada del mundo: la confianza interpersonal rondaba el 15 % en 2024 y, en tres décadas, su nivel más alto no superó el 24 %. En el plano institucional el panorama es igualmente delicado: la confianza en la Presidencia, medida por el Panel de Opinión de Cifras & Conceptos, cayó de 71 puntos sobre 100 en 2015 a 41 en 2025 (su nivel más bajo en más de una década), mientras que el Congreso figura entre las instituciones peor evaluadas: según la Encuesta de Cultura Política del DANE, apenas uno de cada diez colombianos —el 10,7 %— dice confiar mucho en él. Sobre ese suelo se construye hoy la competencia política.
Ahora bien, no toda desconfianza es del mismo tipo, y aquí conviene una distinción que el debate público suele pasar por alto. Existe una desconfianza vigilante, la que exige evidencias, resultados y rendición de cuentas, que es perfectamente sana: es la actitud de una ciudadanía que no se conforma y que obliga a las instituciones a merecer la confianza en lugar de darla por descontada. Frente a actores que han incumplido, esa desconfianza no es una patología que deba corregirse con discursos, sino una respuesta razonable.
Pero existe también una desconfianza corrosiva: la que no pide cuentas, sino que niega al otro su condición de interlocutor; la que da por sentado que el adversario actúa siempre de mala fe y que, por tanto, nada de lo que provenga de él merece ser escuchado. Mientras que la primera fortalece la democracia, la segunda la vacía, porque clausura de antemano cualquier posibilidad de cooperación.
Reconocer esto no equivale a sostener que todo da lo mismo. En toda contienda hay reclamos legítimos en distintos bandos, y es un error confundir el desacuerdo profundo con el agravio. Pero también lo es aplanar la diferencia entre actitudes que suelen presentarse como equivalentes y no lo son.
Negarle a un actor su lugar como interlocutor legítimo (pretender que no tiene asiento en la mesa) es un obstáculo serio para la cooperación. Y, aun así, no es lo mismo que la disposición a tratar al adversario como un enemigo al que hay que eliminar. Ambas actitudes erosionan la confianza, pero solo la segunda traspasa la línea que separa la democracia de su negación.
Señalar esa diferencia no favorece a ningún sector: defiende una regla anterior a cualquier programa, según la cual el desacuerdo es legítimo y la voluntad de aniquilar al otro nunca lo es.
De lo anterior no se sigue el fatalismo, esa idea según la cual la desconfianza sería un rasgo inmodificable del carácter nacional. La evidencia apunta en sentido contrario. En los territorios donde la FIP ha acompañado procesos de relacionamiento entre comunidades, autoridades locales y empresas, más de la mitad de los participantes mejoró su nivel de confianza intersectorial en menos de tres años. Si la confianza es un comportamiento, puede aprenderse. Y se aprende de una manera específica: no en el momento del diálogo, sino en el cumplimiento de los compromisos que el diálogo hace posibles, por modestos que sean. Es en la acción colectiva concreta entre actores que desconfían entre sí —una obra que se entrega, un acuerdo que se honra— donde la percepción del otro empieza a moverse. La confianza se construye de manera incremental y verificable, más cerca del territorio que de la tarima.
La primera vuelta de la elección presidencial el pasado 31 de mayo, y las votaciones definitivas que vienen el 21 de junio, plantean una pregunta que ningún boletín electoral puede responder: si seremos capaces de sostener desacuerdos profundos sobre las ideas sin convertir al que piensa distinto en un enemigo que hay que derrotar a cualquier costo. Reconocer la legitimidad del otro no obliga a darle la razón, sino, apenas, a admitir que tiene derecho a estar. Esa es la base sobre la cual una sociedad dividida puede, pese a todo, cooperar. La confianza no se vota: se construye y se demuestra. Y esa tarea, menos vistosa que una jornada electoral, pero más decisiva, empieza el día después de cualquier resultado.