Después de la segunda vuelta presidencial, el llamado voto fusil ocupó un lugar central en el debate público. Diversas voces atribuyeron los resultados electorales en algunas regiones a un supuesto constreñimiento ejercido por organizaciones armadas ilegales.
Sin embargo, la mayoría de estas afirmaciones partieron de percepciones o de análisis realizados a escala municipal, una unidad territorial que pocas veces coincide con la forma como realmente opera el conflicto armado.
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Para aportar evidencia a esta discusión, este análisis busca comprender este fenómeno con mayor profundidad. Más que confirmar o negar la existencia del llamado “voto fusil”, su propósito es entender su dimensión, identificar dónde podría estar ocurriendo y establecer si realmente tiene la capacidad de modificar de manera significativa los resultados de una elección presidencial.
La violencia no se entiende por municipios
Para comprender el voto hay que entender primero los territorios. El análisis parte de dos preguntas sencillas. La primera busca establecer si una mayor intensidad del conflicto armado está asociada con menores niveles de participación electoral. La segunda explora si los grupos armados logran modificar las preferencias de los votantes en los territorios donde ejercen algún nivel de control.
Responder estas preguntas exigía cambiar la escala tradicional del análisis. La violencia no se distribuye de manera uniforme dentro de los municipios y los grupos armados tampoco respetan los límites administrativos. Por esa razón, este análisis se realizó a nivel de puesto de votación, permitiendo comparar el comportamiento electoral con la realidad territorial donde efectivamente ocurre el conflicto.
El primer paso consistió en reconocer que la geografía de la violencia organizada actual ha cambiado durante los últimos años. Hoy predominan territorios fragmentados donde los grupos armados mantienen relaciones muy distintas entre sí. En algunos lugares existe un claro dominio, que se manifiesta de distintas maneras, de una organización. En otros, varios grupos compiten activamente por el control territorial. También existen zonas donde diferentes actores mantienen presencia simultánea sin enfrentarse de manera abierta.
A partir del trabajo de campo desarrollado por la Fundación Ideas para la Paz fue posible clasificar estas dinámicas en tres categorías submunicipales. Las zonas de dominio corresponden a territorios donde un grupo ejerce un control relativamente estable. Las zonas de disputa son aquellas donde dos o más organizaciones compiten por el control territorial. Finalmente, las zonas de coexistencia agrupan lugares donde distintos actores mantienen presencia sin confrontación directa. Esta clasificación permite analizar el comportamiento electoral con una precisión mucho mayor que la ofrecida por los límites municipales.
Uno de los primeros resultados del estudio es que el comportamiento electoral presenta una alta estabilidad entre una elección y otra. Los puestos que registraron una alta participación en la primera vuelta de 2022, en términos generales, también mantuvieron niveles elevados en la primera vuelta de 2026. La relación entre ambos procesos alcanza un coeficiente de determinación de 0,89, lo que significa que cerca del 89% de la variación observada puede explicarse por el comportamiento histórico de cada puesto de votación.
Las principales excepciones aparecen en algunas cabeceras urbanas, donde el aumento del número de votantes responde principalmente al crecimiento del censo electoral y a la reorganización de puestos de votación. En la ruralidad dispersa apenas se identifica un caso claramente atípico, asociado principalmente a un efecto estadístico derivado del reducido número inicial de votantes. En términos generales, la estabilidad es la regla y no la excepción.
La violencia no solo cambia el voto, sino que condiciona la participación
Cuando el análisis se concentra en los centros poblados comienzan a aparecer diferencias importantes según el tipo de presencia armada. En comparación con 2022, durante las elecciones de 2026 pertenecer a una zona de dominio o de disputa tuvo una mayor relación con los niveles de participación electoral. En particular, las zonas de disputa presentan un comportamiento bimodal, donde conviven territorios con niveles muy bajos de participación junto con otros donde la movilización electoral resulta más alta.
En la ruralidad dispersa esta heterogeneidad es todavía más evidente. La abstención alcanza niveles superiores y las zonas de dominio y de disputa vuelven a mostrar distribuciones bimodales. En algunos territorios la confrontación parece limitar el ejercicio del derecho al voto mediante confinamientos, restricciones a la movilidad o desplazamientos. En otros aparecen niveles de participación superiores al promedio. La violencia, por sí sola, no produce un único comportamiento electoral.
Para aislar el efecto de la presencia armada se estimó un modelo de regresión que compara el comportamiento de los mismos puestos de votación entre 2022 y 2026, controlando además por condiciones de accesibilidad. Los resultados muestran que los puestos que pasaron de no tener presencia armada a ubicarse en zonas de dominio redujeron su participación en promedio 3,72 puntos porcentuales. Aquellos que pasaron a zonas de disputa registraron una disminución de 3,99 puntos porcentuales.
Este resultado aporta un matiz importante al debate sobre el voto fusil. La presencia de actores armados sí afecta la democracia, pero su principal efecto promedio parece manifestarse en una menor participación electoral y no en un aumento generalizado de votos para un candidato específico.
No obstante, el estudio también identifica comportamientos claramente atípicos. Al comparar el cambio en la participación entre la primera y la segunda vuelta presidencial, las zonas de disputa registraron un aumento promedio de 34%, mientras que en procesos equivalentes el incremento había sido de 11,8% en 2022 y de apenas 6,9% en 2018. La diferencia es suficientemente grande para justificar un análisis específico de esos territorios.
Algo similar ocurre con las mesas donde un solo candidato obtuvo el 100% de los votos. Entre la primera y la segunda vuelta aumentó el número de puestos con al menos una mesa de este tipo, pasando de 208 a 396 para Iván Cepeda. Sin embargo, al observar su peso dentro del resultado nacional la dimensión cambia considerablemente.
En primera vuelta estas mesas representaron aproximadamente 16.300 votos, equivalentes al 0,17% de la votación nacional. En segunda vuelta ascendieron a cerca de 53.900 votos, es decir, apenas el 0,43% del total. Son casos que deben ser investigados por las autoridades electorales, pero estadísticamente no tienen la capacidad de explicar el resultado de una elección presidencial.
Además, el aumento de estas mesas estuvo acompañado por una mayor concentración en territorios clasificados como zonas de dominio. Mientras en 2018 solo el 3,8% de ellas se encontraba en estos territorios y en 2022 la proporción fue de 2,2%, en 2026 alcanzó 63,4%. Sin embargo, este hallazgo plantea una pregunta que todavía no tiene una respuesta definitiva. No es claro si las preferencias electorales cambiaron como consecuencia del control ejercido por un grupo armado o si, por el contrario, esos grupos consolidaron su presencia en territorios donde ya existían determinadas tendencias políticas.
La presión armada sobre el voto no ocurre el día de elecciones, sino durante años de gobernanza criminal
La comparación entre la votación obtenida por Iván Cepeda en 2026 y la alcanzada por Gustavo Petro en 2022 aporta nuevos elementos para esa discusión. Los departamentos donde más disminuyó el respaldo relativo fueron Cauca y Nariño, precisamente algunos de los principales bastiones electorales de este sector político. Si la explicación fuera únicamente el constreñimiento ejercido por grupos armados para favorecer a un candidato, sería razonable esperar un fortalecimiento de la votación y no una reducción frente a la elección anterior.
Otro aspecto que suele simplificarse es el comportamiento de las organizaciones armadas. El conflicto colombiano está lejos de ser homogéneo. Algunas estructuras mantienen negociaciones activas con el Gobierno. Otras enfrentan operaciones militares permanentes. Otras priorizan la expansión de sus economías ilegales o la consolidación de su control territorial. Pensar que todas buscan favorecer al mismo candidato desconoce la enorme fragmentación que caracteriza hoy al conflicto armado.
La distribución de los votos según el grupo armado que ejerce dominio territorial también ayuda a poner el fenómeno en perspectiva. La mayor parte de la votación de ambos candidatos proviene de zonas donde no existe dominio identificado de ninguna organización armada. Más de siete millones de votos de Iván Cepeda y más de ocho millones de Abelardo de la Espriella provienen de estos territorios. Incluso excluyendo las cabeceras urbanas, el volumen de votos ubicado en zonas de dominio armado representa una fracción reducida del total nacional.
En conjunto, los resultados muestran que la relación entre conflicto armado y comportamiento electoral es mucho más compleja de lo que suele plantearse en el debate público. La violencia sí afecta la democracia y en muchos casos reduce la participación ciudadana, especialmente en territorios donde predominan las disputas entre organizaciones armadas. También existen comportamientos atípicos que requieren investigación detallada, como algunas mesas con votaciones extraordinarias o incrementos inusuales de participación entre vueltas electorales.
Sin embargo, la evidencia también indica que estos fenómenos son territorialmente acotados, heterogéneos y estadísticamente insuficientes para explicar el resultado nacional. Las comunidades de las periferias no son únicamente receptoras de presiones armadas. También toman decisiones políticas a partir de su historia, sus condiciones sociales, su relación con el Estado y las trayectorias electorales construidas durante décadas. Esa historia incluye, por supuesto, la presencia prolongada de organizaciones armadas que han ejercido formas de gobernanza criminal sobre muchos territorios.
Esa presencia deja una huella sobre las instituciones locales, sobre la relación de las comunidades con el poder y sobre la manera como se construyen las preferencias políticas que son legítimas. No necesariamente porque exista un fusil apuntando el día de las elecciones, sino porque durante años el entorno ha condicionado las experiencias cotidianas de la población, del mismo modo en que ocurre en cualquier sociedad donde el contexto político, económico e institucional moldea las decisiones de los ciudadanos.
La principal conclusión de este trabajo es que el llamado voto fusil puede existir y debe investigarse cuando aparecen indicios concretos de su ocurrencia. Lo que los datos cuestionan es que pueda utilizarse como explicación general de una elección presidencial. Más que un fenómeno limitado al día de la votación, la mayor influencia de los grupos armados parece encontrarse en los procesos de gobernanza criminal que construyen a lo largo del tiempo y que terminan interactuando con la fortaleza o debilidad del Estado en cada territorio. Comprender la democracia en las regiones afectadas por el conflicto exige, por tanto, analizar esa relación de largo plazo y distinguir entre la coerción directa y la influencia acumulada que deja la historia política de cada territorio. Esa es, finalmente la principal enseñanza que deja este estudio.