Dentro de pocas semanas, cuando Abelardo de la Espriella asuma la Presidencia de la República, recibirá un país donde la seguridad volvió a ser —si es que alguna vez dejó de serlo— la principal preocupación de los colombianos. Después de varios años de expansión de los grupos armados, crecimiento y diversificación de las economías ilegales y debilitamiento de la capacidad institucional en buena parte del territorio —un proceso que incluso antecede al gobierno de Gustavo Petro—, la presión por mostrar resultados será enorme.
Habrá quienes esperen decisiones inmediatas, un incremento de las operaciones militares o el abandono definitivo de cualquier espacio de negociación, como recientemente lo anunció el presidente electo.
Todas serán discusiones inevitables y posiblemente darán resultados simbólicos pronto. Sin embargo, ninguna de ellas responde a las preguntas más importantes que enfrentará el próximo gobierno: ¿Cómo reconstruir la capacidad del Estado para gobernar los territorios donde hace años dejó de hacerlo o nunca lo ha hecho del todo? ¿Cómo actuar en zonas de disputa territorial entre dos grupos armados organizados?
Eso es, en esencia, ordenar la casa. Una expresión que, por más que se haya popularizado entre los mandatarios cada vez que inician sus administraciones, conserva total vigencia para el momento que vive el país y las necesidad que tiene. En materia de seguridad, sin embargo, ordenar la casa no debe entenderse como un cambio de nombres, una reorganización administrativa o una mayor intensidad operacional. Su verdadero significado es mucho más profundo. Se trata de reconstruir un Estado que durante los últimos años perdió capacidad para coordinar instituciones, establecer prioridades, ejercer autoridad y sostener su presencia allí donde organizaciones armadas y estructuras criminales aprendieron a ocupar los vacíos de poder o incluso a aprovechar el exceso de regulaciones estatales.
Ese es, probablemente, el principal cambio que necesita la política de seguridad territorial colombiana. Durante mucho tiempo. el país discutió si la respuesta debía ser la confrontación militar o la negociación política. Mientras esa falsa dicotomía ocupaba el centro del debate, el crimen organizado evolucionó. Las organizaciones ilegales dejaron de depender exclusivamente del narcotráfico, diversificaron sus fuentes de financiación, fortalecieron redes de corrupción, ampliaron su presencia territorial y desarrollaron formas cada vez más sofisticadas de gobernanza criminal. Hoy no solo ejercen violencia: en muchos territorios regulan economías, administran conflictos comunitarios, restringen la movilidad de la población e imponen reglas que terminan sustituyendo funciones propias del Estado. Y todo esto no es nuevo, pero sí más dramático y complejo, por la fragmentación criminal que nos aqueja actualmente.
El desafío, entonces, ya no consiste únicamente en derrotar organizaciones armadas, sino en volver a construir un Estado capaz, en su conjunto, de reemplazarlas.
Ese propósito exige comprender que la seguridad no se recupera mediante una sucesión de operaciones aisladas. Requiere una secuencia estratégica que permita reconstruir progresivamente la autoridad institucional.
Y todo comienza por proteger. No existe posibilidad alguna de recuperar el control territorial mientras las comunidades continúen viviendo bajo la intimidación permanente de actores armados que condicionan la vida cotidiana. La protección de la población civil debe volver a estar en el centro de la política de seguridad. Sobre todo, en las 14 zonas donde hoy existen disputas territoriales, el doble de regiones en pugna que cuando comenzó la administración de Petro. Eso supone fortalecer las capacidades para anticipar riesgos, proteger la infraestructura crítica, reducir las afectaciones humanitarias y garantizar condiciones para que autoridades locales, operadores de justicia y líderes sociales puedan ejercer sus funciones. Allí donde el Estado no logra proteger, difícilmente podrá aspirar a gobernar.
Pero proteger tampoco será suficiente si las organizaciones criminales continúan expandiendo su capacidad de control, crecimiento, innovación y financiación. Durante los últimos años, esos grupos crecieron porque aprendieron a adaptarse con mayor rapidez que las instituciones encargadas de enfrentarlos. Contener esa expansión exige afectar las economías ilegales que financian su crecimiento, intervenir corredores estratégicos, enfrentar con decisión la reincidencia, fortalecer la inteligencia, perseguir el patrimonio ilícito con ahínco y determinación, y coordinar las capacidades del Estado alrededor de prioridades comunes. El éxito de una política de seguridad no puede seguir midiéndose exclusivamente por el número de capturas, incautaciones o de operaciones militares. Debe medirse, entre otros, por la capacidad para limitar el crecimiento del poder criminal.
Solo entonces será posible recuperar paulatinamente el territorio. Y recuperar significa mucho más que incrementar temporalmente la presencia de la Fuerza Pública. Colombia ha comprobado en repetidas ocasiones que es posible obtener importantes victorias operacionales sin modificar las condiciones que permiten el regreso de las organizaciones ilegales. La recuperación solo ocurre cuando las instituciones vuelven a ejercer la autoridad de manera permanente, cuando la justicia reemplaza la coerción, cuando las economías legales desplazan las rentas ilícitas y cuando la ciudadanía reconoce nuevamente al Estado como el principal regulador de la vida colectiva. La disputa ya no es únicamente por el control físico del territorio. Es por la capacidad real de gobernarlo.
Nada de ello será sostenible si el propio Estado continúa actuando de manera fragmentada. Fortalecer las capacidades institucionales constituye, por tanto, el último componente transversal de esa secuencia, pero también el que garantiza su permanencia. Significa recuperar la planeación estratégica, modernizar la inteligencia, fortalecer la investigación criminal, mejorar la articulación entre el Gobierno Nacional y las autoridades territoriales, medir distinto y consolidar mecanismos que permitan evaluar de manera permanente el impacto de las políticas públicas. El reto no consiste simplemente en aumentar capacidades, sino en lograr que esas capacidades funcionen como un sistema articulado.
Este enfoque también demanda una actuación realista y flexible por parte del Estado. La diversidad de dinámicas territoriales implica que no existe una única respuesta posible; por el contrario, se requiere combinar herramientas de política pública y adaptarlas a las condiciones específicas de cada territorio. Esto supone fortalecer la capacidad de lectura local, ajustar las intervenciones al contexto y evitar respuestas homogéneas frente a problemáticas diversas. Más que aplicar recetas estandarizadas, el desafío radica en interpretar los contextos, priorizar intervenciones y articular instrumentos de política pública de manera flexible, secuencial y coherente, evitando la búsqueda de soluciones únicas y apostando por respuestas adaptativas que reconozcan la complejidad del fenómeno.
Ese es, como lo argumenta la Fundación Ideas para la Paz (FIP) en un documento que saldrá a la luz en las próximas semanas, el sentido de ordenar la casa como estrategia de seguridad territorial del país.
No se trata de empezar de cero ni de desmontar todo lo construido durante las últimas décadas. Colombia cuenta con instituciones sólidas, una Fuerza Pública con amplia experiencia operacional y aprendizajes acumulados después de años de enfrentar organizaciones armadas cada vez más complejas. El reto consiste en recuperar la coherencia estratégica, definir prioridades, coordinar capacidades y orientar toda la acción del Estado hacia un objetivo común que no es otro que restablecer la gobernabilidad en aquellos territorios donde hoy esa función está siendo disputada o está perdida.
Las primeras decisiones del próximo gobierno seguramente serán observadas a partir de los resultados operacionales que logre obtener. Es natural que así ocurra. Pero el verdadero éxito de una política de seguridad no dependerá únicamente del número de cabecillas capturados ni de la reducción de algunos indicadores de violencia. Dependerá de su capacidad para reconstruir un Estado que vuelva a proteger a la población, contener la expansión criminal, recuperar el control efectivo del territorio y fortalecer las instituciones encargadas de sostener esa recuperación.
Porque, al final, ordenar la casa no significa preparar una nueva ofensiva militar, sino volver a construir un Estado capaz de gobernar donde, desde hace demasiado tiempo o desde siempre, otros aprendieron a hacerlo.