La política antidrogas de Donald Trump publicada recientemente será determinante en la política de drogas de Abelardo de la Espriella. Esta pone a Colombia en el centro de su estrategia para golpear el narcotráfico. El documento es claro en que Estados Unidos debe “atacar la producción en la fuente”, exigir mayores resultados a los países productores y utilizar “todas las herramientas del poder estadounidense” para enfrentar lo que considera una amenaza directa a su seguridad nacional. Pero, más allá de la coyuntura inmediata, esta visión anticipa uno de los grandes dilemas que enfrentará el próximo presidente de Colombia: cómo responder a la presión de Washington sin subordinar por completo la política de drogas colombiana a las prioridades de lo que esta política denomina “la crisis” estadounidense.
Esta política parte de la idea de que EE. UU. enfrenta una crisis histórica de drogas, marcada por decenas de miles de muertes por sobredosis, el auge del fentanilo y la expansión de organizaciones criminales transnacionales. Bajo esa lectura, el narcotráfico dejó de ser únicamente un problema criminal o sanitario y pasó a ser una amenaza a la seguridad nacional. El documento llega incluso a describir la actual crisis de drogas como una forma de “guerra química contra los estadounidenses”.
La lógica detrás de esta estrategia no es nueva. Durante décadas, la política antidrogas de Estados Unidos ha partido de una premisa simple: reducir la producción de cocaína en los países de origen disminuirá su disponibilidad en el mercado estadounidense y, con ello, el consumo y el poder de las organizaciones criminales. Bajo esa premisa, la erradicación, la interdicción y la persecución de las redes narcotraficantes han sido los principales instrumentos de acción.
Pero sí hay un endurecimiento de esta estrategia que refleja el sello político de Donald Trump. A diferencia del enfoque tradicional represivo, el nuevo documento adopta un tono marcadamente confrontacional. La designación de varios carteles como organizaciones terroristas extranjeras, la presión explícita sobre países productores y el énfasis en resultados rápidos y visibles muestran una administración dispuesta a escalar herramientas coercitivas y a medir el éxito con resultados rápidos.
El problema es que la evidencia disponible muestra que el uso exclusivo de estrategias centradas en la reducción de la oferta no ha producido reducciones sostenidas del narcotráfico ni del consumo. Aun en cuando Colombia logró reducciones importantes en las hectáreas cultivadas con coca, el consumo en Estados Unidos no desapareció. Los mercados ilegales se adaptaron, surgieron nuevas rutas, aparecieron otras sustancias y las organizaciones criminales modificaron rápidamente sus formas de operación. Y, al final, la reducción de la oferta no produjo una reducción de la demanda de drogas –ni de la oferta.
Eso no significa que Estados Unidos esté completamente equivocado en sus preocupaciones. Washington tiene razones legítimas para intentar reducir el poder económico y territorial de las organizaciones criminales transnacionales que se fortalecen con las rentas del narcotráfico. Colombia también tiene razones urgentes para hacerlo. Las rentas derivadas de la cocaína siguen financiando estructuras criminales con enorme capacidad de violencia, corrupción y control territorial. El problema es que, después de décadas de la política que exige Washington, en Colombia, lejos de debilitarse, hoy la coca no financia únicamente organizaciones narcotraficantes: sostiene sistemas criminales que combinan control territorial, corrupción, coerción sobre las comunidades y múltiples economías ilegales.
Dos países, dos problemas distintos
Es importante reconocer que aunque las agendas de drogas de los dos países convergen fuertemente, no son una sola. Mientras Washington busca contener un flujo criminal que alimenta su crisis de drogas, en Colombia el narcotráfico sostiene economías ilegales que organizan el empleo rural, financian redes de corrupción y condicionan la relación entre las comunidades y el Estado. Esta diferencia tiene implicaciones profundas. Si Colombia responde a la presión de Washington concentrando su política en producir reducciones rápidas de cultivos, probablemente protegerá la relación bilateral, pero difícilmente transformará las condiciones que sostienen las economías criminales dentro del país.
El narcotráfico que enfrenta Colombia en 2026 ya no puede entenderse con las categorías de hace veinte o treinta años . Mientras la política de drogas se ha concentrado en hectáreas erradicadas, laboratorios destruidos o toneladas incautadas, los grupos armados han consolidado dinámicas más eficientes y territorialmente integradas para la producción y el tráfico de cocaína. Pero, además, estos grupos operan portafolios diversificados que incluyen minería ilegal, extorsión, y otras economías ilícitas. Eso significa que, para Colombia, el problema no consiste solamente en reducir cultivos de coca, sino en desmantelar estructuras criminales que ejercen funciones de gobierno en amplias zonas del país y que ya no depende exclusivamente de esta economía.
Esto no significa que Colombia y Estados Unidos estén condenados a tener agendas incompatibles frente al narcotráfico. Ambos países comparten intereses importantes: reducir el poder de las organizaciones criminales, disminuir la violencia asociada a las economías ilícitas e impedir que las rentas ilegales sigan fortaleciendo estructuras armadas y redes transnacionales. El desafío aparece cuando ambos países intentan medir el éxito de la política a partir de indicadores que no reflejan estos objetivos ni las prioridades y necesidades que tenemos en Colombia.
Por eso Colombia necesita replantear estratégicamente la conversación con Washington. Sin desconocer la necesidad de reducir los cultivos de uso ilícito y proponiéndose avances en algunos territorios en donde sea posible, el país debe intentar mover la discusión hacia una estrategia enfocada en la transformación regional con una visión de largo plazo. Eso implica reconocer que la reducción de coca es un componente importante de la estrategia, pero no su único objetivo ni su principal indicador de éxito.
Una política más efectiva requiere combinar capacidades coercitivas del Estado con intervenciones orientadas a disputar el control económico y social que las organizaciones criminales han consolidado en muchas regiones. Eso supone intervenir simultáneamente distintas rentas ilícitas, fortalecer capacidades de justicia y seguridad local, mejorar la coordinación institucional y construir condiciones económicas que reduzcan la dependencia de comunidades enteras frente a las economías ilegales. En otras palabras, no se trata de elegir entre seguridad o desarrollo, sino de articular ambas dimensiones dentro de una estrategia territorial mucho más coherente y sostenida.
Esa discusión también obliga a revisar cómo se mide el éxito de la política antidrogas. Durante años, la cooperación entre Colombia y Estados Unidos ha estado fuertemente condicionada por indicadores de corto plazo como hectáreas erradicadas, toneladas decomisadas o laboratorios destruidos. Pero si el narcotráfico opera hoy como un sistema económico y de gobernanza territorial mucho más sofisticado, los resultados también deben evaluarse de otra manera: capacidad de recuperación institucional, reducción del control armado sobre las comunidades, debilitamiento de las finanzas criminales, disminución de la dependencia económica de las rentas ilegales y consolidación de presencia estatal efectiva en los territorios.
Lo que Colombia debería negociar
El desafío para Colombia, en el nuevo contexto político que abre Trump, será precisamente evitar que la presión por producir resultados inmediatos termine desplazando una discusión mucho más honesta y estratégica sobre las capacidades que necesita el Estado colombiano para reducir de manera sostenible el poder de las economías criminales.
Eso no significa que Colombia pueda simplemente desentenderse de las exigencias de Washington. En el actual contexto político estadounidense —y especialmente bajo una administración como la de Trump— la presión por mostrar resultados concretos seguirá siendo una condición central de la relación bilateral. Estados Unidos continuará esperando avances verificables en reducción de cultivos, incautaciones, desarticulación de organizaciones criminales, extradiciones, judicialización de redes narcotraficantes, afectación de flujos financieros ilícitos, control de cadenas logísticas y fortalecimiento de mecanismos de cooperación e inteligencia operativa. En buena parte de esos frentes existen espacios reales de convergencia entre los intereses de ambos países.
El punto más sensible seguirá siendo, seguramente, la erradicación. Y allí, si De La Espriella se enfoca en la aspersión aérea, según indicó en sus propuestas de campaña, las políticas de drogas de los dos países tendrán plena coincidencia. Pero si el nuevo gobierno quiere hacer las cosas bien para Colombia, debe entender que, a diferencia de la visión que impone Estados Unidos, para Colombia la erradicación no puede seguir concibiéndose como un objetivo en sí mismo ni como una métrica del éxito de la política de drogas. Debe entenderse como una herramienta que puede ser útil en determinados contextos, como parte de intervenciones más amplias orientadas a recuperar control territorial, afectar economías criminales específicas o intervenir enclaves altamente productivos.
Colombia tendrá que seguir mostrando resultados operativos en erradicación y buscar reducciones en las mediciones anuales de área cultivada con coca. Pero esos esfuerzos deben responder prioritariamente a criterios de funcionalidad estratégica para la política colombiana y no únicamente a la necesidad de producir métricas rápidas para Washington. De la Espriella puede aprovechar el buen inicio de la relación bilateral para darle manejo estratégico y diplomático a su política de drogas.
Ahora bien, las implicaciones de la nueva política de drogas de EE. UU. no se limitan a la seguridad y la erradicación. También abre interrogantes sobre el apoyo de EE. UU. para otros asuntos de la política.
Más allá de la erradicación
Una de las principales incertidumbres tiene que ver con la cooperación en materia de consumo de sustancias. Aunque Estados Unidos históricamente ha financiado sobre todo programas de prevención —más que estrategias de reducción de daños—, Colombia también enfrenta desafíos crecientes de consumo y salud pública que requieren fortalecer las capacidades institucionales sobre todo en los territorios. La pregunta es si, en medio de este giro hacia un enfoque más securitizado, esa financiación continuará teniendo espacio dentro de las prioridades de Washington.
Algo similar ocurre con la cooperación para el desarrollo. La incertidumbre es especialmente sensible para Colombia en un momento de fuertes restricciones fiscales. Durante años, buena parte de la financiación internacional para programas de desarrollo rural, fortalecimiento de justicia local, prevención del consumo y estabilización territorial provino de la cooperación estadounidense. Si este apoyo definitivamente no continúa, el próximo gobierno enfrentará el reto de sostener componentes esenciales de la política de drogas en un contexto de grandes restricciones fiscales.
El próximo gobierno de Colombia enfrentará uno de los desafíos de su mandato más complejos si quiere trabajar para los colombianos : retomar la cooperación y el respaldo de Estados Unidos cumpliendo con las exigencias y prioridades de Trump y respondiendo, al mismo tiempo, a las necesidades de seguridad, gobernabilidad y transformación regional que enfrenta Colombia.