Colombia necesita abrir una conversación urgente sobre la manera en que protegemos a las personas mayores y a quienes, por una condición de salud u otras condiciones de vulnerabilidad, requieren apoyo para ejercer su capacidad jurídica.
La Ley 1996 de 2019 representó un cambio histórico al abandonar el antiguo modelo de interdicción y reconocer plenamente la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, en armonía con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Ese avance era necesario. Durante décadas, miles de personas fueron privadas de decidir sobre sus propias vidas mediante mecanismos excesivamente restrictivos.
Pero reconocer la autonomía no basta. La autonomía necesita apoyos efectivos, oportunos y accesibles. De lo contrario, corre el riesgo de convertirse en un derecho meramente formal.
Ese es, quizá, uno de los grandes desafíos que enfrenta hoy Colombia. El cambio normativo fue mucho más rápido que el desarrollo de la institucionalidad necesaria para hacerlo realidad. Los procesos judiciales, sobre todo en casos en los que la discapacidad tiende a ser considerada como absoluta, pueden extenderse durante meses, mientras que las condiciones de discapacidad en muchos casos avanzan. Las familias carecen de mecanismos temporales para atender situaciones urgentes. Las empresas no cuentan con protocolos claros para relacionarse con personas cuyo deterioro es progresivo pero que aún no tienen una decisión judicial sobre apoyos.
A esta realidad se suma un cambio silencioso, pero profundo, en la forma como hoy se accede a bienes y servicios. La relación entre ciudadanos, Estado y empresas es cada vez más digital, automatizada e impersonal. Abrir una cuenta, autorizar un trámite, solicitar una cita médica, gestionar una pensión, pagar impuestos o acceder a un servicio público depende, con frecuencia, de plataformas digitales, códigos de verificación, autenticación biométrica, 10 mil claves alfanuméricas de acceso y canales de atención remotos. Aunque esta transformación ha mejorado la eficiencia para millones de personas, también ha creado nuevas barreras para quienes, por su edad, su deterioro cognitivo o sus condiciones de salud, no pueden interactuar autónomamente con estas tecnologías. En la práctica, está emergiendo una forma de discapacidad digital: no porque la tecnología sea el problema en sí misma, sino porque los sistemas han sido diseñados bajo el supuesto de un usuario plenamente autónomo, permanentemente conectado y con capacidades cognitivas intactas. Cuando esa realidad no existe, la digitalización puede convertirse en un nuevo factor de exclusión y vulneración de derechos.
La relación entre ciudadanos, Estado y empresas es cada vez más digital, automatizada e impersonal.
Mi padre tenía 80 años. Durante el último año de su vida permaneció en un centro de cuidado y rehabilitación, enfrentando una combinación de deterioro físico, deterioro de sus facultades mentales y una larga historia de adicción. Aunque hasta hace un año ejercía sus derechos, cumplía con sus obligaciones, tenía un gran nivel de autonomía y poseía su propio patrimonio, cada vez le resultaba más difícil administrar sus asuntos cotidianos.
Como familia, además de disponer de los medios necesarios para acompañarlo bajo el cuidado de una institución experta y un entorno protector, acudimos al mecanismo que el Estado había previsto: iniciar un proceso de adjudicación judicial de apoyos conforme a la Ley 1996 de 2019.
No buscábamos sustituir su voluntad ni despojarlo de sus derechos. Queríamos ayudarlo: pagar oportunamente sus obligaciones, administrar sus bienes, hablar con el banco donde recibía su pensión cada vez que su tarjeta débito se bloqueaba por digitar mal una clave o por acceder por medios remotos, asegurar los recursos para su cuidado y proteger un patrimonio que él ya no estaba en condiciones de gestionar por sí solo.
Con frecuencia se entiende la agenda de empresas y derechos humanos como un conjunto de obligaciones relacionadas con comunidades, trabajadores o impactos ambientales. Sin embargo, pocas veces se habla de la responsabilidad que tienen las empresas frente a millones de usuarios y consumidores en condición de vulnerabilidad.
Nunca llegamos a tiempo. El proceso pasó por dos juzgados, y pese a la claridad del informe dado por una empresa especializada que valoró su capacidad y de las pruebas que acompañaron la demanda, aún se encuentra por decidir sobre su admisión. Mientras tanto, mi padre permanecía en una especie de limbo jurídico. Mi familia y en particular yo, quien como muchos hijos colombianos termina convirtiéndose en padres de sus padres, teníamos responsabilidades morales frente a él, pero prácticamente ninguna herramienta legal para actuar. Las empresas con las que él mantenía relaciones contractuales tampoco sabían cómo proceder. El banco debía proteger la confidencialidad de su cliente; otras entidades exigían autorizaciones que él ya no podía comprender plenamente, y ninguna institución contaba con mecanismos intermedios que permitieran gestionar una situación evidente de vulnerabilidad sin desconocer su autonomía.
Paradójicamente, el sistema creado para proteger sus derechos terminó prolongando su indefensión.
En ese vacío institucional, la vulnerabilidad aumenta, pero también la discusión, pasada por el dolor de haberla vivido, también interpela al sector empresarial.
Con frecuencia se entiende la agenda de empresas y derechos humanos como un conjunto de obligaciones relacionadas con comunidades, trabajadores o impactos ambientales. Sin embargo, pocas veces se habla de la responsabilidad que tienen las empresas frente a millones de usuarios y consumidores en condición de vulnerabilidad.
Los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos proponen que las empresas ejerzan debida diligencia para identificar y prevenir impactos sobre los derechos humanos. Esa debida diligencia también debería reflejarse en protocolos para atender a personas vulnerables, capacitar a sus funcionarios para identificar estas situaciones y construir mecanismos seguros que permitan responder sin poner en riesgo ni la autonomía del titular ni la seguridad jurídica de las operaciones.
Por supuesto, las empresas no pueden reemplazar al Estado ni asumir funciones judiciales. Pero sí pueden preguntarse si sus procedimientos están contribuyendo, aunque sea involuntariamente, a profundizar la exclusión de quienes más necesitan apoyo.
La mayor responsabilidad, sin embargo, sigue siendo pública. Si el acceso a los apoyos depende de procesos largos y complejos, el sistema termina dejando desprotegidas precisamente a las personas que pretendía proteger.
Colombia envejece rápidamente. Cada vez serán más frecuentes los casos de demencia, alzheimer, parkinson y otras condiciones que afectan la capacidad para gestionar asuntos patrimoniales sin eliminar la dignidad ni los derechos de las personas.
Esa realidad exige una segunda generación de reformas: fortalecer los juzgados, crear mecanismos provisionales de apoyo con suficientes garantías, promover instrumentos preventivos y construir protocolos compartidos entre el Estado y sectores como el financiero, el asegurador, el de salud, el de servicios públicos y el de pensiones. No se trata de volver a modelos paternalistas ni de restringir la capacidad jurídica. Se trata de hacer efectivo el derecho al apoyo que la propia ley reconoce.
Mi padre, muy a su manera, tranquilo y al tiempo como una ráfaga de alegría y de emociones, nos dejó para siempre el pasado mes de julio, antes de que el proceso concluyera. Y nosotros, aunque con el corazón en paz, no pudimos asegurar sus temas pendientes. Su historia y nuestra percepción sobre la protección que debió priorizarse, ya no pueden cambiar.
Pero quizá pueda servir para impulsar una conversación que miles de familias colombianas enfrentarán en los próximos años y que debería poder planificarse en el seno de estas, pero también en lo público, en lo institucional y empresarial. Porque los derechos no se garantizan únicamente mediante buenas leyes. Se garantizan cuando las instituciones son capaces de responder con verdadera humanidad, oportunidad y eficacia a las personas que más lo necesitan. Ese es, quizás, el verdadero desafío de una sociedad que aspira a poner la dignidad humana en el centro.
Te amo, padre mío. Nos vemos en el cielo.