Acompañar a quienes dejan las armas: una capacidad que Colombia no puede perder

Colombia construyó, a lo largo de más de veinte años, una capacidad estatal que hoy otros países estudian y que nosotros estamos poniendo en riesgo. Se trata de la capacidad de acompañar a quienes dejan las armas en su regreso a la vida civil. No es un logro menor. Esa política sobrevivió a seis gobiernos de orillas opuestas (los dos de Álvaro Uribe, los dos de Juan Manuel Santos, el de Iván Duque y el de Gustavo Petro), y se convirtió en una de las poquísimas apuestas de Estado que en Colombia han trascendido al gobierno de turno. Costó mucho construirla. Desmontarla, en cambio, sería fácil.

Conviene precisar qué está en juego. Detrás de la sigla ARN (Agencia para la Reincorporación y la Normalización) no está “la agencia de las FARC”, como algunos sectores han tratado de promover, ni un programa diseñado para un acuerdo en particular. Hay una capacidad estatal, con presencia territorial, experiencia acumulada y un método, para acompañar durante años (persona por persona, con sus familias y sus comunidades) el tránsito de quien deja las armas hacia una vida legal. Documentación, salud, educación, empleo, emprendimiento y seguridad son apenas algunos frentes de un proceso que no mide su éxito solo por evitar el regreso a la violencia, sino por lograr que cada quien alcance autonomía dentro de la legalidad.

Esa capacidad empezó a construirse mucho antes del Acuerdo de 2016. Nació en 2003 como Programa para la Reincorporación a la Vida Civil; en 2006 se convirtió en Alta Consejería; en 2011, en Agencia Colombiana para la Reintegración, y en 2017 adoptó su forma actual. En estas dos décadas ha atendido a desmovilizados de las AUC, a quienes salieron de manera individual de las FARC y el ELN y a los firmantes de 2016. Y ha asumido tareas nuevas, como el acompañamiento a integrantes de la Fuerza Pública que comparecen ante la Jurisdicción Especial para la Paz (una ruta creada en 2024) y a quienes han ido dejando estructuras hoy activas, como el Clan del Golfo y las disidencias. En total, desde comienzos de siglo más de 77.000 personas han dejado las armas en Colombia, y esta es la capacidad encargada de acompañar ese regreso a la vida civil. Es, en los hechos, una de las principales herramientas con las que el Estado gestiona la salida de las armas, y el fruto de más de veinte años de ensayo, error y aprendizaje sobre algo que no se improvisa.

Esa experiencia se reconoce fuera del país. El modelo colombiano se convirtió en un referente internacional del DDR (desarme, desmovilización y reintegración). Más de treinta países han participado en las giras de cooperación técnica que Colombia ha ofrecido para compartir sus lecciones, y hay aplicaciones inspiradas en él en contextos tan distintos como Nigeria o la República Democrática del Congo. Construimos un conocimiento que otros quieren aprender; sería paradójico descuidarlo en casa mientras se estudia afuera.

¿Por qué importa tanto conservarla? Porque es, ante todo, un asunto de seguridad. La gran amenaza de cualquier proceso de dejación de armas es la reincidencia, es decir, que quien salió del conflicto termine reabsorbido por una estructura ilegal. La Fundación Ideas para la Paz estudia ese fenómeno desde hace más de una década, y la evidencia es clara. La reincidencia no es un destino, sino un riesgo que depende de factores concretos (ingresos, arraigo, seguridad, oportunidades) sobre los que el acompañamiento estatal puede incidir. Nuestros análisis, con datos de la propia ARN, muestran además algo decisivo: ese riesgo rara vez es inmediato. En promedio aparece hasta unos seis años después de la desmovilización y, en algunos casos, puede tardar más de una década en manifestarse. Planteado así, el debate ya no es si hay que defender a una agencia, sino qué necesita el Estado para que quien dejó las armas no vuelva a ellas.

De ahí se desprende una consecuencia clara. Estos procesos se juegan en el mediano y el largo plazo. Si el Estado se retira antes de que los riesgos hayan bajado, deja abierta la posibilidad de que la puerta de salida del conflicto se vuelva otra vez puerta de entrada. Y no es una hipótesis. Cuando la desmovilización de las autodefensas, dos décadas atrás, no estuvo acompañada de un proceso lo bastante sólido, al menos una parte de esos excombatientes terminó nutriendo estructuras criminales que surgieron después, y el país está pagando el costo de esa reincidencia en grupos como el Clan del Golfo o las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN), que hoy tienen en alerta a la ciudad de Santa Marta. Esto solo prueba que en donde el acompañamiento falla, el vacío lo ocupa otra vez la violencia.

Y no es solo un asunto operativo, sino también de credibilidad. Quien piensa en dejar las armas necesita creer que habrá un Estado esperándolo al otro lado. Ninguna salida depende solo de la ARN, pero sin esa institucionalidad la promesa del Estado se vuelve dudosa, justo cuando el país discute cómo lograr que nuevos grupos armados se sometan a la justicia. Cualquier salida que se alcance, hoy o en los próximos años, necesitará el día después exactamente esta capacidad, es decir, recibir a esas personas, acompañarlas y ayudarlas a rehacer su vida lejos de la violencia. Nadie deja las armas para caer al vacío.

Ese es el trasfondo de la preocupación de hoy. La ARN atraviesa estrecheces presupuestales que ya afectan su operación y el acompañamiento de miles de personas en proceso. Nadie discute que las cuentas del Estado son difíciles ni que ajustar sea legítimo. El punto es otro. Hay capacidades que no funcionan como un grifo que se cierra y se vuelve a abrir cuando sobra la plata. Una red de acompañamiento en el territorio (hecha de equipos, de confianza y de conocimiento acumulados durante veinte años) se desarma rápido y se reconstruye despacio, si es que se reconstruye. Lo que hoy se ahorra recortándola, mañana se paga en inseguridad.

Conviene ser claro. Nada de esto es una defensa de la gestión de la ARN ni la afirmación de que el modelo sea perfecto. Buena parte de quienes se reincorporan siguen en la informalidad; el acceso a tierra y la sostenibilidad económica son deudas viejas; y una parte de quienes envejecen en el proceso lo hace sin garantías claras de estabilidad económica futura. Pero esas fallas son un argumento para reformar la política, no para vaciarla. Un recorte no corrige ninguno de esos problemas, solo garantiza que sigan sin corregirse. Lo que funciona mal se arregla fortaleciendo la capacidad, no apagándola.

Y las estrecheces no son nuevas ni pertenecen a un solo gobierno. Incluso administraciones que pusieron la paz en el centro de su discurso las enfrentaron. La propia directora de la ARN durante el Gobierno de Petro, Alejandra Miller, reconoció públicamente recortes y ajustes atados a la situación fiscal del país. La tensión entre lo que la política necesita y lo que el presupuesto permite viene de atrás; por eso debería resolverse con una mirada de largo plazo, no con la de cada vigencia fiscal.

El llamado es sencillo. Tratemos la capacidad de acompañar a quienes dejan las armas como lo que es, una política de Estado de carácter estratégico. En un país donde, según cálculos de la Fundación Ideas para la Paz, cerca de 30.000 personas integran todavía los grupos armados, esta no es una línea más del presupuesto, sino una de las herramientas con las que Colombia podrá, algún día, cerrar de verdad sus ciclos de violencia. La tarea, al final, es asegurar que quienes decidan dejar las armas siempre tengan a dónde llegar.