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Pocos días después del terremoto del pasado 10 de agosto, que dejó al menos 331 personas fallecidas y miles de viviendas y edificaciones destruidas en el occidente del país, un grupo de más de 70 empresas impulsó la idea de crear un mecanismo para acelerar la reconstrucción de las zonas afectadas. El Gobierno Nacional recogió esa iniciativa y, mediante el Decreto 1389 del 9 de septiembre, creó una modalidad especial de Obras por Impuestos para la Reconstrucción. La idea se inspira directamente en Obras por Impuestos (OxI), un instrumento que Colombia, después de inspirarse en el modelo peruano, lleva casi una década perfeccionando y que se ha convertido, sin mucho ruido, en una de sus políticas públicas más eficaces. Que el país decida replicar su lógica para responder a la emergencia dice mucho de su valor. Pero también abre una pregunta incómoda: si el esfuerzo de reconstrucción termina concentrando los recursos y la atención del sector privado, ¿qué pasará con las regiones que hoy dependen en buena parte de Obras por Impuestos para recibir una inversión que, de no ser por este mecanismo, difícilmente llegaría?
Vale la pena, entonces, entender qué es y por qué funciona. Obras por Impuestos permite a las empresas destinar hasta el 50% de su impuesto de renta a la ejecución directa de proyectos de infraestructura, educación, agua, energía y otros sectores en los territorios más afectados por el conflicto y la pobreza. En lugar de pagar ese porcentaje del impuesto de la manera tradicional, la empresa financia y ejecuta una obra en alguno de los 344 municipios catalogados como Zonas más Afectadas por el Conflicto (ZOMAC), de los cuales 167 hacen parte de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Es, en esencia, una alianza público-privada: el Estado define los sectores en los que se pueden hacer obras y controla; la empresa aporta su capacidad de gestión y ejecución; y el territorio recibe una obra que muchas veces ninguna otra fuente de financiación habría llevado hasta allí.
¿Qué se ha logrado?
Los resultados hablan por sí solos. Desde su creación, el mecanismo ha movilizado más de $4,07 billones a través de 527 proyectos en 291 municipios. Cerca del 69% de esos recursos, unos $2,8 billones, se ha destinado a municipios PDET, lo que confirma que el instrumento ha mantenido su foco en las regiones que más lo necesitan. La base empresarial se ha multiplicado: pasó de 27 compañías participantes en 2018 a 277 en 2025, con una mezcla equilibrada entre empresas que llegan por primera vez y otras que repiten año tras año, señal de que la experiencia deja satisfechos a quienes se vinculan. Y no es solo cuestión de volumen: una evaluación del Departamento Nacional de Planeación (DNP) confirmó que Obras por Impuestos es un mecanismo costo-eficiente para ejecutar inversión pública: en el caso más evidente, el costo promedio por estudiante de los proyectos de educación en OxI es una cuarta parte de lo que cuesta un proyecto con recursos propios de alcaldías y la mitad de un proyecto similar ejecutado con recursos de regalías.
Pero quizás lo más notable de Obras por Impuestos no es cuánto ha movilizado, sino que haya logrado sobrevivir y crecer a través de tres gobiernos con visiones profundamente distintas. El mecanismo fue creado durante la administración de Juan Manuel Santos, desarrollado durante la de Iván Duque —que hacia el final de su mandato duplicó el cupo anual hasta los $500.000 millones— y consolidado durante la de Gustavo Petro. Este último punto merece subrayarse, no como defensa de una gestión, sino como evidencia de la solidez del instrumento: pese a sus relaciones a menudo tensas con el sector privado, el Gobierno Petro fue el que más aumentó el cupo, elevándolo a $800.000 millones en 2023, a $1 billón en 2024 y a $1,1 billones en 2025 y 2026. Que un mecanismo de colaboración con las empresas se haya expandido precisamente bajo el gobierno con la relación empresarial más compleja dice mucho sobre su capacidad para generar valor por encima de las diferencias ideológicas. Obras por Impuestos dejó de ser la apuesta de un gobierno para convertirse, en la práctica, en una política de Estado.
Esa continuidad ha permitido que el mecanismo llegue cada vez más lejos. Por primera vez, la inversión alcanzó las 16 subregiones PDET, y el número de municipios beneficiados creció de manera sostenida: mientras en 2022 el instrumento había llegado a 104 municipios PDET, para 2025 la cifra ascendió a 142, equivalente al 85% de estos territorios. La experiencia acumulada muestra, además, que no hay una sola fórmula para el éxito. Antioquia lidera en número de proyectos —más de 80 y cerca de $1 billón movilizado— gracias a un tejido empresarial sólido y a instituciones locales comprometidas, al punto de que todos sus municipios priorizados han recibido al menos una obra. Arauca, en cambio, sin ser el que más proyectos tiene, es el que más recursos ha movilizado, impulsado por la capacidad tributaria de las empresas de hidrocarburos. Y Buenaventura, que durante años estuvo bloqueada por una restricción normativa, pudo por fin acceder al mecanismo tras la eliminación de esa barrera en 2022. Son caminos distintos hacia un mismo resultado: inversión que transforma territorios históricamente rezagados.
Detrás de esos números hay obras concretas. En Antioquia, el alcantarillado de Turbo, con una inversión superior a $112.000 millones, es el proyecto individual más grande ejecutado bajo el mecanismo. En Arauca, la optimización del acueducto de Tame, liderada por Parex, llevó agua potable a más de 34.000 personas. Y en Buenaventura, el primer escenario deportivo financiado con Obras por Impuestos en el país —una cancha múltiple en la Isla de Cascajal— beneficia a más de 10.000 habitantes de una de las zonas históricamente más rezagadas del Pacífico.
En cuanto a los sectores, el 95% de los proyectos se ha ejecutado en cuatro: educación, infraestructura vial, energía y agua, y saneamiento básico. En los últimos años, sin embargo, el portafolio se ha diversificado hacia sectores como gestión del riesgo, pagos por servicios ambientales y conectividad, una señal de que el instrumento se adapta a necesidades cada vez más variadas de los territorios.
Los desafíos
Nada de esto significa que el mecanismo sea perfecto. A la fecha, 25 municipios PDET y 28 ZOMAC aún no han recibido un solo proyecto, y en general se trata de los territorios con las brechas más profundas y las condiciones de seguridad más difíciles, justamente donde estructurar y ejecutar obras es más difícil. La consolidación avanza a distintas velocidades entre regiones, y algunas decisiones de política fiscal —como el aumento de las autorretenciones del impuesto de renta— han reducido la capacidad de muchas empresas para vincularse. A ello se suma un patrón que el propio Departamento Nacional de Planeación ha documentado: las empresas tienden a preferir los municipios con mejores condiciones de seguridad y mayor facilidad para ejecutar, de modo que buena parte de los recursos se concentra en unos pocos territorios mientras los más rezagados quedan atrás. Es un riesgo que conviene tener presente ahora que la modalidad para la reconstrucción podrá operar en municipios que no son PDET ni ZOMAC: si no se cuida, la inversión podría concentrarse aún más donde resulta más sencillo llegar.
En la Fundación Ideas para la Paz (FIP) conocemos de cerca esa dificultad, porque hacemos seguimiento y acompañamos la consolidación del mecanismo en algunas de las regiones más críticas del país. En zonas como el Catatumbo o el Pacífico nariñense, donde las condiciones de seguridad y la debilidad institucional hacen más difícil que las obras se materialicen, ese acompañamiento combina el apoyo técnico a la estructuración de los proyectos con la articulación entre empresas, autoridades y comunidades. Esa experiencia en terreno es la que nos permite afirmar que Obras por Impuestos funciona, pero que en los territorios más complejos requiere un acompañamiento sostenido para llegar a donde más se necesita. Son retos reales que exigen ajustes. Pero ninguno pone en duda lo esencial: se trata de un instrumento probado, que funciona y que puede seguir impulsando las transformaciones que estas regiones todavía necesitan.
Una oportunidad
Por eso, tiene sentido que el país mire hacia este mecanismo a la hora de pensar la reconstrucción. Que esta nueva modalidad se apoye en cerca de 10 años de experiencia con Obras por Impuestos, confirma que la fórmula de canalizar recursos privados hacia obras públicas prioritarias funciona y genera confianza. La reconstrucción tras el terremoto será enorme —algunas estimaciones la ubican entre $20 y $40 billones— y necesitará de toda la capacidad de gestión que el país pueda movilizar.
Hay, eso sí, un equilibrio que vale la pena cuidar. Las zonas más golpeadas por el sismo —Valle del Cauca, Risaralda, Chocó y Caldas— no coinciden plenamente con los territorios PDET, aunque algunos municipios de estos departamentos hacen parte de los PDET y las ZOMAC. Chocó ilustra bien esa intersección: es uno de los territorios PDET más rezagados y con menor presencia de Obras por Impuestos —donde la inversión no supera los 100.000 millones de pesos— y, al mismo tiempo, uno de los más afectados por el terremoto. Allí las comunidades ya identificaron los proyectos que necesitan, primero en el proceso PDET y luego en los ejercicios participativos adelantados durante el pasado gobierno; hacer confluir la reconstrucción con esa hoja de ruta permitiría atender la emergencia y, a la vez, saldar una deuda que el país lleva años aplazando. La reconstrucción es urgente y legítima, y el país debe volcarse a ella. Pero las necesidades de las regiones más afectadas por el conflicto y la pobreza no desaparecieron con el terremoto: siguen ahí, y en varias de ellas los desafíos de desarrollo y seguridad incluso se han acentuado. Son, además, territorios que antes de Obras por Impuestos rara vez figuraban en los mapas de la inversión privada, y que gracias al mecanismo empezaron a recibir obras que de otro modo no habrían llegado.
La buena noticia es que no hay que elegir entre unas y otras. La modalidad para la reconstrucción y el Obras por Impuestos de siempre pueden convivir y complementarse, siempre que la atención a la emergencia no se construya restándoles a los territorios del conflicto y la pobreza. Hoy ambas comparten un mismo cupo, y por eso vale la pena cuidar que la reconstrucción no termine desplazando la inversión en esas regiones. Colombia aprendió a canalizar inversión privada hacia los lugares donde más se necesita y donde, sin ese empujón, nunca habría llegado. Ese aprendizaje es demasiado valioso para arriesgarlo. Atender a las víctimas del terremoto y seguir acompañando a las regiones que llevan décadas esperando no son propósitos que compitan: son, en el fondo, la misma apuesta por un país que no deja atrás a ninguno de sus territorios.