Recortar el acompañamiento a excombatientes podría salir más caro

Si la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) pierde una parte sustancial de su capacidad operativa, el trabajo de acompañar a quienes dejaron las armas no desaparecerá. La responsabilidad terminará, en buena medida, en las ciudades y los municipios donde estas personas reconstruyen su vida, muchos sin los recursos para asumirla. Y no es una hipótesis lejana, pues el Gobierno ya recortó cerca de 18.600 millones de pesos del presupuesto de la ARN este año y prevé nuevos ajustes para 2027. No es solo una discusión presupuestal, es una pregunta sobre quién sostiene la salida de la guerra cuando esa capacidad se debilita.

La reincorporación casi siempre se imagina en el campo, en las veredas y los antiguos espacios territoriales donde miles firmaron su tránsito a la vida civil. Esa imagen es real, pero incompleta, porque una parte grande y creciente del proceso ocurre en las ciudades. Solo en Bogotá hay cerca de 1.000 personas en reincorporación y, sumando todas las rutas de la ARN, al menos 3.000 que adelantan allí su tránsito, y cerca del 10% de los más de 77.000 que han dejado las armas en dos décadas lo hizo en la capital. Medellín, Cali o Bucaramanga son otras donde, en silencio, también se juega ese regreso.

La ciudad ofrece lo que el campo muchas veces no tiene, como mercados laborales más amplios, oferta educativa, salud y un anonimato que protege frente a la estigmatización. La evidencia de la Fundación Ideas para la Paz muestra, además, que reincorporarse lejos de la zona donde se operó reduce el riesgo de reincidencia, de modo que ese anonimato no es solo una comodidad, sino una forma de protección. Pero la ciudad también exige más, por la competencia por el empleo, el costo de vida y unos vínculos comunitarios que hay que construir desde cero. Allí el acompañamiento del Estado es, con frecuencia, el puente entre la persona y las oportunidades que la ciudad promete, pero no regala.

Conviene ser claros sobre ese riesgo, porque es fácil caer en el lugar común que asocia la palabra excombatiente con amenaza. El riesgo no son las personas que llegan a las ciudades, que ya están allí trabajando, estudiando y criando a sus hijos, sino que el Estado les retire el acompañamiento justo donde reconstruyen su vida. Una persona acompañada tiene una ruta, mientras que una abandonada a mitad de camino es, apenas, una oportunidad para quien quiera reclutarla de nuevo.

A ese reto material se suma uno menos visible: la confianza. Una encuesta de la FIP y la KAS de 2023 encontró que el 62% de las empresas no cree que un excombatiente pueda ocupar sus vacantes, y que la razón más citada es, simplemente, que no confían en ellos. La encuesta Escuchar la Paz del PNUD halló que cerca del 80% no se sentiría cómodo con un excombatiente de vecino. Pero esa distancia se reduce con el contacto, pues entre quienes ya conocen a uno la disposición a convivir se duplica, y es el acompañamiento el que hace posible ese contacto que convierte la desconfianza en convivencia.

Ese acompañamiento descansa en una arquitectura compartida. La Nación, a través de la ARN, aporta el método, el seguimiento individual y buena parte de los recursos, mientras que los gobiernos locales ponen la oferta concreta, el cupo escolar, la salud, el empleo. Cuando una de esas capas se debilita, el problema no desaparece, se traslada hacia las ciudades, que no eligieron ese reto ni reciben recursos adicionales para asumirlo. Y aunque las grandes capitales pueden amortiguar parte del golpe, un porcentaje considerable de la población en tránsito a la vida civil vive en ciudades intermedias y municipios pequeños, de finanzas frágiles. Debilitar la capacidad nacional no reparte el esfuerzo de manera más justa, lo descarga sobre quienes menos pueden con él.

Vale la pena recordar qué es esa capacidad nacional. Hoy la ARN acompaña a unas 15.500 personas de distintos procesos, entre ellas firmantes del Acuerdo de 2016, exintegrantes de las AUC, miembros de la Fuerza Pública que comparecen ante la JEP y personas que han dejado estructuras todavía activas como las disidencias de las FARC o el Clan del Golfo. Lejos de contradecir la apuesta por recuperar la seguridad, acompañar a quienes dejan las armas la complementa, porque busca que esa salida sea definitiva. Y con cerca de 29.000 personas aún en los grupos armados, esa capacidad será indispensable el día que el país logre nuevos sometimientos a la justicia.

Hoy, como buena parte del Estado, este proceso enfrenta restricciones presupuestales. Al recorte de este año se suma, para 2027, una reducción adicional cercana al 8,3%, unos 30.000 millones de pesos menos frente a 2026. Aunque el ajuste es menor al que se planteó al principio, la sucesión de recortes pone en duda la continuidad del proceso, y parte de esas presiones terminaría trasladándose a los territorios.

La amenaza de que esa colaboración entre Nación y territorios se fracture no es hipotética. La propia ARN ha advertido que los recortes pueden interrumpir contratos y servicios esenciales, desde el seguimiento de sus equipos en el territorio hasta los seguros de vida, los traslados de quienes enfrentan amenazas y el cierre de al menos algunas de sus oficinas regionales. Esa ruptura se sentiría rápido en los más de 500 municipios donde hoy se adelantan estos procesos, muchos de ellos en zonas donde la violencia se ha recrudecido.

Y si el tema es de finanzas, hay un argumento que debería interesarle a las arcas del Estado. Acompañar a quien deja las armas es más barato, y más eficaz, que encarcelar. Mantener a una persona en prisión cuesta al país unos 22 millones de pesos al año, según el INPEC, sin contar lo que vale construir y custodiar las cárceles; el acompañamiento cuesta una fracción de eso. Y hay evidencia de que funciona. Un estudio de la FIP de 2014 encontró que cerca de tres de cada cuatro desmovilizados de procesos anteriores a 2016 no reincidieron, y los registros recientes de la ARN apuntan igual, con una reincidencia probada del 8,43% en el conjunto de la población de reintegración, no solo entre los firmantes. La reincidencia carcelaria, que solo cuenta a quienes vuelven a prisión y por tanto subestima el fenómeno, se ha movido históricamente entre el 13% y el 25%, por encima de esa cifra y a un costo por persona muy superior.

Recortar el acompañamiento para ahorrar no ahorra de verdad. Traslada el gasto al futuro y lo encarece, porque lo que no se invierte hoy en una ruta de regreso se paga mañana en inseguridad, en desarrollo y en gobernanza territorial. Dejar caer la ruta más barata para empujar a la gente hacia la más costosa es, además de un riesgo de seguridad, un mal negocio.

Nada de esto es una defensa de una gestión, sino de una política que puede y debe ajustarse. Hay cosas por revisar, como la gradualidad de los beneficios económicos, los requisitos para culminar el proceso, un cuello de botella evidente cuando este año apenas 145 personas terminarán formalmente su ruta, y, sobre todo, la sostenibilidad productiva, pues muchos de quienes se reincorporan terminan en la informalidad y buena parte de los proyectos no se sostiene. Pero esas fallas son razones para reformar la política, no para recortarla a ciegas, porque un recorte no corrige ninguno de esos problemas, solo deja la carga sobre las ciudades y los municipios que reciben a estas personas.

Al final, lo que está en juego no es el futuro de una sigla, sino quién se hace cargo de un proceso crucial para el país. Si los recursos se agotan o la Nación se repliega, esa tarea no desaparece, se traslada y cae sobre las ciudades y los municipios que ya reciben a estas personas, muchos sin la plata ni la capacidad para sostenerla. Esa cuenta se paga dos veces, en una seguridad que se vuelve más frágil y en un desarrollo que se deja de construir, porque acompañar a estas poblaciones, entre las más vulnerables del país, es también abrirles una puerta de oportunidades e inclusión. Un país que acompaña a quien dejó las armas termina siendo, sencillamente, más seguro y más próspero que uno que deja a estas personas a la deriva.