Negociar la paz cuando no hay guerra: el tablero de la Paz Total en el Valle de Aburrá

Para el Gobierno de Gustavo Petro es insuficiente abordar la violencia de los actores armados organizados solo en los contextos rurales, por eso, en el marco de su política de Paz Total ha implementado una estrategia de paz urbana por medio de diálogos sociojurídicos con estructuras criminales en tres ciudades: el Valle de Aburrá (Medellín), Quibdó y Buenaventura, procesos que cumplirán un año de vigencia a mediados de 2024.

Tres de los tableros de negociación que hacen parte de la Paz Total buscan abordar las problemáticas de violencia organizada en entornos urbanos. Se trata de las mesas de diálogo sociojurídico en el Valle de Aburrá, Buenaventura y Quibdó. Leer artículo completo

La mesa del Valle de Aburrá cumplió su primer año a inicios de junio y debido a la historia de criminalidad organizada en esta región —ligada, en gran medida, a lo que se conoce como “La Oficina de Envigado”— la FIP presenta en este informe una profundización de lo que ha ocurrido durante la negociación, de las estructuras armadas ilegales con las que se dialoga, y un análisis histórico y descriptivo del homicidio en Medellín que complementamos con algunos hitos de estas organizaciones.

Lo hacemos, sobre todo, porque el homicidio no se explica al margen de estas estructuras y porque el caso de Medellín es paradigmático: de tener la tasa de homicidios más alta del mundo en 1991, la ciudad se ubica hoy en niveles cercanos a los de hace 40 años. Se trata de una historia que ha dejado aprendizajes para las organizaciones criminales que, al menos en parte, puede verse como un proceso de domesticación de la violencia.

Que no haya guerra no es sinónimo de que no haya control territorial o consolidación de la criminalidad organizada en Medellín y el Valle de Aburrá"

La criminalidad organizada en Medellín y el Valle de Aburrá ha evolucionado de tal forma que las expresiones de violencia más evidentes —como el homicidio— se han reducido progresivamente. Esto no significa que no haya un control territorial ilegal en la ciudad, sino justamente lo contrario: se ha consolidado de manera tal el poder ilegal, que el ejercicio de la violencia se expresa por medio de otras vías. Las organizaciones criminales, aunque recurren cada vez menos al homicidio, controlan el territorio y la apropiación de rentas.

Homicidios en el Valle de Aburrá antes y después de la tregua y tras el inicio de la mesa

Fuente: GICRI Policía Nacional. Elaboración: Unidad de Monitoreo FIP.

El informe también hace referencia a uno de los mayores obstáculos del proceso: el marco legal. Las conversaciones están amparadas por la Ley 2272, aunque aun no exista una ley de sometimiento o sujeción colectiva que la desarrolle. Esta debería definir términos que generen incentivos para que las organizaciones sigan haciendo parte de la mesa, aunque suficientemente acotados, pues no se trata de una negociación propiamente, sino de definir condiciones para el sometimiento.

Intereses y voceros

Con base en el lenguaje y discurso que emplean los voceros de las estructuras armadas, también planteamos preguntas en torno a cierta reivindicación de carácter “político” que afirman tener estas organizaciones.

De otro lado, abordamos los intereses de los “voceros” recluidos en la cárcel de Itagüí y de los “operativos” que son quienes ejercen el control “en la calle”. Planteamos que, aunque se hable de “las organizaciones” y “las estructuras” como unidad, el panorama para los jefes recluidos es muy distinto al de los mandos medios de bandas y líderes de combos que controlan el territorio.

Por eso alertamos que la estabilidad de estas organizaciones puede tener sobresaltos y el apaciguamiento podría romperse ante la mayor autonomía de quienes no están recluidos y la expectativa que tendrían los mandos medios de apropiarse de rentas y acumular recursos.

Las organizaciones sociales también son otro componente para resaltar en esta mesa urbana. Su relevancia está dada, entre otras, por la incidencia que puede tener en la labor de agendamiento público. Este agendamiento no se reduce a hacer visible un tema, sino a la construcción de un problema público y a alternativas de solución.

La lectura que tienen las organizaciones sociales frente al crimen organizado en el Valle de Aburrá, abre la puerta para propuestas inéditas de diálogo. La FIP valora la construcción de una institucionalidad para acompañar el proceso y la movilización. Hay que reconocer el rol del sector social, sobre todo cuando uno de los puntos clave que entorpece el avance de las conversaciones de esta mesa, es la falta de una agenda aprobada.

Los jefes encarcelados de cerca de 14.000 jóvenes armados que integran los combos de la ciudad, protagonizan otro de los capítulos de la Paz Total del presidente Petro ¿Qué se quiere negociar, cómo y con quiénes? Leer artículo completo

Preguntas y posibles escenarios

• NEGOCIAR CON EL CRIMEN ORGANIZADO. La mesa saca a la luz un asunto de interés regional e internacional: la pregunta sobre cómo relacionarse con el crimen organizado más allá de la persecución policial y judicial. ¿Qué tan dispuestos estamos a construir modelos de “negociación” con el crimen organizado y en qué términos?

• ¿DE LA PAZ A LA GUERRA? Vale la pena pensar que un escenario posible es el de generar una guerra en donde había apaciguamiento; en otras palabras, que por falta de un norte que permita mantener la mesa, se “acabe con la paz donde no había guerra”.

•  LOS OTROS. Hay que pensar en las organizaciones que están por fuera o que podrían quedarse por fuera del diálogo. También en el control territorial de quienes hoy lo ejercen de manera directa y en las capacidades de la institucionalidad legal para desplegar un modelo de control territorial que ocupe esos vacíos de poder.

•  DOMESTICAR LA VIOLENCIA. El caso del Valle de Aburrá indica que la reducción de la violencia (o ciertas expresiones de ella) no coincide necesariamente con el descenso o desmonte de la criminalidad organizada, sino que ocurre justo lo contrario: que su consolidación y cohesión genere esas reducciones. ¿Es momento de repensar las estrategias para enfrentar la delincuencia y criminalidad organizada con el propósito de generar su progresiva “domesticación”?

• TENER UN MODELO DE CONTROL TERRITORIAL. Aunque el desmonte del control de las organizaciones criminales sea improbable, vale la pena preguntarse si el Estado cuenta con un modelo para garantizar el control territorial y sobre su pertinencia, más allá de hacer operaciones puntuales sin vocación de permanencia.

Sin guerra, el Estado está llamado a pensar en modelos de intervención que generen condiciones para la libertad de los ciudadanos y el orden, capaces de disputar el control ilegal de los grupos criminales.