En la primera semana de octubre de 2024, el presidente Gustavo Petro, durante un acto de entrega de tierras a campesinos en Córdoba, en presencia del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso —designado como gestor de paz—, propuso reactivar el proceso de paz con los paramilitares, que ocurrió hace 20 años.
Más allá de una valoración sobre los logros, fracasos e impactos de la negociación con las AUC (2003-2006), hay algunos aprendizajes y aportes de este proceso que resultan útiles para las actuales agendas de paz y seguridad en Colombia.
Hay que recordar que parte del balance del proceso con los grupos paramilitares sacó a la luz múltiples falencias: no todas las estructuras paramilitares se desmovilizaron, varios de sus comandantes continuaron activos, y muchas armas y bienes asociados a estos grupos no fueron entregados. Además, algunos de los que se desmovilizaron no pertenecían a las AUC, y otros reincidieron rápidamente en actividades delictivas, lo que perpetuó las afectaciones a la población civil, entre otras consecuencias.
Sin embargo, la explicación sobre por qué un grupo armado como las AUC —en su momento con alcance nacional y poder consolidado, con plataforma ideológica y política reconocida, con amplias fuentes de recursos y fuertes nexos con el mundo político, la institucionalidad y otros sectores sociales— decide negociar y desmovilizar a sus principales comandantes y a sus estructuras armadas, se encuentra dispersa en diferentes testimonios de protagonistas e investigaciones.
Comprender las motivaciones detrás de este proceso cobra especial importancia hoy, cuando el Gobierno colombiano explora diálogos con estructuras criminales de alto impacto para su sometimiento a la justicia y desmantelamiento.
Ocho reflexiones frente a la Paz Total
Negociar con grupos armados en expansión o con dominio consolidado. Aunque diversos factores llevaron a los comandantes paramilitares a negociar y desmovilizar parte de su estructura, cualquier proceso de diálogo requiere incentivos claros y garantías sólidas, especialmente frente a grupos con poder territorial, recursos y nexos políticos y económicos. Negociar implica transformar sus planes, prioridades y presencia en el territorio.
Una negociación debe contribuir a superar la violencia. La negociación con los grupos paramilitares se centró en su desarme, desmovilización y reintegración, a cambio de beneficios jurídicos, sin abordar asuntos de mayor profundidad. Por eso, definir con claridad la agenda de negociación es clave para alinear expectativas, así como diseñar un plan que recupere el control territorial y transforme la gobernanza impuesta por estos grupos.
Verificar los acuerdos. La negociación con las AUC careció de un mecanismo de verificación eficaz que generara incentivos reales para cumplir lo pactado. Esta ausencia se reflejó en el recrudecimiento de la violencia y en graves impactos humanitarios, a pesar de los ceses de hostilidades. Contar con una verificación oportuna, creíble y con un mandato claro sobre el cumplimiento de los acuerdos no solo fortalece la legitimidad del proceso, sino que reduce significativamente el margen de incumplimiento. Temas como los ceses al fuego, el desarme, los listados de integrantes, los acuerdos humanitarios y las garantías de seguridad, entre otros, deben estar sujetos a verificación rigurosa.
Conocer bien al grupo armado es clave para definir metas de negociación. La falta de información oficial o pública sobre los paramilitares y sus líderes dificultó establecer metas claras y permitió, por ejemplo, la infiltración de personas ajenas al proceso. Esta debilidad les dio margen para imponer condiciones en la desmovilización. Por ello, es fundamental contar con capacidades institucionales sólidas que orienten las decisiones y garanticen el cumplimiento de los acuerdos.
Supervisión externa impulsa acuerdos más sólidos y efectivos. La presión nacional e internacional permitió que el proceso con los paramilitares, pese a los incumplimientos y la violencia, ofreciera mayor claridad sobre sus objetivos. La incorporación de un mecanismo de verificación a mitad del camino ayudó a detectar grietas y riesgos tras la desmovilización. Además, el rol activo de sectores políticos, las Cortes y organizaciones de derechos humanos permitió tener un marco jurídico mejor que el original, especialmente en favor de los derechos de las víctimas y el esclarecimiento de vínculos con esferas políticas, económicas e institucionales.
Alinear las agendas de paz y seguridad durante la negociación. Aunque la confrontación con la Fuerza Pública era poca, la agenda de seguridad incidió en la decisión de los paramilitares de negociar y desmovilizarse, así como el Plan Colombia y la política de seguridad democrática. Hay que generar garantías de seguridad para la negociación y la implementación de acuerdos —especialmente cuando se mantienen activas otras amenazas y grupos—, y contar con estrategias de seguridad frente a incumplimientos o si fracasan las negociaciones.
Reducir el margen de interpretación e incertidumbre. La ausencia de acuerdos precisos en el proceso con los paramilitares permitió que las partes hicieran interpretaciones propias. Reducir los márgenes de interpretación sobre lo acordado y las incertidumbres jurídicas, políticas y frente lo que ocurrirá tras la desmovilización, debe ser una de las prioridades de una negociación de este tipo, especialmente con comandantes y mandos medios que son quienes jalonar el proceso.
Un marco jurídico que sea el resultado de procesos democráticos. Algunos de los elementos diferenciadores y aportes de Justicia y Paz son: 1. Su aprobación y puesta en marcha tras pasar por el Congreso y la revisión de las Cortes, no como decisión de las partes. 2. Su contribución a visibilizar a las víctimas y sus derechos. 3. Su contribución a esclarecer el fenómeno paramilitar, sus crímenes, máximos responsables y nexos con diversos sectores. 4. Sus fortalezas y debilidades como componente adicional de la estructura judicial ordinaria.
Este análisis hace parte de una serie que ha presentado la FIP a lo largo de 2024, con la intención de rescatar la experiencia acumulada de pasados procesos de paz y dinamizar la reflexión pública sobre escenarios de naturaleza similar en Colombia. La serie empezó con la publicación de “La última negociación del Clan” que reconstruye la experiencia entre 2016 y 2018, y se suma una segunda titulada “Inventarios olvidados para preguntas vigentes sobre sometimientos a la justicia: el caso ERPAC”, que aborda el proceso entre 2011 y 2012 con este grupo.
Conozca las lecciones que dejó el proceso de negociación que más ha logrado avanzar con el Clan del Golfo (finales de 2015 a 2018), de cara a la posibilidad de su sometimiento a la justicia en el marco de la Paz Total. Esta investigación contó con el apoyo de las embajadas de Canadá y Noruega. Leer artículo completo
El caso del ERPAC representa una de las principales experiencias de sometimiento colectivo a la justicia de un grupo de crimen organizado en Colombia. Hoy, a la luz de la política de Paz Total, este proceso ofrece lecciones y paralelos que invitan a repensar cómo abordar el sometimiento del crimen organizado. Leer artículo completo