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Barranquilla atraviesa una de sus etapas más críticas en materia de violencia. Según la Policía Nacional, 2024 cerró con 487 homicidios, la cifra más alta en dos décadas, y con un incremento alarmante de la extorsión, que en tres años creció 458 % según las denuncias registradas. En lo corrido de este año, hasta finales de agosto, la mayoría de los delitos que afectan la seguridad ciudadana seguían en aumento, entre ellos las amenazas, el homicidio, la extorsión, el hurto, las lesiones personales y la violencia intrafamiliar.
En medio de esta crisis, que tiene como telón de fondo las disputas entre organizaciones criminales, desde mayo se han hecho varios anuncios que apuntan a la instalación de una mesa de paz urbana —denominada por la Consejería Comisionada de Paz como Mesa Interinstitucional de Paz— en la capital del Atlántico.
A finales de agosto, el jefe de Los Costeños, Jorge Eliécer Díaz Collazos (‘Castor’), le envió una carta al Gobierno Nacional para anunciar un “cese de actividades delictivas” en la ciudad y su área metropolitana. Este 2 de octubre se conoció una nueva noticia al respecto: ‘Castor’ y Digno Palomino (jefe de Los Pepes, la banda rival de Los Costeños) firmaron un documento de cuatro puntos que formaliza una tregua entre ambas estructuras.
Ese gesto tiene varios antecedentes. ‘Castor’ ya había pedido pista en la Paz Total en 2023 y 2024, pero sin éxito. En marzo de este año, los jefes de las dos bandas le solicitaron al consejero comisionado para la paz, Otty Patiño, que se abriera una mesa de diálogos.
En mayo, el presidente Petro anunció el inicio de diálogos con las bandas criminales “juveniles” de Barranquilla, incluyendo a miembros de organizaciones que hoy están en prisión. En su momento, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, confirmó la existencia de “un principio de acuerdo” para “negociar” los términos de un eventual proceso de paz con las dos organizaciones. Sin embargo, hasta ahora, las mesas aún no se han instalado de manera formal.
Esta semana, desde la cárcel La Picota en Bogotá, se oficializó una tregua temporal hasta el 20 de enero de 2026. Los cabecillas de ambos grupos se comprometieron, entre otros asuntos, a desescalar el conflicto a través de la reducción de delitos como el homicidio, el hurto y la extorsión.
Tregua, ¿una jugada para ejercer presión?
La carta de ‘Castor’ y la formalización de la tregua pueden interpretarse como un gesto para presionar la instalación formal de un espacio de diálogo sociojurídico, como los que ya tiene en marcha el Ejecutivo en Medellín, Buenaventura y Quibdó. Incluso, en el anuncio de la tregua, los dos jefes criminales convocan a otras organizaciones de la ciudad y el Atlantico a que “se sumen al proceso de paz urbana”. No obstante, las particularidades del contexto barranquillero requieren profundizar en los riesgos y desafíos de una eventual mesa de conversaciones.
La tregua puede tener un impacto importante en la reducción de algunos delitos, así como si se inicia una mesa de negociación. Sin embargo, lo que se ha visto en las otras mesas urbanas es que bajo el escenario de diálogo pueden disminuir las acciones ofensivas judiciales y policivas en contra de las bandas, lo que se convierte en un incentivo para que fortalezcan rentas ilícitas. Algo que también puede servirles a quienes están actualmente privados de la libertad, como ‘Castor’ y Palomino.
Otra variable que pone en desventaja del Estado, en su rol de negociador, es el limitado conocimiento que tienen las autoridades locales y nacionales sobre estas organizaciones. Pese al innegable control que hoy tienen Los Costeños y Los Pepes en Barranquilla, se encuentran en un periodo adolescente si se comparan con estructuras criminales como las de Medellín y el Valle de Aburrá, las cuales han acumulado décadas de experiencia tanto en procesos de diálogo como en sofisticación de sus esquemas de gobernanza criminal.
La FIP advirtió en su más reciente informe sobre la evolución del crimen organizado en el país, que la capacidad que posee la nueva generación del crimen para adaptarse rápidamente a las acciones del Estado, contrasta con la dificultad que éste y sus instituciones tienen para modificar sus estrategias para enfrentarlo.
Tampoco hay que perder de vista el renombramiento de Los Costeños de cara a una mesa con el Gobierno. En la carta enviada por ‘Castor’ en agosto, su estructura aparece denominada como “Bloque Resistencia Caribe”. Para investigadores como Luis Fernando Trejos, profesor de la Universidad del Norte, se trata de un “alter ego” que Los Costeños intentan posicionar para limpiar su pasado criminal y mostrarse como un actor político.
Así se mueve la criminalidad en Barranquilla
En la capital del Atlántico persiste hoy una disputa entre varias agrupaciones criminales con diferentes capacidades para ejercer el control territorial sobre rentas ilícitas. Ninguna de ellas ejerce una gobernanza criminal consolidada.
La actual generación de bandas en Barranquilla es el resultado de transformaciones que se han dado en los últimos 20 años, tras la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). En 2013, en medio de múltiples disputas, la fragmentación de Los Rastrojos dio origen a Los Costeños, grupo en el que trabajaban de la mano ‘Castor’ y Digno Palomino. Posteriormente, de esta banda surgió una disidencia encabezada por Palomino: Los Pepes. Hoy, ambas estructuras concentran y dinamizan la actividad criminal en la ciudad y su área metropolitana.
Para ampliar y fortalecer su portafolio criminal —que abarca extorsión, sicariato, cobros y microtráfico— estas estructuras subcontratan a pequeños grupos de delincuencia común, como bandas y pandillas de barrios marginados. Existe además otra capa: gracias a su control y conocimiento del territorio, Los Pepes y Los Costeños son contratados bajo la modalidad de franquicia por organizaciones de alcance nacional, como el Clan del Golfo (o Ejército Gaitanista de Colombia), lo que asegura la articulación de rentas transnacionales como el narcotráfico.
En la actualidad, la relación entre el Clan del Golfo y Los Costeños se encuentra fracturada, lo que ha derivado en disputas abiertas. De manera paralela, persisten enfrentamientos entre Los Costeños y Los Pepes, configurando un escenario de fragmentación y competencia dentro del crimen organizado en Barranquilla.
De acuerdo con el último informe del Observatorio de Seguridad Ciudadana de la Universidad del Norte (2023), los principales ejes dinamizadores del homicidio en esta ciudad son las disputas entre actores criminales por el control de rentas ilícitas, la extorsión, el robo de tierras, los prestamos “gota a gota”, la intolerancia y el hurto.
La alerta por el aumento de homicidios y extorsiones
En Barranquilla, el homicidio y la extorsión no dan tregua. El cierre del 2024 resultó ser el más violento en las últimas dos décadas con una tasa de 36,49 homicidios por cada 100.000 habitantes, lo que representa un total de 487 casos. Esta tendencia pareciera no revertirse para esta vigencia: al cierre de agosto del 2025, se habían reportado 308 casos de homicidio, un aumento de 5.1% en comparación con el mismo periodo del 2024.
Con respecto a la extorsión, del 2021 al 2022 los casos aumentaron 164 % pasando de 157 a 415 casos, y en 2023 los casos llegaron a 877. Aunque en 2024 se reportó una leve disminución (-8.78 %), la extorsión sigue siendo uno de los fenómenos de inseguridad que más afectan a la capital del Atlántico, considerando además que las cifras provienen de denuncias de un delito del que se presume un alto subregistro.
Y aunque estos datos no son alentadores, la percepción de la ciudadanía sí parece serlo. De acuerdo con la última encuesta de percepción ciudadana de Barranquilla Cómo Vamos (2024), el 43 % de los habitantes se sienten seguros en la ciudad, lo que dista significativamente del 29 % reportado durante el 2023. Una cifra que puede deberse a que los homicidios están concentrados solo en unos sectores de la ciudad.
Los atracos callejeros (65,2%) y las pandillas (38,3) son las mayores preocupaciones de los barranquilleros. En ciudades como Bogotá, para este mismo año la percepción de seguridad fue de un 20,1% versus un 47,9% de percepción de inseguridad.
Algunas recomendaciones
Sobre la situación de seguridad en Barranquilla y el Atlántico y las expectativas de una mesa de negociación, desde la FIP llamamos la atención sobre cinco asuntos.
El involucramiento de los gobiernos locales puede ser de mucha utilidad para el proceso de diálogo, pero no por ello se deben dejar de lado los esfuerzos policiales y judiciales.
Las estrategias en seguridad demandan un conocimiento pormenorizado de las estructuras que tienen control en el territorio. Levantar inventarios criminales que permitan entender cómo se comportan es fundamental a la hora de establecer una negociación.
Las estrategias de seguridad son necesarias pero insuficientes para enfrentar el fenómeno. Políticas de largo aliento, por ejemplo, de prevención del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, son indispensables para mejorar las condiciones de convivencia y seguridad de la ciudad y el departamento.
Fortalecer al equipo negociador del gobierno Nacional es clave para definir una metodología clara y eficiente, así como las “líneas rojas” del Estado al momento de establecer acuerdos con organizaciones criminales.
La negociación debe contemplar un seguimiento riguroso a las condiciones de reclusión y a las dinámicas que contribuyan al cumplimiento de acuerdos entre las organizaciones criminales orientados a reducir la violencia, para evitar que se traduzcan en su fortalecimiento.