Casi 10 años después de la firma del Acuerdo de Paz con las FARC, Colombia mantiene compromisos de sustitución de cultivos de uso ilícito con cerca de 80.000 familias en 61 municipios. Cumplirles y convertir esos acuerdos en una transformación duradera de los territorios será una de las principales tareas del actual gobierno, según el informe Cerrar los compromisos de la sustitución gobernando el territorio, de la Fundación Ideas para la Paz (FIP).
El documento examina la trayectoria del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), creado tras el Acuerdo con las FARC, y los avances y limitaciones de RenHacemos, la estrategia puesta en marcha durante el Gobierno de Gustavo Petro. Una de las conclusiones centrales es que el Estado debe cerrar las obligaciones pendientes, pero también evitar que la sustitución se reduzca a entregar recursos o a verificar la erradicación de hectáreas: el objetivo es construir alternativas económicas capaces de mantenerse en el tiempo.
Una deuda que atraviesa tres gobiernos
El PNIS nació con la intención de contribuir a superar las condiciones económicas y sociales que favorecen la presencia y persistencia de los cultivos ilícitos. Su diseño contemplaba acuerdos voluntarios con las familias, asistencia económica, proyectos productivos y articulación con la Reforma Rural Integral y los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).
Sin embargo, su implementación acumuló retrasos. En 2022, al finalizar el Gobierno de Iván Duque, apenas el 3,5 % de las familias vinculadas había culminado el Plan de Atención Individual (PAI). Durante la administración Petro se renegociaron obligaciones y se avanzó en su cumplimiento.
Según la información reportada por la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (DSCI) en julio de 2026, de las 79.518 familias que permanecían activas en el programa, 46.689 habían culminado su PAI. Esto equivale al 58,7 % de las familias activas. Las 32.829 restantes —el 41,3 %— todavía tenían compromisos pendientes.
El avance es significativo frente al rezago acumulado, pero no elimina la deuda. Para la FIP, el gobierno del presidente Aberlardo de la Espriella deberá completar la atención de esas familias y establecer qué obligaciones continúan pendientes con quienes suscribieron acuerdos colectivos.
La dimensión financiera también es considerable. El informe estima que la inversión acumulada del PNIS se acerca a los 2,72 billones de pesos. Aun así, la información disponible no permite determinar de manera consistente en qué medida esos recursos mejoraron los ingresos de los hogares, consolidaron actividades productivas sostenibles o redujeron su dependencia de la economía de la coca.
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El problema, por tanto, no se limita a la demora en los pagos y las entregas. El programa terminó concentrando buena parte de sus esfuerzos en el PAI, aunque su diseño original contemplaba una intervención más amplia sobre las condiciones territoriales que sostienen las economías ilegales.
La evaluación del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (CESED) de la Universidad de los Andes, retomada por la FIP en el informe, encontró resultados diferenciados. Algunos indicadores socioeconómicos mejoraron entre los hogares que tenían menor dependencia de la economía de la coca al ingresar al programa, mientras que las familias más dependientes experimentaron efectos adversos. El estudio también identificó incrementos de entre el 13 % y el 31 % en la deforestación en predios de beneficiarios y zonas colindantes, en un contexto de intervención sin una orientación ambiental efectiva.
Estos resultados muestran los límites de una estrategia que no consiguió articular oportunamente sus apoyos con las demás transformaciones rurales necesarias para sostener la sustitución.
RenHacemos: avances y desafíos pendientes
Durante el Gobierno Petro comenzó la implementación de RenHacemos, un programa que busca promover la transición hacia economías lícitas mediante procesos asociativos, participación comunitaria y articulación de los distintos eslabones de las cadenas productivas. A diferencia de una intervención concentrada en cada hogar, su propuesta incorpora explícitamente una mirada territorial y busca conectar producción, transformación, logística, distribución y comercialización.
El programa cuenta con alrededor de 45.000 familias inscritas en 26 municipios. El Gobierno le asignó cerca de 1,4 billones de pesos y, según el balance de la FIP, más de la mitad de las familias vinculadas ya se encontraba en la etapa de establecimiento de nuevos cultivos y desarrollo de procesos productivos.
En julio de 2026 se reportó que Naciones Unidas había verificado 15.000 hectáreas de sustitución voluntaria de coca, principalmente en Putumayo, Nariño, Norte de Santander, Cauca, Chocó, Antioquia y Vichada. El universo de familias inscritas representa un potencial estimado de sustitución superior a las 50.000 hectáreas. Sin embargo, esas cifras no deben confundirse: el potencial asociado a los hogares vinculados no equivale a hectáreas efectivamente sustituidas ni demuestra, por sí solo, que la reducción sea sostenible.
La FIP reconoce avances en el modelo de atención, la participación de las comunidades y la construcción de confianza. No obstante, advierte que todavía no ha transcurrido el tiempo suficiente para establecer si RenHacemos logrará consolidar alternativas económicas duraderas.
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Además, el programa reproduce algunos problemas de experiencias anteriores. La vinculación de familias en predios dispersos, sin continuidad geográfica, puede debilitar el enfoque territorial y terminar en una suma de intervenciones individuales. A esto se añade una focalización amplia que no siempre responde a una estrategia clara de priorización y una oferta institucional que depende, principalmente, de la gestión de la DSCI, sin garantizar la coordinación de las entidades públicas alrededor de objetivos comunes.
El informe también examina la relación entre RenHacemos y los procesos de diálogo con organizaciones armadas. Aunque esa articulación ha abierto oportunidades para impulsar la sustitución en determinados territorios, la FIP advierte que la continuidad de los proyectos productivos no puede quedar supeditada a las negociaciones de paz. Tampoco se debe permitir que los grupos armados se conviertan en intermediarios de la acción estatal o que las intervenciones terminen reforzando las formas de gobernanza criminal que buscan transformar.
El territorio debe ser el punto de partida
Para la FIP, una de las principales lecciones de los programas de sustitución es que los compromisos individuales no bastan para modificar las condiciones que mantienen la economía de la coca. La intervención debe partir de territorios concretos y articular instrumentos de política pública de acuerdo con sus características, capacidades productivas, condiciones de seguridad y oportunidades de acceso a mercados.
Esto implica coordinar la sustitución voluntaria con inversiones en infraestructura, formalización de la propiedad, bienes y servicios públicos, asistencia técnica, crédito, comercialización y protección ambiental. También requiere una estrategia de seguridad que permita a las comunidades desarrollar actividades legales sin quedar expuestas a las presiones de los grupos armados que controlan o disputan esas economías.
El informe propone priorizar territorios con criterios explícitos, entre ellos la concentración y persistencia de los cultivos, la importancia de esas economías para las organizaciones criminales, las posibilidades reales de inserción en mercados legales y las condiciones de seguridad. En lugar de dispersar recursos, la intervención debe concentrarse en unidades territoriales donde las acciones puedan complementarse y producir resultados colectivos.
La clave está en capitalizar las inversiones realizadas y la disposición de las comunidades a transitar hacia otras actividades productivas
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La coordinación institucional es otro requisito. La sustitución no puede depender exclusivamente de la entidad encargada de administrar el programa: necesita que las distintas agencias del Estado concurran con responsabilidades, recursos, plazos y metas verificables. De lo contrario, los proyectos productivos pueden quedar aislados de las inversiones públicas y de las condiciones de seguridad que necesitan para sobrevivir.
La evaluación de los resultados también debe ir más allá del número de familias atendidas, los recursos ejecutados o las hectáreas erradicadas. Es necesario medir si los cultivos vuelven a sembrarse o se desplazan a otras zonas, si los hogares consiguen ingresos legales estables, si los proyectos productivos continúan funcionando, si acceden a mercados y si disminuye la influencia de las economías y estructuras criminales.
Cerrar los compromisos sin repetir los errores
La FIP plantea dos tareas inmediatas para el actual gobierno: completar las obligaciones pendientes del PNIS y garantizar la continuidad de los compromisos adquiridos con las familias de RenHacemos. En el primer caso, esto supone atender a cerca de 33.000 familias que aún no han culminado su plan individual, además de esclarecer las obligaciones con quienes suscribieron acuerdos colectivos. En el segundo, implica dar continuidad a los procesos en marcha que tengan viabilidad, sin generar expectativas que el Estado no pueda respaldar.
El informe recomienda no abrir un nuevo programa de sustitución ni crear otra ronda de compromisos sin resolver los anteriores. Para la FIP, la clave está en capitalizar las inversiones realizadas y la disposición de las comunidades a transitar hacia otras actividades productivas mediante una política focalizada, articulada y orientada a resultados.
La sustitución de cultivos no puede evaluarse únicamente por lo que ocurre en las parcelas. Su sostenibilidad depende de que las familias encuentren alternativas económicas reales y de que el Estado transforme las condiciones que han permitido la persistencia de la coca durante décadas.
La prueba para la administración de De la Espriella será, en suma, pasar del cumplimiento de compromisos individuales a una intervención territorial sostenida: una que combine desarrollo económico, presencia institucional, seguridad y participación comunitaria. Sin esa articulación, la erradicación puede convertirse en un resultado transitorio; con ella, la sustitución puede contribuir a reducir de manera duradera la dependencia de las economías vinculadas a la coca.