¿Qué pasó?
El pasado 13 de septiembre, el Comando de la Séptima División del Ejército anunció que, tras hechos denunciados por habitantes de la vereda Bocas del Manso, en Tierralta, Córdoba, se evidenció la participación de soldados del Batallón de Infantería N.33 “Batalla de Junín”, de la Décima Primera Brigada “en actos de violencia contra la población civil y de especial protección constitucional”. Un día después, el general Luis Mauricio Ospina, comandante del Ejército, anunció que se separaba del mando a 10 soldados y que la Fiscalía y la Procuraduría tomarán acciones de carácter penal y disciplinario.
La reflexión
Estos hechos, repudiables, deben analizarse con cuidado para evitar el énfasis que algunos sectores dan a enfrentamientos entre la Fuerza Pública y la población civil, perdiendo de vista problemas de fondo, como prácticas frecuentes de abuso de la fuerza o señalamientos a la población civil como aliada de la ilegalidad.
En un estado social de derecho, como el colombiano, el uso de la fuerza está concentrado en la Fuerza Pública. Por ello, desde ningún punto de vista esta puede ser utilizada en contra de la población civil, justificando o enquistando la idea de que la población civil está cooptada o es aliada de la ilegalidad. Estas ideas perpetúan y legitiman hechos como el que estamos viviendo. Hechos que alarman, pero que no, necesariamente, terminan en el esclarecimiento, la condena y mucho menos en transformaciones profundas y menos cosméticas.
La FIP invita a revisar diferentes aportes que hemos hecho para entender este tipo de fenómenos de manera diferenciada: las responsabilidades son compartidas, no se trata de “algunas manzanas podridas”, y los impactos no son solo humanitarios, si no en la legitimidad del Estado.
También es una invitación a reflexionar sobre esa tensión permanente frente a hechos de abuso de autoridad y hechos donde la población retiene a integrantes de la Fuerza Pública que benefician políticamente a diferentes sectores sin solucionar los problemas de fondo.
Uso y abuso de la fuerza letal
Los estudios revelan que la mayoría de los casos en que se usa la fuerza letal no son investigados en América Latina y que no suele haber rendición de cuentas, responsabilidades ni incentivos para contener su uso excesivo. Eso es problemático en la medida en que el uso ilegítimo de la fuerza letal tiene efectos negativos en la sociedad: no solo erosiona la imagen de las instituciones de seguridad y del Estado, sino que propicia el aumento de la violencia.
Se necesitan cifras concretas sobre el uso y abuso de la fuerza letal para contar con mejores elementos al momento de diseñar políticas de prevención para esta problemática.
Las autoridades deben abstenerse de realizar declaraciones que alienten el uso de la fuerza letal por parte de la Fuerza Pública, mucho menos justificar abusos. Frases como 'un buen criminal es un criminal muerto’ o 'una bala, una muerte’, no son excepcionales en funcionarios públicos y candidatos de la región.
En Colombia, entre 2018 y 2020, hubo 697 civiles muertos con arma de fuego, presuntamente, por el accionar de la Fuerza Pública. Una cifra preocupante que deben analizarse en un contexto de crecimiento de la protesta social.
La efectiva supervisión y control civil sobre el uso de la fuerza por parte de los agentes públicos sigue siendo una tarea pendiente en Colombia. Del total de civiles muertos, presuntamente por la Fuerza Pública con arma de fuego, entre el 2018 y el 2020, la Fiscalía ha abierto investigación en menos del 10% de los casos. Por otro lado, en este mismo periodo se registraron 388 agentes muertos por homicidio con arma de fuego.
Se acaba de presentar en México un estudio comparativo sobre el uso de la fuerza letal en cinco países de Latinoamérica, entre ellos Colombia, en el que participó la FIP. La investigación desarrolla indicadores para medir el uso de la fuerza letal con el fin de ayudar a entender el fenómeno y propone medidas para prevenir los abusos. ¿Cómo está Colombia? Leer artículo completo
La segunda edición del Monitor de la Fuerza Letal es un estudio colectivo y regional que incluye a ocho países. El análisis recoge cifras del uso de la fuerza letal en incidentes en los que participan agentes del Estado, con miras a entender el fenómeno y prevenir su abuso. La FIP lideró el análisis en Colombia. Leer artículo completo
Civilizar la seguridad
La política de seguridad debe dar cuenta de la interacción y articulación entre los niveles nacional, departamental y municipal, apuntando a una simetría entre la Fuerza Pública y el poder político de alcaldes y gobernadores.
Las acciones más recurrentes del Gobierno Nacional se limitan al uso de la Fuerza Pública, lo que supone un riesgo frente a potenciales violaciones de derechos humanos que agravan las condiciones de legitimidad de las instituciones en los territorios.
La intervención militar no supone una mejora en los indicadores de violencia ni en la percepción de seguridad.
Existe una debilidad de las instituciones para ejercer el papel regulatorio, lo que hace que otros actores impongan otro tipo de regulaciones.
La FIP analizó las más recientes intervenciones militares en Briceño y Caucasia, y los hallazgos sirvieron para elaborar seis recomendaciones de política pública que le apuntan a civilizar la seguridad ciudadana. La tarea es necesaria en regiones como el Bajo Cauca, que afronta una grave crisis de violencia. Conozca la investigación. Leer artículo completo
Persecución penal eficaz
Uno de los aspectos centrales para el control y la supervisión de la Fuerza Pública es contar con un esquema de persecución penal eficaz. Los eventuales excesos de parte de miembros de la Policía o de las Fuerzas Militares son inevitables en cualquier lugar del mundo. Lo esencial es que exista un sistema adecuado para la investigación y sanción de estas conductas. Esto es fundamental para disuadir los abusos, elevar un reproche social severo en su contra y para que la sociedad y el Estado tengan claridad sobre cómo sucedieron y cómo evitarlos.
En caso de que no sea posible modificar la Constitución o aplicar normas jurisprudenciales estrictas para excluir a la Justicia Penal Militar y Policial de la persecución de conductas que no vulneran bienes jurídicos estrictamente militares o policiales, proponemos definir una jurisdicción autónoma, que funcione a partir de paneles híbridos compuestos por jueces y magistrados oficiales y civiles.
Análisis
Análisis FIP/FESCOL: Persecución penal de delitos cometidos por miembros de la Fuerza Pública
Aunque los excesos de la Fuerza Pública son inevitables en cualquier lugar del mundo, es imprescindible que exista un sistema adecuado para investigar y sancionar estas conductas. ¿Cómo estamos en Colombia? Análisis del grupo de trabajo conformado por la FIP y FESCOL. Leer artículo completo
Liderazgo civil
Los civiles tienen un rol fundamental y no pueden limitarse a una participación burocrática y mecánica en las posiciones de responsabilidad política. Por un lado, es necesario que ejerzan direccionamiento, supervisión y control desde una visión democrática y con criterios técnicos; por otro, su liderazgo debe contribuir a que la Fuerza Pública y la sociedad reconstruyan mutuamente la confianza y el respeto, se restablezca la conexión con la ciudadanía y se reconozca la legitimidad del Estado y su Fuerza Pública.
Personas que han cometido delitos no son incapacitadas ni sancionadas drásticamente, lo cual debilita el control civil y democrático sobre la Fuerza Pública, la legitimidad del Estado y la confianza en la Policía y las Fuerzas Militares. Por ello, entre otras recomendaciones, se debería fortalecer la jurisdicción penal ordinaria para delitos presuntamente cometidos por los miembros de la Fuerza Pública. También aclarar y delimitar la competencia de la justicia penal militar y policial, y asegurar su independencia.
La estabilidad de la democracia requiere fortalecer el control político ejercido por el Legislativo sobre la Fuerza Pública y las autoridades civiles del sector.
Es necesario crear incentivos y condiciones adecuadas que impulsen a las Fuerzas a adoptar la decisión de cumplir las reglas establecidas y que estos incentivos sean más fuertes que los orientados a incumplirlas. Esto se logra impulsando la discrecionalidad y la autonomía mediante procesos y herramientas que los inciten a tomar decisiones ajustadas a la ley.
Análisis
INFORME | Siete recomendaciones para direccionar la seguridad y fortalecer los mecanismos de control
El grupo de trabajo de la FIP y FESCOL, conformado por 11 expertos en Policía y seguridad, presenta siete recomendaciones que resaltan la importancia de la calidad del liderazgo civil en la seguridad y el impacto que generan acciones y omisiones de diversas instituciones en su direccionamiento, supervisión y el control de la Fuerza Pública. Leer artículo completo
Transformación del Ejército
El rol del Ejército en el contexto de transición por el que atraviesa Colombia está en parte determinado por el éxito de la institución en ajustar su visión estratégica a las realidades de la sociedad y la violencia armada.
A pesar de que cada proceso de transformación es diferente, existen retos comunes que pueden enfrentar todas las instituciones: demoras en las reformas, fatiga del proceso de cambio, conflictos de intereses sobre los objetivos y su implementación, complejidad del proceso o incoherencia, renuencia a la transformación, brechas de capacidades e inconsistencias en los objetivos con respecto al marco legal nacional.
El rol del Ejército, en el marco del contexto de transición por el que atraviesa Colombia, está en parte determinado por el éxito de la institución en ajustar su visión estratégica a las realidades de la sociedad y la violencia armada. Leer artículo completo
Protección de la población
Una evaluación de resultados requiere un cambio de estrategia que se focalice en la protección de la población y no en el control territorial, porque ocupar una zona militarmente no implica la reducción de los fenómenos criminales.
La persecución de grupos armados solo debe ser parte de una estrategia que permita garantizar la protección de la sociedad. La función de bienestar social debe evaluar, entonces, la cantidad de vidas que se preservan y las mejoras sociales que recibe la comunidad gracias a las actividades de las Fuerzas Militares.
Articulación entre civiles y militares
Pasar del control militar al control institucional de los territorios no será posible sin una comprensión compartida de las entidades del Estado sobre el vínculo de las condiciones de seguridad con factores sociales, políticos, económicos, institucionales y medioambientales, y un replanteamiento de la forma en que los programas del gobierno llegan a los territorios. Este proceso no surge sin un liderazgo civil que genere condiciones para la articulación y la colaboración entre las instituciones y los demás actores.
A diferencia de las intervenciones interagenciales tradicionales en materia de seguridad, la Acción Unificada responde a directrices gubernamentales concretas que establecen la necesidad de trabajar de forma articulada y colaborativa para producir resultados sostenidos, sostenibles e integrales que, a su vez, respondan a los retos de la seguridad multidimensional.