La investigación, titulada Monitor del Uso de la Fuerza Letal en América Latina: Un estudio comparativo de Brasil, Colombia, El Salvador, México y Venezuela, cuenta con la participación de Jerónimo Castillo, director del área de Seguridad y Política Criminal de la FIP y la investigadora Manuela Suárez, encargados de documentar el caso de Colombia, junto con el experto en seguridad, Hugo Acero.
Los resultados del estudio revelan que la gran mayoría de casos en que se usa la fuerza letal no son investigados en América Latina y que en estos países no suele haber rendición de cuentas, responsabilidades ni incentivos para contener su uso excesivo. Eso es problemático en la medida que el uso ilegítimo de la fuerza letal tiene efectos negativos en la sociedad: no solo erosiona la imagen de las instituciones de seguridad y del Estado, sino que propicia el aumento de la violencia.
El estudio muestra que hay un uso excesivo de la fuerza en casi todos los países estudiados: para 2017, por ejemplo, la proporción de homicidios por arma de fuego provocados por intervenciones de agentes de seguridad pública en servicio fue de 7.3 en Brasil, 1.5 en Colombia, 10.3 en El Salvador y de 25.8 en Venezuela. De igual forma, revela indicadores para civiles muertos por cada 100.000 habitantes, civiles muertos por cada 1.000 agentes, civiles muertos por cada 1.000 detenciones y civiles muertos por cada 1.000 armas incautadas, entre otros.
Colombia, a la baja
Llama la atención que los indicadores de Colombia son significativamente más bajos que el resto de países. Por ejemplo, mientras que en Venezuela el número de personas muertas por el Estado es incluso mayor que el de Brasil —a pesar de contar con una población casi siete veces menor—, Colombia es el único país del estudio que revela valores inferiores a uno. Lo mismo sucede con los indicadores de casos de abuso de la fuerza: solo Colombia revela valores reducidos.
Hay únicamente un indicador en que el país tiene el mayor número de víctimas, y es el de los agentes del Estado que han sido víctimas de homicidio en el ejercicio de sus funciones (143).
Al final, las recomendaciones del estudio van desde la necesidad de contar con un registro preciso sobre personas muertas y heridas en incidentes con miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, hasta los mecanismos administrativos de monitoreo y de prevención del uso abusivo de la fuerza letal que deben crear los Estados.
Una de las recomendaciones más importantes para el caso Colombia, es la vinculación de los órganos de control, en el seguimiento de las políticas de seguridad ciudadana y el uso de la fuerza.