La FIP participó en la COP16 porque cree en la importancia de conectar personas, agendas e iniciativas. "Hay que conectar la biodiversidad con la seguridad territorial, la construcción de paz, la política de drogas y la sostenibilidad de la mano del sector empresarial", dice nuestra directora, María Victoria Llorente.
Para la FIP, conectar significa buscar oportunidades para la acción. Por eso, nuestros mensajes principales en uno de los eventos ambientales más importantes del planeta fueron:
Creemos en la importancia de abordar la seguridad territorial como condición para la protección del ambiente.
Urge fomentar un diálogo que apunte a fortalecer estrategias transnacionales contra los delitos ambientales.
Hay que avanzar en la comprender los impactos negativos de la política de drogas en el ambiente e identificar oportunidades.
El sector empresarial es un actor clave para hacer coincidir los esfuerzos de la protección de la diversidad con la agenda de acción climática y desarrollo.
Durante la COP16, el equipo de la FIP participó en varios espacios donde presentamos los hallazgos de nuestros análisis para nutrir el diálogo político sobre diversidad desde la investigación.
Entre ellos, organizamos un laboratorio de ideas sobre conflicto y 'paz con la naturaleza' en el que participaron miembros de organizaciones de la sociedad civil, entidades ambientales, activistas y ciudadanía. Allí presentamos los aprendizajes de nuestra experiencia en el seguimiento de crímenes ambientales, profundizamos en la normativa institucional disponible y planteamos una serie de retos para la contención de estos delitos.
Como resultado del diálogo, llegamos a un acuerdo: la conservación de la biodiversidad es urgente, sobre todo en contextos de conflicto. Para ello, se necesita fortalecer la pedagogía ambiental y la seguridad territorial, en aras de garantizar condiciones para su protección.
El impacto de las guerras y los conflictos internos en el medio ambiente
En conjunto con la iniciativa Aguanta Ucrania y la alcaldía de Cali, nuestra directora, María Victoria Llorente, moderó una conversación sobre el impacto de las guerras y los conflictos internos de los países en el medio ambiente. Los invitados fueron tres alcaldes de Ucrania cuyas ciudades han sido afectadas de diferentes maneras por la invasión rusa, una alcaldesa de Uganda, país que ha sufrido durante los últimos 20 años una guerra civil y, el alcalde de Cali, que sufre el impacto de la minería ilegal en los Farallones.
Este espacio sirvió para hablar de responsabilidad y rendición de cuentas de hechos que afectan al medio ambiente en medio de guerras y contextos de conflicto armado.
"La conversación con los alcaldes ucranianos fue una oportunidad inédita para acercarnos, a través de testimonios directos, a los efectos devastadores de la guerra. Cuando hablamos de los efectos ambientales de las guerra, no los tipificamos como delitos, sin embargo, debemos crear conciencia de que, en efecto, son crímenes", añade María Victoria. Reviva el panel
Otras participaciones
Guerra contra las drogas
Ana María Rueda, coordinadora de la línea de política de drogas de la FIP, participó en varios paneles sobre los efectos ambientales del narcotráfico y las políticas de drogas. Ana insistió en que la prohibición fortalece economías ilegales y fomenta la deforestación. También destacó el potencial de la regulación de las drogas para reducir impactos ambientales y la necesidad de reconsiderar el uso de glifosato, debido a sus efectos en la salud y el medio ambiente.
"Aunque se conocen algunos daños que el cultivo, la producción y el tráfico de drogas generan al ambiente, estos daños no deben ser el argumento para continuar con actividades tradicionalesde la lucha contra las drogas como la interdicción, la erradicación o la criminalizacion de personas vulnerables", dijo Ana en un panel organizado por el Cancillería colombiana.
Acuerdo de Escazú y sector empresarial
Juanita De la Hoz, directora de Conducta Empresarial Responsable en FIP, participó en el foro "Acuerdo de Escazú: ¿Marco jurídico regulatorio frente al desplazamiento ambiental?, moderado por la Consejería de Derechos Humanos.
Allí destacó que la implementación de Escazú requiere una articulación más amplia que incluya a empresas, organizaciones sociales y autoridades, enfatizando los retos de reparación y acceso a la justicia como claves para un cambio real. "La legislación no puede seguir estando concentrada en las grandes empresas o industrias legales. Hay que entender la informalidad e ilegalidad", dijo Juanita.