La promulgación de la Ley 1761 de 2015, o Ley Rosa Elvira Cely, fue una conquista de las organizaciones de mujeres y un paso importante para reconocer que el feminicidio no es cualquier crimen, sino la expresión más extrema del machismo y la desigualdad.
Pero, 10 años después, los desafíos para implementarla se mantienen. ¿Qué tanto ha cambiado la realidad de las mujeres en el país? Aquí analizamos los avances y las deudas.
La Ley, un paso importante, pero con muchos pendientes
El feminicidio es más que un asesinato: es la evidencia de una cultura que sigue creyendo que el cuerpo, las decisiones y la vida de las mujeres pueden ser controlados.
La Ley 1761 lo tipificó como delito autónomo y estableció mecanismos para su investigación y sanción. Sin embargo, su implementación ha estado lejos de ser eficiente.
Persisten prejuicios en el sistema judicial, la atención a las víctimas es deficiente —especialmente en zonas rurales— y la impunidad sigue siendo la regla. La ley ha servido para cerrar vacíos jurídicos, pero no ha logrado transformar las condiciones estructurales que permiten que la violencia contra las mujeres continúe.
Urge mayor rigor en las cifras y el esclarecimiento
De acuerdo a Observatorio Colombiano de Feminicidios, en 2024 fueron asesinadas 872 mujeres. La Policía reportó 988 casos y la Defensoría del Pueblo, hasta noviembre, registró 198 feminicidios.
Estos datos reflejan una alta disparidad entre fuentes como la Fiscalía, los medios de comunicación y otras instituciones. Desde la FIP insistimos: contar feminicidios no es solo sumar casos. Es necesario desagregar la información, analizar los contextos y entender qué está ocurriendo para poder prevenir y atender de forma adecuada.
Urge que las entidades competentes investiguen con rigor los homicidios de mujeres y determinar cuándo se trata de feminicidios. No se trata solo de contar mujeres asesinadas, sino de esclarecer si fueron asesinadas por razones de género.
Se necesita un mayor compromiso de los medios
Aunque algunos medios de comunicación han avanzado en el tratamiento informativo con enfoque de género, aún persisten narrativas que revictimizan a las mujeres asesinadas. Titulares que presentan los feminicidios como hechos “pasionales” siguen siendo comunes, lo que impide reconocer las violencias estructurales detrás de estos crímenes.
En un contexto en el que la desinformación y los prejuicios pueden tener consecuencias graves, resulta importante construir canales y formatos que comuniquen de manera responsable. La cobertura del feminicidio no debería centrarse en el morbo sino en visibilizar las relaciones de poder que sostienen estas violencias, para promover una comprensión más profunda y transformadora desde la sociedad.
El cambio también empieza en las aulas
Poco se habla de esto, pero la Ley de Feminicidio contempla llevar la perspectiva de género a las instituciones educativas, desde el preescolar hasta el bachillerato.
La idea era clara: prevenir desde la raíz, desmontar creencias que normalizan el control, el machismo y la violencia. Pero esa parte de la ley ha sido prácticamente ignorada.
Según la Red Nacional de Mujeres, el Ministerio de Educación no ha aplicado la perspectiva de género en sus políticas, y la educación sexual sigue reducida a lo biológico, sin hablar de derechos, relaciones sanas o equidad.
Las redes de apoyo pueden prevenir un feminicidio
Cuando una mujer está siendo víctima de violencia, muchas veces es aislada de su entorno. La controlan, la vigilan, la alejan de sus vínculos familiares y sociales. Y en ese aislamiento, el riesgo aumenta.
Por eso, las redes de apoyo salvan vidas. A veces no se trata de intervenir de forma directa, sino de estar presentes: llamar, escribir, escuchar sin juzgar, acompañar.
También es importante entender que salir de una relación violenta puede tomar tiempo. Y que para muchas mujeres, su círculo cercano es la única protección que tienen.
Hoy, la tecnología también ofrece herramientas: botones de pánico, apps de emergencia, alertas a contactos. Aprender a usarlas y compartirlas puede hacer la diferencia en una situación de riesgo.
Si bien la Ley marcó un antes y un después al reconocer el feminicidio como un crimen específico y ligado a las relaciones de poder y desigualdad de género, su eficacia ha estado limitada por una débil implementación, una justicia aún permeada por estereotipos, cifras poco claras, narrativas que muchas veces revictimizan y un sistema educativo que ha ignorado su dimensión preventiva.
El desafío hoy es múltiple: mejorar la respuesta institucional, fortalecer la investigación y sanción, exigir una cobertura mediática responsable y, sobre todo, apostar por transformaciones profundas desde la educación y los vínculos comunitarios. Combatir el feminicidio no es solo castigar al culpable, es desmontar una cultura que lo permite. La prevención empieza mucho antes del crimen: en las aulas, en las familias, en las conversaciones cotidianas, en el respaldo silencioso pero firme de una red de apoyo. El camino está trazado, pero requiere voluntad, acción articulada, compromiso de las instituciones del Estado y sensibilidad colectiva.