El atentado terrorista contra la base aérea Marco Fidel Suárez, en la zona urbana de Cali, volvió a encender las alertas sobre la crisis de violencia que enfrenta el suroccidente del país. El ataque, que dejó seis personas muertas y más de 70 heridas, no es un hecho aislado, sino que se suma a una serie de eventos que vienen en aumento desde el 2023.
De acuerdo con las cifras del Dateo de la FIP, desde el 2023 y hasta julio de 2025 se han registrado al menos 245 hechos entre ataques a la infraestructura, ataques contra la Fuerza Pública y enfrentamientos en el norte del Cauca, Valle y su capital, Cali.
Desde el 2024 se han registrado ataques en Jamundí, en municipios del norte del Cauca y en Cali. De hecho, esta ciudad, la tercera más poblada del país, suma ocho atentados solo en lo corrido de 2025.
“El ataque de esta semana se le atribuye al frente Jaime Martínez de las disidencias de las FARC, que ha afectado de manera continua a la región del suroccidente. Hay que recordar los recientes atentados en Jamundí y en Cali, que se caracterizan por afectaciones con explosivos y contra la población civil”, explica Irina Cuesta, investigadora de la FIP.
ATAQUES DE GRUPOS ARMADOS 2016 - 2025
Las claves para entender la ola de violencia
Los grupos armados responsables de la violencia en Valle y Cauca se destacan por sus retaliaciones contra la Fuerza Pública y por aprovechar conmemoraciones para cometer atentados. De hecho, este carro bomba coincidió con el aniversario de la muerte de Arley Medina Prado, alias Jaimito, antiguo jefe del Frente 6 de las FARC, que operaba en esta región.
A mediados de junio, las autoridades señalaron a las estructuras disidentes como responsables de 24 atentados cometidos solo en una semana en el suroccidente del país, que se dieron en fechas cercanas a la conmemoración de la muerte de Johani Noscue, alias Mayimbú, antiguo jefe del Frente Jaime Martínez.
Aunque todavía no están confirmados los móviles del reciente ataque en Cali, el presidente Gustavo Petro señaló que podría estar ligado a la activación de la Operación Perseo II, que hace pocos días golpeó al Frente Carlos Patiño del Bloque Occidental del Estado Mayor Central (EMC), estructura a la que también pertenece el Jaime Martínez.
Hay que recordar que estos frentes participaban de la negociación de paz con el Gobierno Nacional hasta mediados de 2024. De hecho, una acción violenta del Bloque Occidental en Toribío, Cauca, fue el detonante para que el presidente Petro suspendiera el cese al fuego bilateral con el EMC en tres departamentos del suroccidente el 17 de marzo del año pasado, una medida que motivó el posterior levantamiento de esas estructuras de la mesa de diálogos.
Desde que el Bloque Occidental del EMC se apartó de las conversaciones de paz, ha acudido a las acciones terroristas para mostrar su poder y torpedear la política de paz total del gobierno Petro.
El impacto de los atentados en Cali
La capital del Valle juega un rol estratégico en la seguridad del suroccidente del país. Las dinámicas de violencia del norte del Cauca, el sur del Valle y municipios como Tuluá han impactado a la ciudad desde hace décadas.
Cali es el centro urbano más importante de la región, por lo que atrae el interés de los grupos armados para realizar acciones de alto impacto y participar en economías ilegales.
Durante el 2025, la Alcaldía de Cali y la Gobernación han reforzado conjuntamente el pie de fuerza y las autoridades han capturado a cabecillas de las disidencias, el ELN y bandas como los Shottas y los Espartanos, pero falta más apoyo regional y del Gobierno Nacional a las alertas de las entidades locales.
Los atentados de los últimos meses también son un llamado urgente para que la inteligencia se anticipe a estos hechos, pues Cali es hoy la ciudad capital con mayor riesgo.
La FIP ha insistido en que la violencia en el suroccidente del país requiere un abordaje integral y sostenido, además de mayor claridad en la estrategia de seguridad y articulación del Gobierno Nacional.
“Hoy uno de los mayores desafíos es comprender mejor las conexiones del entramado criminal de esta región, para poder innovar en respuestas eficaces”, asegura Cuesta.
La FIP rechaza todos estos hechos de violencia y envía un mensaje de solidaridad a las personas afectadas por este ataque.