La situación de inseguridad y violencia se sigue deteriorando a pasos agigantados en el país, y hoy se reviven escenas que no se veían desde hace más de treinta años. En los últimos diez días, el ‘Estado Mayor Central’ de las disidencias de las Farc ha perpetrado alrededor de 40 actos terroristas en el suroccidente del país, entre ellos el mayor ataque contra la población civil de este siglo, que dejó más de 20 muertos. Entre tanto, en el nororiente de Colombia se mantienen los desplazamientos de población civil, en medio de una disputa territorial de bandas criminales que ya alcanza más de 15 meses.
Estos son los dos ejemplos más visibles de un deterioro estructural de la seguridad, en el que los grupos ilegales dedicados al narcotráfico y la minería ilegal se disputan el control de amplias zonas, ante la creciente debilidad del Estado para controlar el territorio y de la Fuerza Pública para recuperar la seguridad. Mientras tanto, el presidente Gustavo Petro aseguró en una alocución al comienzo de la semana que la situación de seguridad no se ha deteriorado bajo su gobierno y que los cultivos ilegales y el negocio del narcotráfico se han ido reduciendo en su mandato.
¿Qué está pasando exactamente con la seguridad? ¿A qué obedece la andanada reciente de los grupos criminales en el suroccidente del país? ¿Qué está haciendo mal el Gobierno para que esta situación se esté saliendo de control?
¿Qué está pasando exactamente en el suroccidente del país?
Estamos hablando de un territorio que, por sus particularidades geoestratégicas, dinamiza economías criminales como narcotráfico, minería ilícita, contrabando y comercialización de oro. Eso explica la fortaleza de los grupos armados y la disputa por el territorio.
¿Quién domina hoy en Nariño, Cauca y Valle del Cauca?
Hay varios actores. En el norte del Cauca y en el área de Cali, Jamundí y Dagua hay dominio del ‘Estado Mayor Central’, es decir, las disidencias de las Farc de alias Iván Mordisco. En el norte del Valle y en el sur del Cauca hay presencia del Eln. Y en Nariño, especialmente en el Pacífico, existe un control muy fuerte de la ‘Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano’, una disidencia de la ‘Segunda Marquetalia’. Estas estructuras no son muy jerarquizadas. La incidencia de ‘Iván Mordisco’ sobre el ‘Estado Mayor Central’ en el Cauca es mínima en la actualidad y se ha dado una disrupción de su capacidad de control frente a mandos locales como ‘Kevin’, ‘Marlon’ y otros. Si mañana dan de baja a ‘Iván Mordisco’, no cambia nada en el Cauca.
A pesar de esa desarticulación, han atacado simultáneamente en distintos frentes. ¿Qué explica esta nueva andanada?
Hay varias hipótesis. Una es que quieren mandar mensajes políticos claros: “aquí mando yo”, especialmente ante la posibilidad de que el Eln siga bajando, de que la ‘Coordinadora Nacional’ siga subiendo y de que el ‘clan del Golfo’ quiera recrear lo que fue el bloque Calima. Lo segundo es que estos actos buscan aliviar presiones en puntos neurálgicos para la movilidad del narcotráfico, la comercialización de oro, el contrabando y otras rentas. También es un mensaje hacia las comunidades. En esta zona, la legitimidad de esos grupos es menor, sobre todo por la confrontación con la organización indígena. El mensaje es: si no logro su lealtad por otros medios, la logro a través del terror.
Mucha gente se pregunta si la Fuerza Pública ha actuado como debe ser…
Al inicio del gobierno Petro vimos una disminución de la fortaleza ofensiva de las Fuerzas Militares y de Policía, relacionada entre otras cosas con los ceses del fuego de la ‘paz total’. Con la llegada del ministro Sánchez hemos visto un aumento considerable de las acciones de la Fuerza Pública: entre 2024 y 2025 hay un incremento del 34 por ciento en las acciones ofensivas del Estado contra estas estructuras, y casi del 120 por ciento desde el inicio del gobierno. Eso es importante, pero debemos preguntarnos qué estamos haciendo mal si se han neutralizado más de 13.000 hombres —capturados, desmovilizados, dados de baja, desvinculados o sometidos— y aun así hoy tenemos cerca de 27.000 integrantes en estos grupos. Eso representa un crecimiento del 85 por ciento desde la llegada de este gobierno y del 126 por ciento desde el cierre del gobierno del presidente Santos. La razón es que estamos haciendo más de lo mismo, sin golpear los nodos críticos que les dan fortaleza.
¿Cuáles son esos nodos críticos?
Es clave combatir el reclutamiento forzado. Hoy hay empresas dedicadas a reclutar y repartir personas entre distintos grupos. Hay precio para mujeres, niñas y niños. Los niños son usados como cinturones de seguridad para los cabecillas: sirven para evitar bombardeos o para generar pérdida de legitimidad del Estado. Lo segundo son las economías ilícitas. El narcotráfico representa hoy cerca del 4 por ciento del PIB colombiano. Si sumamos el resto de economías ilícitas y criminales, podemos estar llegando al 6 por ciento. El Estado sigue persiguiendo esas economías ilegales con instrumentos de hace 20 años, como la erradicación, la incautación y la persecución de laboratorios, y los resultados son muy precarios.
Si el Estado está haciendo lo mismo de antes frente a las economías ilegales sin resultados, habría que cambiar la estrategia. ¿Por qué estamos en esta situación?
No hay un norte político y tenemos una descoordinación entre políticas públicas que deberían estar integradas. La política de seguridad va, por un lado, la de paz por otro y la política criminal prácticamente no existe. El próximo gobierno tiene que contener el problema. El año pasado hubo 1,6 millones de personas afectadas por indicadores de impacto humanitario, una cifra que triplica la de 2024. No se puede decir que el país está igual, pero tampoco se puede afirmar que todo el país está en caos. Hay que ser precisos y entender lo que sufren las comunidades.
El presidente Petro dijo al comienzo de la semana que los índices de violencia e inseguridad se han mantenido estables, y mostró la tasa de homicidios. ¿Ese es el indicador para medir la violencia?
Colombia ha logrado un avance significativo en la reducción del homicidio. Pasamos de tasas de 70 homicidios por cada 100.000 habitantes en los años noventa a tasas de 22 o 24. Ahora bien, la tasa de homicidios es insuficiente para entender lo que está pasando hoy. La violencia actual es menos letal que hace unos años, pero eso no significa que sea menos dramática. El confinamiento subió 12 por ciento el año pasado, el desplazamiento aumentó 85 por ciento y el secuestro creció 133 por ciento. Además, creció 85 por ciento el número de hombres armados y redes de apoyo. También hubo un crecimiento territorial y hoy tienen algún tipo de influencia en 627 municipios. Si esos indicadores no nos hacen pensar que algo está mal, estamos haciendo un análisis equivocado.
Ahora que se acercan las elecciones, ¿en esos municipios habrá voto libre o se percibe alguna estrategia común de los grupos ilegales?
Los grupos ilegales operan cada vez más como crimen organizado. Aunque no necesariamente tienen una posición ideológica, sí quieren influir en la política del territorio para proteger sus ecosistemas criminales, y tienen algún nivel de compromiso con actores políticos para influenciar elecciones y beneficiarse. No se trata de tomar el poder nacional, sino de controlar decisiones locales. En las zonas en disputa, los derechos políticos se ven afectados porque hay mayor desplazamiento y confinamiento. Eso impide que comunidades enteras puedan salir a votar. Estamos hablando de 116 municipios donde los actores armados deciden quién entra y quién sale, y allí las presiones pueden orientar el resultado electoral.
En esa matriz tan diversa, ¿hay presión para votar por un solo candidato?
La presión está diversificada. No hay un componente ideológico, sino un componente de negociación. De acuerdo con esa negociación, actores locales, que también tienen intereses nacionales a través de redes tradicionales de clientelismo político, apoyan a ciertos candidatos al Congreso y también a candidaturas presidenciales. No vemos una tendencia exclusiva a votar por un solo candidato. Existen diversas manifestaciones de constreñimiento violento al elector.
Hablemos del próximo gobierno. ¿Qué tendría que cambiar para controlar la economía ilegal y la erosión institucional en las regiones?
Lo primero es reconocer que no hay una bala de plata. Ningún presidente va a solucionar este problema con una sola medida. Hay que reconocer la heterogeneidad del problema y actuar de acuerdo con ella. Lo segundo es ordenar la casa. Tenemos mucho desorden acumulado. Cada gobierno llega con ideas que se van quedando y terminamos con capas distintas de intervención sobre los territorios. En Colombia hemos llegado a tener hasta nueve categorizaciones distintas para estos grupos. Un instrumento importante es la ley de orden público, que el próximo gobierno debe modificar antes del 5 de noviembre del año entrante, porque pierde vigencia cada cuatro años. Esa ley ha servido como marco para conversaciones, acercamientos, voceros de paz y zonas especiales de intervención. Cada gobierno la usa según su norte, y el próximo debe presentar un proyecto coherente y razonable al Congreso desde el 8 de agosto. Lo tercero es reconocer la magnitud de la crisis fiscal. En las campañas estamos viendo propuestas basadas en presupuestos infinitos que no existen. También es indispensable fortalecer la Fuerza Pública y las relaciones con aliados como Israel, el Reino Unido y Estados Unidos, y darle un viraje al manejo de la inteligencia. Hoy hay desconfianza en la comunidad de inteligencia por lo que pasa en entidades como la DNI y la Uiaf.
En medio de esa estrategia integral, ¿cuáles son las tareas prioritarias?
Hay tres tareas esenciales. La primera es proteger a la población con operaciones de estabilización en zonas de disputa. Hay que frenar el impacto humanitario de las disputas ilegales en 14 zonas del país. La segunda es contener y perturbar: golpear finanzas criminales, reclutamiento y uso de nuevas tecnologías, no solo perseguir cabecillas. La tercera es recuperar control territorial con una política seria de transformación territorial, no solo con instrumentos militares, policiales o judiciales. Necesitamos más investigación criminal y más justicia, con acompañamiento de la Policía y las Fuerzas Militares. Responsabilizar a las Fuerzas Militares de que deben solucionar solas el problema de la inseguridad no solo es irresponsable, sino además ingenuo.
¿Qué papel puede jugar Estados Unidos en el próximo cuatrienio para ordenar la casa en los términos que usted ha planteado?
El apoyo de Estados Unidos será fundamental en cualquier gobierno, pero no creo que tengamos una respuesta como la de hace dos décadas con el Plan Colombia. No creo que ningún gobierno estadounidense, y menos el actual, esté dispuesto a entregarnos tantos recursos como nos dio en el pasado para ayudarnos a salir de este problema. En todo caso hay un mensaje positivo. Colombia ha enfrentado escenarios peores y ha logrado salir adelante con innovación, voluntad política y reglas claras. Solo trabajando de manera articulada y con un norte claro podremos superar este problema.