Una de las apuestas centrales del presidente Abelardo de la Espriella para sus primeros 90 días de Gobierno es la captura o neutralización de 10 cabecillas de grupos. Aunque la persecución de líderes puede generar ventajas estratégicas, la experiencia reciente muestra que estos golpes no necesariamente se traducen en el debilitamiento de las estructuras armadas.
El Ejecutivo puso la persecución de los llamados Objetivos de Alto Valor (OAV) en el centro de su plan de choque. La apuesta ya ha tenido algunos resultados. Recientemente fueron anunciadas la muerte de ‘El Ruso’, cabecilla del Frente 28 de la disidencia Estado Mayor Central (EMC); la captura de ‘Bonito’, segundo cabecilla de los Comandos de la Frontera; y la captura de ‘Chuzo’, comandante del Frente Jorge Iván Arboleda del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) o Clan del Golfo.
La pregunta de fondo, sin embargo, gira en torno a cuál es el impacto real de esta estrategia dentro de una política de seguridad.
“Neutralizar a los cabecillas abre ventanas de oportunidad para debilitar a los grupos criminales, pero esta estrategia por sí sola no es una fórmula mágica. En los últimos 10 años todos los gobiernos la han empleado, y su impacto en la seguridad es cada vez más reducido. Hay que hacerlo, pero necesita otras acciones complementarias”, asegura Gerson Arias, investigador asociado de la FIP.
Un repaso de Escobar a las FARC
La persecución de objetivos de alto valor tiene antecedentes importantes en Colombia, como la muerte de Pablo Escobar, pero comenzó a desarrollarse de manera más sistemática a comienzos de este siglo, en medio de la reestructuración de la Fuerza Pública.
Para finales de los años 90, la iniciativa militar de las guerrillas había desbordado las capacidades estatales. Tras el fracaso de las negociaciones del Caguán y la decisión de recuperar el control territorial, la Fuerza Pública planteó afectar el mando estratégico de las FARC, particularmente su Secretariado.
En ese contexto surgieron esfuerzos como el Plan Cancerbero, que entre 2002 y 2004 buscó unificar las capacidades de inteligencia militar y policial contra los cabecillas guerrilleros. Posteriormente, la creación del Comando Conjunto de Operaciones Especiales (primero con el CCOPE, luego con el CCOES) y la Jefatura de Operaciones Especiales Conjuntas (JOEC) permitió consolidar capacidades para este tipo de operaciones.
A partir de los Comités de Revisión Estratégica e Innovación (CREI), desde 2011 se formalizó la noción de estos objetivos en sus distintas denominaciones: Omave (Objetivo Militar de Alto Valor Estratégico), Omina (Objetivos Militares de Interés Nacional) y Omire (Objetivos Militares de Interés Regional).
La consideración de la cúpula de las FARC como objetivo prioritario fue determinante para afectar la cohesión interna del grupo y debilitar sus capacidades, lo que contribuyó a generar un entorno favorable para la negociación.
¿Por qué golpear a los líderes no siempre debilita a las organizaciones?
Durante años, Colombia ha utilizado la llamada estrategia de “decapitación” o kingpin strategy (estrategia del capo o la persecución al cabecilla), que busca afectar a los máximos responsables de las organizaciones armadas.
La lógica parte de que los líderes concentran experiencia, conocimiento operacional y contactos clave y que, por lo tanto, su neutralización puede afectar el funcionamiento de las estructuras.
Sin embargo, la experiencia reciente muestra que los grupos armados actuales pueden resistir la pérdida de sus máximos líderes.
Un ejemplo es el Clan del Golfo, cuya cúpula ha recibido numerosos golpes durante las últimas décadas. Sus tres máximos líderes históricos —‘Don Mario’, ‘Giovanni’ y ‘Otoniel’— fueron neutralizados en 2009, 2012 y 2021, respectivamente.
A ellos se suman otros cabecillas destacados neutralizados entre 2016 y 2018, como ‘Guagua’, ‘Pablito’, ‘Culo e’ Toro’, ‘Gavilán’, ‘Inglaterra’ y ‘Nicolás’. Entre 2020 y 2021 fueron neutralizados ‘Pueblo’, ‘Marihuano’ y ‘Matamba’. Y entre 2022 y 2026 los golpes continuaron con ‘Pirata’, ‘Zeus’, ‘07’, ‘Terror’ y ‘Chirimoya’.
Pese a esta sucesión de golpes contra su cúpula, el Clan del Golfo ha continuado creciendo.
Algo similar ha ocurrido con las disidencias de las FARC. Cabecillas como ‘Guacho’, ‘Rodrigo Cadete’, ‘Contador’, ‘Cabuyo’ y ‘Mayimbú’ han sido neutralizados. Durante el gobierno anterior también cayeron ‘Cholinga’, ‘Duver el Paisa’, ‘Libardo González’, ‘Ramiro’, ‘Firu’ y ‘Marlon’.
Otras muertes, como las de ‘Gentil Duarte’, ‘El Paisa’ y ‘Romaña’ tampoco significaron la desaparición de sus respectivos grupos armados.
Los grupos actuales pueden reemplazar a sus líderes
Una de las principales razones es que los grupos armados actuales ya no funcionan necesariamente como estructuras piramidales. Sus capacidades están más distribuidas, lo que les permite reemplazar algunos eslabones y resistir la pérdida de sus máximos líderes.
Esto no significa que perseguir objetivos de alto valor sea inútil. Los golpes contra las cúpulas pueden generar un efecto disuasivo entre mandos y bases, interrumpir o encarecer los procesos de reorganización interna y producir victorias simbólicas que fortalezcan el respaldo político a la política de seguridad.
El problema aparece cuando la neutralización de un individuo se convierte en el objetivo final.
Los riesgos de los vacíos de poder
La estrategia también puede generar efectos no deseados. La salida de un líder puede producir vacíos de poder y disputas internas, que a su vez pueden fragmentar las estructuras y aumentar la violencia.
Este riesgo adquiere especial relevancia en un escenario en el que ya existen 14 focos de disputa activos.
Además, el relevo de líderes puede romper órdenes locales que, en determinados territorios, contribuyen a contener la violencia letal.
Por eso, la persecución de cabecillas debe hacer parte de una estrategia más amplia que combine el fortalecimiento de las capacidades de inteligencia y movilidad de la Fuerza Pública, una mejor articulación con la Fiscalía y las autoridades locales, la afectación estratégica de las rentas criminales y la recuperación del control territorial en las zonas de mayor influencia armada, con estricto respeto por los derechos humanos y el DIH.
¿Qué debería entenderse por un objetivo de alto valor?
La experiencia reciente también plantea la necesidad de ampliar la mirada sobre qué constituye un objetivo de este tipo.
Más que concentrarse exclusivamente en los mandos más visibles, la estrategia debería identificar a los eslabones que concentran capacidades críticas —logísticas, económicas, políticas o de innovación— dentro de las organizaciones.
En otras palabras, el objetivo no debería ser el individuo per se, sino la capacidad que esa persona sostiene.
Un dato ayuda a dimensionar el desafío: de los 19 objetivos de alto valor que la Fuerza Pública se había planteado a comienzos de 2022, cuatro años después 15 continúan al mando de sus respectivos grupos.
Entre ellos están ‘Iván Mordisco’, ‘Iván Márquez’, ‘Jhon Mechas’, ‘Richard’, ‘Calarcá’ y ‘Allende’, de las disidencias; ‘Gabino’, ‘Antonio García’, ‘Pablo Beltrán’, ‘Pablito’, ‘Pirri o Manolo’, ‘Martha’ o ‘La abuela’, ‘Carlos El Puerco’ y ‘El rolo’, del ELN; y ‘Chiquito Malo’, del Clan del Golfo o EGC.
La persecución de objetivos de alto valor puede ser una herramienta relevante dentro de una política de seguridad. Pero la experiencia colombiana muestra que capturar o neutralizar cabecillas no basta para debilitar de manera sostenible a las organizaciones armadas. La efectividad de esta estrategia dependerá de su capacidad para afectar las estructuras y capacidades que permiten a estos grupos mantenerse, reorganizarse y ejercer control en los territorios.
Las claves para avanzar en otros frentes
Desde la perspectiva de la FIP, la estrategia propuesta por el nuevo gobierno es necesaria, pero será limitada en sus alcances si no se avanza en otras dimensiones.
Por un lado, es importante avanzar en fortalecer las capacidades de inteligencia y movilidad de la Fuerza Pública y una mejor articulación con la Fiscalía General de la Nación y las autoridades locales. Es importante también colocar en el centro de la estrategia la recuperación del control territorial en las áreas de mayor influencia de los grupos armados, para proteger a las comunidades y mejorar la percepción de seguridad.
También es fundamental desarrollar herramientas para contrarrestar el accionar de los drones, así como un mejor análisis del sistema de economía ilegal y legal donde se mueven los grupos. Y, desde luego, fortalecer el compromiso estricto con los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en las operaciones de la Fuerza Pública. En últimas, se trata de reconocer que la estrategia contra objetivos de alto valor es necesaria pero no suficiente.
De otro lado, la nueva administración debe comprender que a pesar de los desaciertos del gobierno Petro en materia de seguridad, no se parte de ceros. Es importante señalar que desde 2024 la iniciativa de la Fuerza Pública contra los grupos armados se ha incrementado, en parte por el reconocimiento del propio gobierno saliente de los escasos resultados de su estrategia de paz Total y los ajustes propios de la estrategia de seguridad.
Como lo ha documentado la FIP, entre julio de 2024 y julio de 2025 los combates por iniciativa de la Fuerza Pública aumentaron un 111% y dicha tendencia se sostuvo hasta el final del gobierno. Los bombardeos se reactivaron en diciembre de 2025 y hasta el final del gobierno se llevaron a cabo 24 de estas operaciones.
Para la FIP, en los actuales momentos el país necesita una estrategia de seguridad que cumpla con unos elementos básicos: i) proteja al ciudadano; ii) contenga la expansión de los grupos; iii) Presione militar, policial y judicialmente a los grupos armados y favorezca un proceso de sometimiento, junto con un marco jurídico; iv) Entienda que se necesita una estrategia de Estado, pues persisten problemas estructurales de fondo, como el acceso a bienes y servicios de muchas comunidades, los grupos armados controlan de manera más eficaz territorios y poblaciones y existe una alta capacidad de reclutamiento y de reciclaje criminal.