En el inicio del gobierno de Gustavo Petro, de agosto a octubre, los homicidios descendieron 8%, en comparación con los mismos meses de 2021. Sin embargo, esta baja no ha sido uniforme y podría revertirse en lo que queda del año.
La buena noticia es que para el presidente Petro disminuir los homicidios es una prioridad. Semanas atrás, él afirmó: “En este momento tenemos una reducción del 4% (anual) muy insuficiente todavía. Y aquí se mide la política de la Paz Total”. La mala es que las medidas que se están tomando repiten errores del pasado y dejan muchas preguntas sobre la capacidad de contener las muertes violentas.
Preocupa lo que está sucediendo en el Caribe. Mientras que en el período de agosto a octubre en el resto del país los homicidios descendieron 12%, en los departamentos que hacen parte de esta región el incremento fue del 23%. Mientras que en Bogotá, Medellín y Cali, los homicidios han bajado, con excepción de Barranquilla, las ciudades principales de la costa tuvieron alzas: en Cartagena del 52%, en Santa Marta del 15%, en Valledupar del 80%, en Montería del 230% y en Sincelejo del 22%.
En un reciente Consejo de Seguridad para abordar la situación de seguridad en la costa Caribe se señaló que una de las causas principales es la disputa entre organizaciones criminales por controlar la salida de cocaína del país y la entrada de contrabando. Acorde a este diagnóstico se decidió aumentar el control sobre los puertos, incrementar las incautaciones de drogas e identificar a los “dueños” del narcotráfico.
Como señalan los investigadores de la Universidad del Norte, analizando lo que ocurre en el departamento del Atlántico, el mercado de las drogas ilegales es un factor importante. Pero el asunto es más complejo. La violencia letal no solo tiene que ver con las rutas, sino también con dinámicas ligadas a la extorsión y el microtráfico, bajo el control de pandillas y facciones locales. No hay un único actor, ni tampoco una sola explicación. No todo se resuelve en las historias alrededor de las disputas, ni diciendo que solo se “matan entre ellos”, sino que hay un lado de esta violencia que afecta directamente a las poblaciones.
El otro lunar en el inicio del gobierno Petro es el incremento de los homicidios de los líderes sociales. Así lo advierten organizaciones como la Fundación Ideas para la Paz (FIP), Somos Defensores y Human Rights Watch (HRW). Esto ha sido un golpe de realidad para quienes atribuían estas muertes violentas a la incapacidad —e incluso complicidad— del gobierno de Iván Duque. Dentro de las hipótesis vuelven a destacar las disputas e incursiones que buscan el control de territorios claves para los grupos criminales y las economías ilegales. De nuevo, cuando se miran los casos con lupa, aparecen también las tensiones intracomunitarias, denuncias por corrupción y el uso de la violencia para preservar poderes locales. No todo lo explica el narcotráfico.
Reducir el homicidio debe ser una prioridad, pero para hacerlo hay que tener un plan coherente y flexible, que no deje esto en manos de la voluntad de los grupos armados, ni tampoco en la falsa expectativa de que cerrando rutas y aumentando incautaciones los homicidios descenderán.
Existe un Plan de Emergencia para la protección de defensores, líderes sociales y firmantes de paz, que fue impulsado por distintas organizaciones de derechos humanos y la Comisión de Paz del Senado, acompañadas por la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Aunque bien intencionadas, las 49 medidas que plantea no se compaginan con las capacidades reales del Estado, ni distinguen lo que se puede hacer ahora de la implementación en el mediano y en largo plazo. El que se pretendía que fuera un plan de choque no ha dado los resultados esperados. Lo que sí ha quedado claro es que revertir las dinámicas de la violencia en los territorios no solo es un asunto de buena voluntad y liderazgo.
Respecto a la violencia organizada, diferentes fuentes coinciden en señalar que las masacres han disminuido, mientras que la confrontación entre grupos al margen de la ley y facciones criminales sigue dinamizando la violencia en distintas zonas del país. La FIP advierte que "comparado con los últimos meses del Gobierno Duque, estos primeros cien días del gobierno Petro son los de mayores enfrentamientos en lo corrido del año”.
En los primeros tres meses del Gobierno se incrementaron las muertes violentas en el departamento del Cauca, y en Putumayo permanecieron estables. Si bien en Arauca disminuyeron los homicidios, en Saravena y Tame ascendieron. Además, destacan alzas en algunos municipios del Bajo Cauca, y en Cartago y Jamundí en el norte del Valle.
La principal apuesta en la Paz Total es el cese al fuego multilateral que, de acuerdo con el Alto Comisionado para la Paz, ha logrado contener la violencia en algunas zonas del país. Como señalé en una columna anterior, con pocas claridades sobre su alcance y sin un mecanismo de verificación independiente, es difícil poder sacar conclusiones sobre su cumplimiento. Por el momento, los efectos del “cese” parecen ser heterogéneos, y en algunas regiones contraproducentes.
Para seguir disminuyendo el homicidio, el Gobierno debería considerar tres asuntos claves. Primero, no caer en el error de volver a convertir la política antinarcóticos en la política de seguridad. La evidencia ha mostrado que las acciones contra las economías legales no se traducen automáticamente en reducciones de la violencia y, de hecho, la pueden aumentar. Por esto la prioridad debe ser reducir el impacto de estas economías, acompañado de la reducción de sus dimensiones tanto como se pueda.
Lo segundo es no poner todos los huevos en el cese bilateral. Si bien esta medida tiene el potencial de conseguir reducciones del homicidio a partir de la negociación con los actores de la violencia, no deja de ser transitoria e inestable. La Paz Total requiere de inteligencia y capacidad de disuasión, con líneas rojas sobre lo que el Estado está dispuesto a tolerar. Los llamados a cesar la violencia necesitan también de advertencias sobre las implicaciones que tiene su uso, y de una sanción creíble cuando esto ocurre.
Lo tercero es romper la inercia de los consejos de seguridad como medida reactiva y en muchos casos centralista y uniforme. Es urgente avanzar en la formulación de estrategias locales que, construidas con las autoridades y actores del territorio, se propongan generar y fortalecer capacidades estatales y comunitarias.
Reducir el homicidio debe ser una prioridad, pero para hacerlo hay que tener un plan coherente y flexible, con una mirada diferenciada entre lo urbano y lo rural, que no deje esto en manos de la voluntad de los grupos, ni tampoco en la falsa expectativa de que cerrando rutas y aumentando incautaciones los homicidios descenderán.