Colombia arranca 2026 en un punto crítico: el número total de integrantes de los grupos armados ilegales volvió a ubicarse en niveles similares a los de 2011, justo cuando iniciaba el proceso de paz con las FARC. A primera vista podría pensarse que hemos retrocedido 15 años y que la solución sería retomar las estrategias de entonces. Pero sería un error. Aunque el volumen de combatientes sea equiparable como lo mostramos en un reciente informe de la FIP, la naturaleza del conflicto ha mutado profundamente. Hoy enfrentamos un ecosistema armado mucho más fragmentado, diversificado y adaptado a las economías ilegales que lo sostienen.
Veamos algunos cambios claves y sus implicaciones.
El crecimiento de los grupos armados en 2025 nos devuelve cuantitativamente a una realidad conocida: decenas de miles de hombres entre armas y redes de apoyo. Pero la comparación no se agota en la cifra impactante de los más de 27.000 integrantes que se calcula tienen actualmente las ocho principales estructuras. En 2011 había un enemigo central —las FARC— con una organización jerárquica y propósitos nacionales. Hoy, en cambio, el Estado se enfrenta a un mosaico de organizaciones con lógicas y grados de cohesión distintos: disidencias divididas en múltiples facciones que compiten entre sí, un Clan del Golfo —que ahora se hace llamar Ejército Gaitanista de Colombia— altamente consolidado y un ELN que mezcla capacidades militares con arraigo social en sus territorios históricos.
La expansión reciente no se dio de la noche a la mañana. Comenzó con el reacomodo criminal posterior a la desmovilización de las FARC, entre 2017 y 2018, cuando el ELN y las disidencias se convirtieron en el principal receptor de combatientes que no quisieron dejar las armas, firmantes que volvieron a la guerra, nuevos reclutas y economías ilegales sin dueño. Lo que sí es nuevo es la velocidad que tomó esta expansión en los últimos tres años: tanto el Clan del Golfo como las distintas disidencias incrementaron significativamente su pie de fuerza y su control territorial entre 2023 y 2025.
Mientras en 2018 muchos territorios aún no estaban plenamente ocupados, hoy el mapa del país —sobre todo en el campo— aparece casi completamente repartido entre actores armados que avanzan, retroceden, pactan y se fracturan continuamente.
Aunque tanto el Clan como el conjunto de disidencias suman cifras relativamente parecidas —cercanas a los 10.000 integrantes cada uno— su naturaleza organizativa es muy distinta.
El Clan del Golfo es el grupo más cohesionado y con mayor capacidad de reproducción territorial. Opera como una federación criminal con reglas internas, cadenas de mando y capacidad de financiar grandes nóminas mensuales.
El conflicto colombiano dejó de ser una guerra “vertical” entre el Estado y un gran actor insurgente. Es ahora una constelación de guerras locales y superpuestas.
Las disidencias, en contraste, son una etiqueta que agrupa a múltiples estructuras: unas con mayor arraigo al legado “fariano”, otras más mafiosas, otras completamente locales. Algunas están enfrentadas ferozmente, como en Guaviare o el reciente escalamiento en Caquetá. Su fragmentación interna hace impredecible su comportamiento y aumenta la inestabilidad en zonas donde dos o tres facciones disputan hasta la última vereda.
El peso creciente de las redes de apoyo es un distintivo clave del momento actual. Si en 2002 las FARC tenían una relación de dos combatientes por cada miliciano, hoy muchos grupos tienen tantos o más integrantes en redes de apoyo que en armas, lo cual altera significativamente la ecuación de seguridad. El Clan del Golfo es el principal exponente de esta fórmula. El número de integrantes de sus redes duplica a los hombres en armas, lo que explica en gran parte su crecimiento explosivo y su capacidad para ejercer control sin necesidad de tener grandes agrupamientos armados. Las redes cumplen funciones de vigilancia, inteligencia, regulación legal e ilegal, cobro de extorsiones y administración de normas locales.
En el ELN, el conteo oficial equipara armas y redes, pero todos los análisis de terreno coinciden en que su arraigo comunitario, por ejemplo, en Arauca y Catatumbo, supera con creces lo registrado en cualquier tabla. Son redes sociales, políticas y familiares construidas durante décadas.
Esto tiene un impacto directo: se vuelve más difícil distinguir entre combatientes y civiles, lo que reduce drásticamente la utilidad táctica de bombardeos u operaciones de alto empleo de la fuerza.
El crecimiento acelerado de los grupos armados en los últimos años también se relaciona con el auge de un mercado laboral criminal en el que el reclutamiento forzado pasa a un segundo plano, mientras que los jóvenes se ven atraídos por salarios, bonificaciones y hasta prestaciones sociales. Incluso hay servicios de reclutamiento que se venden al mejor postor. Hay indicios de que una de las zonas pioneras en el desarrollo de esta estrategia sería el Cauca, lo que explicaría la presencia de personas de esta región en los combates que hoy se libran entre distintas estructuras en el Guaviare y el Catatumbo.
Esta suerte de profesionalización del reclutamiento requiere de un flujo grande de recursos para mantener a la tropa y sus redes de apoyo, a lo que se suma la corrupción. Por ejemplo, se sabe que el Clan del Golfo destina por lo menos 1.5 millones de dólares al mes para pagar las nóminas de todos sus frentes, lo que lo obliga a tener una alta liquidez y, por ende, depredar todo lo que encuentre. Esto explica en parte la disparada de la extorsión a diestra y siniestra. Si bien, como suponemos, los ingresos por cuenta de las rentas legales e ilegales son enormes, también es cierto que mantener el esfuerzo de control territorial requiere de mucha plata.
Finalmente, otra diferencia crucial con el pasado es la cantidad de guerras simultáneas entre grupos armados. En 2025 registramos en la FIP al menos trece zonas de disputa activas, frente a apenas seis en 2022. En los años de las AUC, los paramilitares no combatían abiertamente con las guerrillas; su foco se centraba en destruir las bases sociales que las sostenían. Las FARC y el ELN tuvieron conflictos puntuales en Arauca y el oriente antioqueño, pero en general cada uno mantenía sus corredores.
Hoy, la lógica dominante es la confrontación por rentas: narcotráfico, minería ilegal, acaparamiento de tierras, extorsión, contrabando; en últimas, por control territorial. Y como hemos visto en las noticias, muchos de los combates se dan en los cascos urbanos en medio de la población, lo que genera enormes desafíos para enfrentar esta violencia organizada.
¿Qué hacer y por dónde retomar la iniciativa?
Frente a la situación compleja que recibió, el gobierno Petro privilegió la instalación de mesas de negociación con todos los grupos con la idea de que lograría su apaciguamiento, mientras que dejó la respuesta de seguridad al garete. Desde hace por lo menos dos años, en la FIP veníamos mostrando que mientras el Estado hablaba de ceses, alivios humanitarios y transformaciones territoriales, los armados ampliaban su influencia territorial sin costo alguno en los diálogos con el gobierno.
La Paz Total se convirtió en un paraguas discursivo que perdió brújula. Negociar con grupos armados es una herramienta legítima del Estado, pero solo funciona cuando existen reglas claras y líneas rojas. Un ejemplo que debemos tener como lección aprendida es el de la disidencia al mando de alias “Calarcá”, que el año pasado amplió su poder en Huila y Tolima —zonas que se habían mantenido despejadas desde la desmovilización de las FARC—, mientras que la mesa de negociación se mantenía activa y hacía públicos acuerdos sin ninguna consecuencia para el grupo. Negociar sí, pero no a cualquier precio.
Solo hasta el año pasado el gobierno reconoció que se requería usar la presión militar. Pero ésta, además de llegar tarde, se ha hecho sin acompasarse con las negociaciones de la Paz Total, ni adaptarse a la nueva realidad. En el caso del ELN, no se le había podido bombardear en el Catatumbo desde hace cinco años. De hecho, el presidente Petro venía amenazando con hacerlo desde 2024, pero sólo lo hizo recientemente; algunos dirán que por la presión ejercida por el gobierno Trump, pero también es cierto que se pudo hacer por condiciones de oportunidad muy específicas del momento.
Se sabe que el Clan del Golfo destina por lo menos 1.5 millones de dólares al mes para pagar las nóminas de todos sus frentes, lo que lo obliga a tener una alta liquidez y, por ende, depredar todo lo que encuentre.
Los grupos armados se concentran cada vez menos en campamentos, se mueven en unidades pequeñas, operan de civil, se mimetizan con la comunidad y combaten cada vez más entre sí en medio de los pueblos. Esto hace que los bombardeos que en el pasado fueron claves para golpear a las FARC hoy sean una herramienta más excepcional que recurrente.
¿Cómo adaptar la respuesta para confrontar este escenario operativo tan complejo? es la pregunta del millón. Lo primero es tener una mejor lectura sobre estas estructuras hoy, y cómo se mueven.
Decir que la inteligencia es fundamental se volvió un cliché, pero no deja de ser cierto. Para anticipar y contener la expansión de los grupos armados se requiere inteligencia territorial fina y modernizar los sistemas para su procesamiento. Un primer paso posible en el corto plazo es recomponer capacidades básicas de búsqueda y recolección de información, como las redes locales de inteligencia, y hacer más competitivos los incentivos de programas como el de desmovilización y sometimiento individual, que en el pasado jugaron un rol importante para acceder a información crítica.
También hay que ponerle el ojo a la justicia. Con la llegada de un nuevo liderazgo al Ministerio de Defensa, en 2025 se incrementaron las operaciones y con ellas las capturas. Pero el sistema judicial no tiene hoy capacidad para procesarlas, lo que reduce el impacto disuasivo de la acción militar.
Sin una judicialización oportuna, cualquier repunte operativo termina siendo simbólico. De nada sirve capturar cientos de combatientes si la mayoría sale libre por fallas procesales o congestión del sistema judicial.
Por último, pero no menos importante, hay que reconocer que detrás del fortalecimiento armado hay un mensaje contundente: en muchas regiones los actores armados cumplen funciones que el Estado no ejerce. Regulan conflictos, imponen normas, controlan horarios, administran justicia, manejan recursos institucionales y arbitran las economías de las que dependen las comunidades.
El Estado colombiano sigue sin saber cómo operar con eficacia en los territorios. El lente nacional no basta. Para contrarrestar la gobernanza de los ilegales hay que repensar el arreglo institucional y político entre la nación y las regiones, el cual ha perpetuado la fragilidad del Estado y las brechas de desarrollo en lo local, dando amplio espacio a las economías criminales.
Reconocer este problema, como ya lo hacen diversos sectores, es un buen comienzo. Necesitamos, sin embargo, pasar de la preocupación que genera saber que hoy hay 27.000 combatientes en el país y que seguimos perdiendo terreno frente a los grupos ilegales, a construir soluciones viables desde la base.