El 12 de octubre de 2024, el Gobierno nacional puso en marcha la operación Perseo con el propósito de recuperar el control del corregimiento de El Plateado, en Argelia, Cauca, y debilitar el dominio del Frente Carlos Patiño, del Estado Mayor Central (EMC) después del fracaso de las negociaciones de paz con este grupo disidente.
Dos años después, el balance de Perseo deja una conclusión que merece una lectura más cuidadosa. La operación no logró recuperar el control territorial del cañón del Micay ni desarticular las economías ilegales y los mecanismos de gobernanza criminal que sostienen el poder de los grupos armados. Sin embargo, consiguió un resultado militar significativo: alteró la correlación de fuerzas, obligó al frente Carlos Patiño a modificar su despliegue y rompió la dinámica de confrontación que se había instalado entre las estructuras armadas. El problema es que estos avances no se tradujeron en una recuperación sostenible del territorio y, en algunos casos, abrieron espacios que otros grupos aprovecharon. Esta contradicción constituye una de las principales lecciones que deja Perseo para la política de seguridad.
El informe Más allá de Perseo. Economía de la coca y disputa armada en el cañón del Micay —un análisis de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) y la Friedrich-Ebert-Stiftung en Colombia (Fescol) sobre la estrategia del gobierno Petro en esta región— concluye que Perseo contribuyó a transformar las dinámicas de confrontación entre los grupos armados en disputa por el control de El Plateado y amplió su presencia en el casco urbano de este corregimiento, pero no consiguió recuperar el control territorial del cañón del Micay, que debe ser el objetivo del Estado en esta región.
Los hechos de 2026 muestran que el Micay sigue siendo un territorio en disputa. La incursión del Frente Diomer Cortés de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) en El Plateado, los ataques con explosivos atribuidos a Carlos Patiño y las acciones del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el municipio de López de Micay evidencian que la presencia de la Fuerza Pública no ha eliminado la capacidad de los grupos armados para ejercer violencia y control sobre la población. El propio mando militar ha reconocido que la estabilización depende también de infraestructura, inversión social y alternativas a la economía ilegal. La lección de Perseo no es que la intervención haya sido inútil, sino que sus avances no bastan para recuperar el territorio: el Estado debe convertirlos en una estrategia sostenida de seguridad, gobernanza y transformación económica.
Una historia de control armado y economía cocalera
Desde los 90, el cañón del Micay ha reunido condiciones que hacen especialmente difícil la intervención estatal: ausencia estatal sostenida, concentración de cultivos de coca, una economía dependiente del cultivo, producción y comercialización de drogas y, de forma más reciente, de la minería ilegal. A eso se suma su ubicación estratégica para el tráfico y la presencia de actores armados. En ese contexto, la retoma del control territorial exige una estrategia que enfrente cada uno de estos aspectos, por lo que una intervención estrictamente militar se queda corta en lograr estos objetivos.
Hace dos años, el gobierno Petro inició la operación Perseo en el marco de un plan de acción integral. Desde su lanzamiento, en octubre de 2024, se presentó con el propósito de desplegar una intervención integral que permitiera transformar las condiciones que habían facilitado el control territorial de los grupos armados. La Fuerza Pública debía abrir espacio para la acción civil del Estado, mientras la inversión social, la infraestructura y la transformación económica contribuían a consolidar su presencia.
En el trabajo de campo realizado para la investigación se evidenció que las comunidades de Argelia, donde se concentró esta intervención, resaltan el mejoramiento de vías y viviendas, proyectos de desarrollo rural, infraestructura productiva y la implementación del programa Renhacemos para promover la sustitución de cultivos de coca. Destacan que la operación militar mejoró la situación humanitaria, aunque el control social no sufrió una modificación significativa.
En el cañón del Micay, los grupos armados regulan la vida cotidiana de la población. Como documenta el informe de la FIP, desde 2022 el frente Carlos Patiño consolidó en El Plateado mecanismos de vigilancia, retenes, amenazas y extorsiones, además de imponer normas de convivencia, regular la movilidad, intervenir en conflictos cotidianos y condicionar la organización comunitaria y las relaciones con el Estado. Tras la operación Perseo, este control se hizo menos visible en el casco urbano, pero persistió mediante redes de informantes y vigilancia de sus combatientes vestidos de civil.
la retoma del control territorial exige una estrategia que enfrente cada uno de estos aspectos, por lo que una intervención estrictamente militar se queda corta en lograr estos objetivos
Frente al narcotráfico, no se evidencian en esta región acciones encaminadas a la desarticulación de esta economía en el territorio. La sustitución puede eventualmente contribuir a la reducción de los cultivos de coca, pero esta no será sostenible si no está atada a procesos de desarrollo económico y a la desarticulación del sistema del narcotráfico, que es enteramente regulado y controlado por los grupos armados. Estos facilitan la vinculación de la población a todas las actividades necesarias: cultivo, recolección, transformación de la hoja de coca, y la protección de estas actividades frente a la acción de la Fuerza Pública.
Históricamente los grupos han logrado legitimar estas actividades en el territorio ante la ausencia del Estado no solo en cuanto a presencia y acción efectiva militar y de policía y la falta de la provisión de bienes y servicios públicos necesarios para el desarrollo, sino en relación con su incapacidad para debilitar las capacidades productivas, logísticas y financieras que han permitido la consolidación de este negocio en el territorio.
El cañón del Micay no es únicamente una zona de alta concentración de cultivos de coca, sino un enclave cocalero articulado a una cadena de producción y comercialización de cocaína. En esta región, la capacidad de producción de cocaína supera el promedio nacional y, en general, en el Pacífico colombiano, se habría multiplicado al menos por cuatro en poco más de una década. Allí confluyen cultivos extensos, procesamiento de hoja en pasta y base de cocaína, laboratorios para la producción de cocaína y redes logísticas que conectan la producción con los compradores y las rutas hacia el Pacífico. Aunque no existen cifras oficiales que permitan cuantificar su magnitud, la evidencia disponible permite afirmar que la economía del narcotráfico tiene un peso muy significativo en la dinámica económica de este territorio.
Retomar la intervención para recuperar el cañón del Micay
A dos años de su inicio, el reto del Gobierno nacional consiste en retomar la intervención en el cañón del Micay y aprovechar los avances y retos que deja Perseo, así como los que se lograron en materia social, para dar un salto hacia la recuperación efectiva y sostenible del territorio.
Esto requiere una intervención adaptada a las dinámicas actuales de los grupos armados y al funcionamiento del sistema del narcotráfico. Esta debe desarrollarse en el marco de una estrategia que plantee hitos en el periodo de gobierno dirigidos a recuperar gradualmente territorio del cañón del Micay mediante la presencia y la acción estratégica militar, la disrupción del transporte y distribución de la hoja de coca procesada o la cocaína y mediante inteligencia de los flujos de dinero en el territorio producto de las transacciones locales e internacionales producto del narcotráfico y otras actividades ilegales como la minería.
En paralelo el gobierno debe buscar la construcción de la legitimidad del Estado mediante procesos de construcción de confianza de las comunidades. Esto le exige proteger a la población de manera efectiva y sostenida, frente a las amenazas, la coerción y las disputas de los grupos armados. También implica que la presencia de la Fuerza Pública no ponga en riesgo a la población con sus acciones y contribuya a generar condiciones de seguridad para la vida cotidiana, la movilidad, el desarrollo económico y el ejercicio de los liderazgos sociales. En una región donde la población ha experimentado la llegada del Estado como una intervención que puede afectar sus medios de subsistencia y luego perder continuidad, la confianza no se construye únicamente con presencia militar, sino con protección efectiva, cumplimiento y permanencia institucional.
Para ello el Estado tiene el reto de superar la fragmentación institucional. Agendas independientes de los sectores de seguridad, justicia, sustitución, infraestructura, servicios públicos y desarrollo productivo terminan en proyectos aislados, que no logran aportar al objetivo común de transformar las condiciones por las que hoy este territorio representa para los grupos armados un escenario perfecto para perpetuar su portafolio de actividades ilegales.
El reto del gobierno De la Espriella en el cañón del Micay
La Operación Perseo deja una lección para la política de seguridad y drogas en Colombia: recuperar el control territorial no es un acto único, sino un proceso que exige sostener la presión sobre las estructuras criminales y, al mismo tiempo, construir las condiciones para que su influencia deje de ser necesaria o inevitable en la vida de las comunidades.
Perseo abrió una ventana, pero no resolvió el problema. La intervención alteró las dinámicas criminales sin lograr desarticular la economía que las alimenta ni consolidar una gobernanza estatal capaz de reemplazar la regulación armada. El desafío consiste ahora en convertir esos cambios parciales en transformaciones duraderas.
Abandonar esa tarea sería permitir que los actores criminales se adapten y recuperen capacidades mientras el Estado vuelve a intervenir de manera fragmentada y reactiva. Se necesita continuidad, coordinación y una apuesta territorial que integre seguridad, justicia, desarrollo económico y legitimidad institucional.
Perseo no consiguió todo lo que se propuso, pero tampoco fue una intervención irrelevante. Rompió una dinámica de confrontación y abrió una oportunidad que el Estado no supo aprovechar plenamente. La pregunta ahora no debería limitarse a qué faltó para recuperar el Micay, sino qué debe cambiar en la manera de concebir y sostener las intervenciones militares para que sus resultados no terminen siendo temporales. Esa es, quizás, la lección más importante de Perseo.