El nuevo Gobierno y los seis años de implementación del Acuerdo de Paz

El Acuerdo de Paz cumple seis años desde que se firmó en el Teatro Colón. Su implementación ha pasado por tres gobiernos nacionales y no ha estado exenta de rezagos, polarización política, incertidumbre, escándalos por cuenta del manejo de los recursos públicos y reactivación de la violencia en los territorios focalizados.

 En los primeros 100 días del Gobierno Petro —y casi cuatro meses de trabajo del nuevo Congreso—, son varias las iniciativas, anuncios y alertas sobre la implementación del Acuerdo. La apuesta de la Paz Total tiene, entre sus diversos desafíos, la responsabilidad de darle un lugar central al Acuerdo, que además de desmovilizar a un grupo armado se propuso abordar las causas estructurales de la violencia desde un enfoque territorial.

En la FIP realizamos un balance sobre el estado actual de la implementación, los anuncios del nuevo Gobierno y las percepciones de las comunidades en los territorios, con el objetivo de aportar a esta nueva oportunidad para pensar, discutir y avanzar en el camino de la paz.

Conozca los datos más relevantes del balance que hace la Fundación Ideas para la Paz del primer trimestre del nuevo gobierno. ver infografía

Cinco prioridades para retomar el rumbo

• Construir sobre lo avanzado. Cada punto del Acuerdo tiene avances relevantes y pendientes prioritarios sobre los cuales las comunidades continúan a la expectativa. Herramientas como las Hojas de Ruta y los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), son fundamentales para avanzar en un camino asertivo de la implementación. Los procesos de construcción de estas herramientas no solo implicaron la inversión de recursos públicos, sino también del tiempo y la participación de las comunidades, quienes, además, demandan ampliar los escenarios participativos e incluir sus necesidades.

• Recuperar la credibilidad. El estado de la implementación indica que hay decisiones prácticas (rediseño de programas, seguimiento a recursos, claridad en el estado de proyectos), que deben ser prioritarias para recuperar la credibilidad de la implementación y honrar la confianza que tuvieron las comunidades en procesos como los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y el Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos (PNIS). Avanzar en este sentido aporta a la credibilidad que tendrán nuevos procesos de diálogo y negociación con grupos armados.

• Priorizar la transparencia. Esto se refiere a la destinación y uso de los recursos públicos de la implementación del Acuerdo. Entre los anuncios del nuevo Gobierno, se destaca la conservación y aumento de recursos para las entidades encargadas de implementarlo, lo que implicará hacer efectivas estrategias anticorrupción y fortalecer mecanismos de transparencia y veeduría para mantener informadas a las comunidades.

• Conectar con la Paz Total. Es necesario dar claridad sobre la manera en que el Acuerdo será una herramienta para la Paz Total, de forma que no se difuminen sus avances y propósitos. Esto implica darle fuerza a la arquitectura institucional encargada de su implementación.

• Conectar con los cambios a la Ley de Orden Público. El recién aprobado proyecto de ley de cambios a la Ley de Orden Público debe considerar en su implementación los estándares y mínimos ya alcanzados en el Acuerdo en temas de justicia y satisfacción de los derechos de las víctimas. Habrá que evaluar en detalle que la apertura de conversaciones y negociaciones con grupos armados de diferente índole no genere efectos contraproducentes sobre lo ya avanzado y establecido por el Acuerdo de Paz.

La arquitectura institucional

Si bien pasaron varias semanas desde la posesión del presidente durante las cuales el panorama de las entidades clave para la implementación del Acuerdo de Paz no era claro, el anuncio de la Unidad para la Implementación del Acuerdo Final de Paz representa un avance importante en el esclarecimiento del lugar que ocupará la implementación en la apuesta de Paz Total del Gobierno.

En seis años de implementación, uno de los mayores desafíos ha estado relacionado con la articulación de las entidades y la eficacia de las intervenciones que realiza cada programa. Concentrar los programas e instituciones encargadas de la implementación bajo una misma oficina y liderazgo, en principio, representa un paso positivo para la articulación y aceleración de acciones. Esto deberá traducirse en una pedagogía más efectiva en los territorios sobre las funciones y avances de los programas, así como en el aprovechamiento de los diversos espacios de participación que han abierto las entidades.

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