Bombardeos contra las disidencias y el ELN en Catatumbo, Arauca y Vaupés; capturas de miembros del Clan del Golfo y jefes de bandas urbanas, destrucción de decenas de laboratorios ilegales en la frontera con Ecuador. Esta es apenas una muestra de algunos resultados operacionales, reportados en los últimos meses, que dan cuenta de un giro en la ofensiva del Gobierno Petro contra los grupos armados ilegales.
Los registros del DATEO de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) muestran que, en efecto, el ritmo operacional se aceleró. El 2025 cerró con 234 acciones de la Fuerza Pública, un incremento del 34,5% frente a 2024 (174 acciones). La pregunta de fondo es si esta ofensiva es suficiente para desmantelar organizaciones cada vez más fragmentadas, híbridas y financieramente diversificadas.
¿A qué responde este viraje? ¿Qué retos plantea de cara a la situación de seguridad y el cambio de gobierno? En esta cápsula de análisis, la FIP destaca algunos elementos para leer el escenario actual.
1. No es casualidad: hay una señal política y operacional
El general en retiro Pedro Sánchez fue oficializado como ministro de Defensa en marzo de 2025. Desde entonces, su gestión ha priorizado la recuperación del control territorial y el fortalecimiento de capacidades de la Fuerza Pública.
A eso se sumó el cambio de cúpula militar para 2026, que el propio Gobierno presentó como un ajuste de estrategia con prioridad en la seguridad pública y la recuperación del territorio. Más allá de las cifras, leer el momento actual como una reactivación de la ofensiva estatal es una inferencia razonable a la luz de ese reordenamiento político y operacional.
Como explica Javier Flórez, director del área de Conflicto y Seguridad de la FIP, “la reactivación de la ofensiva responde a una combinación de factores como, por ejemplo, el fracaso del modelo de la Paz Total, la presión internacional por resultados concretos en seguridad y narcotráfico, y un contexto político-electoral que exige mostrar control territorial”.
2. Un reconocimiento del naufragio de la Paz Total
A menos de cuatro meses del fin del Gobierno, la falta de avances en las negociaciones de paz y el deterioro de la seguridad se han convertido en uno de los principales focos de crítica a la administración Petro. Como ha alertado la FIP, en el último cuatrienio casi se duplicaron las zonas en disputa entre actores ilegales, y los integrantes de las estructuras aumentaron un 85%: actualmente suman más de 27.000 miembros, entre personas en armas y redes de apoyo.
La actual ofensiva es un ajuste pragmático en el que el Gobierno reconoce en el fondo que sin presión efectiva sobre las estructuras no hay condiciones reales para negociar
Bajo ese panorama, la ofensiva deja al descubierto, además, un viraje frente a la apuesta de buscar una salida negociada al conflicto, que el Ejecutivo priorizó en sus inicios. El año 2023, por ejemplo, comenzó con un decreto presidencial que establecía un cese al fuego bilateral y temporal con los cinco grupos ilegales más grandes del país (aunque ese acuerdo no tardó en romperse con organizaciones como el ELN y el Clan del Golfo).
La presión militar disminuyó tanto que el 2023 cerró con 80 acciones de la Fuerza Pública, la cifra más baja desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016, de acuerdo con el DATEO de la FIP.
Acciones de la Fuerza Pública por año (2018-2025)
“Más que un giro ideológico, la actual ofensiva es un ajuste pragmático en el que el Gobierno reconoce en el fondo que sin presión efectiva sobre las estructuras criminales no hay condiciones reales para negociar nada y mucho menos para gobernar efectivamente los territorios”, agrega Flórez.
3. Sí hay resultados que deben reconocerse
Solo en marzo, se conoció el bombardeo contra el jefe de la disidencia conocida como Estado Mayor Central (EMC), Iván Mordisco, en Vaupés; la caída en Vichada de alias Samuel, jefe financiero del Bloque Amazonas del EMC; el golpe a una red de comunicaciones del Clan del Golfo en Tierralta; la captura de alias “Cakín” en la operación Cronos contra “Los Flacos”, y la operación Espejo en la frontera con Ecuador, que reportó destrucción de decenas de laboratorios ilegales y un fuerte refuerzo del pie de fuerza.
A esto se suma la incautación, en febrero, de 190 granadas adaptadas para drones en Meta, una señal clara de la sofisticación del conflicto. No son solo estas operaciones: hay más, y evidencian el cambio en la estrategia.
4. El factor Estados Unidos y el nuevo entorno de cooperación internacional
En esta nueva realidad operacional es clave considerar el factor geopolítico. La agenda del ministro Pedro Sánchez en Estados Unidos, en enero de 2026, se enfocó en inteligencia, tecnología y una hoja de ruta conjunta contra narcotráfico y estructuras criminales.
Luego, tras la reunión Petro–Trump del 3 de febrero, la conversación bilateral volvió a poner la seguridad en el centro, y esa nueva sintonía ha resultado, de manera directa o no, en una mayor presión sobre objetivos de alto valor, aumento de la ofensiva y operaciones de interdicción.
5. Estas operaciones son legítimas y necesarias
Sería un error relativizar la importancia de las acciones. La ofensiva estatal importa porque reduce capacidad armada, afecta mandos, interrumpe economías ilegales, envía señales de autoridad, aumenta la confianza y manda un mensaje de protección a la población.
En un contexto donde varias estructuras habían aprendido a expandirse, adaptarse y administrar la violencia, recuperar iniciativa operacional no es un detalle menor. Debe verse como una condición básica para que el Estado vuelva a disputar control real en los territorios.
El desmantelamiento no ocurre en meses. El próximo gobierno recibirá un escenario más complejo asociado a grupos más grandes, más fragmentados y con mayor diversificación de rentas
Esta lectura también coincide con el diagnóstico reciente, según el cual los grupos criminales mantienen o incluso aumentan su expansión y capacidades a pesar de las operaciones ofensivas, las neutralizaciones y sus afectaciones económicas.
6. El problema es estratégico, no solo táctico
El país ya no enfrenta únicamente organizaciones verticales y relativamente cohesionadas. Hoy predominan redes más flexibles, alianzas cambiantes, mandos intermedios con autonomía relativa y portafolios criminales que mezclan narcotráfico, minería ilegal, extorsión, control social, rentas urbanas y tecnologías emergentes como drones.
En ese entorno, una operación exitosa puede producir un golpe importante sin necesariamente traducirse en un desmantelamiento sostenible.
El riesgo más complejo, que se debe evitar, es confundir la acumulación de resultados operacionales con una afectación estructural del problema.
7. ¿Cómo convertir la ofensiva en desmantelamiento?
La clave está en acompasar la presión militar y policial con una estrategia más amplia que incluya inteligencia financiera, judicialización efectiva, control territorial estable, sustitución de economías ilícitas, intervención sobre corredores logísticos, presencia institucional y coordinación entre política de seguridad, política criminal y política de desarrollo rural.
Sin esa articulación, el Estado golpea, pero las estructuras se regeneran, se fragmentan o migran hacia otras rentas y otros territorios.
De hecho, considerando el poco tiempo que resta para el fin de la administración Petro, no se prevé un cambio significativo en las condiciones de seguridad del país.
"En el corto plazo, se puede recuperar iniciativa, afectar capacidades marginales y enviar señales de autoridad estatal. Pero el desmantelamiento estructural no ocurre en meses. El próximo gobierno recibirá un escenario más complejo asociado a grupos más grandes, más fragmentados, con mayor diversificación de rentas, entre otras características. El reto será pasar de una ofensiva reactiva a una estrategia integral y articulada", asegura Javier Flórez, director de Conflicto y Seguridad de la FIP.
8. Celebrar, sí; sobredimensionar, no
Hay que celebrar la profundización de las operaciones y el retorno de una ofensiva más visible del Estado. Pero el éxito verdadero no se medirá solo por capturas, bajas o laboratorios destruidos. Se medirá por algo más exigente: la capacidad de impedir que estas estructuras se recompongan, utilicen el reciclaje criminal como herramienta para crecer y sigan gobernando territorios y economías ilegales.
La ofensiva era y es necesaria. Ahora el reto es convertirla en una estrategia de Estado de largo plazo.