Desde 2018, el proyecto Del Capitolio al Territorio, una iniciativa que hace seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz, ha facilitado 35 viajes a las 16 subregiones PDET con más de 25 congresistas de diferentes partidos políticos. Con base en este trabajo y los análisis realizados desde la FIP, en su rol de secretaria técnica del proyecto, planteamos las siguientes alertas sobre la implementación en el marco de la audiencia pública que convocó la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes en febrero del 2023.
Cinco prioridades luego de seis años de implementación y las propuestas al Gobierno
Es necesario construir sobre lo avanzado, no estamos partiendo de cero. Cada punto del Acuerdo tiene avances relevantes y pendientes prioritarios sobre los cuales las comunidades continúan a la expectativa. Herramientas como las Hojas de Ruta y los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), son fundamentales para avanzar en la implementación.
Los procesos de construcción de estas herramientas no solo implicaron la inversión de recursos públicos, sino el tiempo y la participación de las comunidades, quienes, además, han demandado ampliar los escenarios participativos e incluir sus necesidades.
El estado de la implementación indica que se requieren decisiones prácticas (rediseño de programas, seguimiento a recursos, claridad en el estado de proyectos), para recuperar la credibilidad de la implementación y honrar la confianza que tuvieron las comunidades. Definir mecanismos de participación efectiva de las comunidades es una deuda importante, que va más allá de realizar espacios asamblearios y que debe traducirse en diálogos permanentes con la institucionalidad y capacidades para ejecutar y hacer seguimiento a la implementación.
Persisten las preocupaciones sobre el lugar del Acuerdo en la estrategia de Paz total y los ajustes institucionales que se han propuesto.
No puede ser un punto más en la agenda de paz: debe ser la base y el punto de partida. Esta intención debe reflejarse en la arquitectura institucional.
Los ajustes institucionales, como la propuesta de adscribir la ART al Ministerio de Igualdad, pueden ralentizar aún más la implementación.
Es necesario revisar las capacidades y funciones que tendrá la Unidad para la Implementación del Acuerdo Final de Paz.
Mecanismos de transparencia en la destinación y uso de los recursos públicos. Esto implica dejar las cuentas claras sobre lo denunciado del mecanismo de OCAD Paz, pero también aclarar el estado presupuestal, lo ejecutado y proyectado. Esta es información clave para recuperar la credibilidad de las comunidades en el Acuerdo.
Consolidar sistemas de información actualizados. Aunque existen diferentes balances y monitoreos, un obstáculo que persiste es el acceso a información actualizada y pertinente por parte de las entidades. Más allá de las rendiciones de cuentas, esta información tiene que ser de acceso abierto y constante.
Análisis
Construir puentes entre el Congreso y las regiones: aprendizajes 'Del Capitolio al Territorio'
En el marco del inicio del gobierno de Gustavo Petro y del Congreso, en la FIP nos dimos a la tarea de recoger y sistematizar las lecciones aprendidas, los desafíos y las buenas prácticas de la iniciativa ‘Del Capitolio al Territorio’, que lideramos durante los últimos cuatro años para hacer un seguimiento territorial y de control político multipartidista a la implementación del Acuerdo de Paz. Leer artículo completo
Es importante insistir en el rol del Congreso para impulsar la implementación
El Acuerdo de Paz requiere un marco legislativo que lo impulse y que no permita que se pierda lo avanzado. Para esto, el Congreso tiene dos labores apremiantes:
Revisar e incluir indicadores y metas del Acuerdo de Paz en el Plan Nacional de Desarrollo, más allá del anexo en el que se incluye el Plan Marco de Implementación (PMI).
Hay una deuda grande en impulsar los proyectos de ley que están pendientes.
Aún se encuentran pendiente
33.6%
Con corte del 16 de agosto de 2022, hay 71 normas expedidas (equivalentes al 66,4%) y aún se encuentran pendientes el 33,6% (36 normas). El Punto Uno (Reforma Rural Integral) es el más rezagado. Entre las normas con mayor prioridad para sacar adelante en el Congreso se encuentran: jurisdicción, reforma política y electoral, y la de tratamiento penal diferencial para pequeños cultivadores.
El foco territorial de Del Capitolio al Territorio ha permitido ahondar en la necesidad de trabajar en acciones de control político con las comunidades y actores locales. Desde la firma del Acuerdo de Paz, las comunidades han venido ejerciendo diferentes formas de control político a la implementación a través de denuncias, participación en los programas, conformación de mesas o gestión comunitaria de proyectos. Estas experiencias son útiles para el trabajo legislativo y de control del Congreso.