El Presidente anunció en su cuenta de X que, aunque durante lo corrido del 2025 el número de homicidios aumentó frente al anterior, la tasa de este delito ha disminuido.
“Informo a Colombia que estamos bajando la tasa de homicidios con respecto al año pasado, pero aún es más alto el número de personas asesinadas”, escribió al inicio de su mensaje donde compartió el “parte oficial y preliminar” de la Policía Nacional, con corte al 30 de noviembre.
Sin embargo, las cifras oficiales del Ministerio de Defensa lo contradicen: tanto el número como la tasa subieron.
La FIP monitorea y analiza mes a mes el comportamiento de los indicadores de seguridad en el país y ha venido advirtiendo del deterioro de la seguridad. “La vida sigue perdiendo la batalla. Hacemos un llamado a la sensatez. Reconocer el problema es el primer paso para solucionarlo. Mientras el Presidente siga interpretando de forma confusa los datos que él mismo presenta, no se tomarán las decisiones adecuadas para enfrentar la amenaza criminal que afecta a tantos colombianos”, dice María Victoria Llorente, directora de la FIP.
Analizamos los datos entre enero y octubre de 2025 y destacamos siete asuntos que muestran lo que ocurre con la seguridad a nivel nacional y en las regiones.
El homicidio no mejora, se mantiene estable. Según el Ministerio de Defensa, entre enero y octubre los homicidios intencionales pasaron de 10.952 casos en 2024 a 11.327 en 2025, un incremento del 3,4%. La tasa también subió para el mismo periodo: de 20,8 pasó a 21,3 por cada 100 mil habitantes. Al ritmo que vamos cerraremos el año con una tasa de 26 contra 25,4 del 2024. Es cierto que en 2025 el aumento ha sido moderado, pero revirtió la leve caída de 2024.
Los datos del Ministerio de Defensa también muestran que, durante el Gobierno Petro, el homicidio no ha variado si se compara con los mismos meses de los últimos tres gobiernos: solo cayó 0,1%. Hoy, la realidad es que violencia letal se mantiene estable a nivel nacional.
Las cifras nacionales invisibilizan lo que pasa en varias regiones y ciudades. En algunos departamentos aumentan significativamente los homicidios y en otros hay reducciones destacadas. Suben en Guaviare (+209%), donde hay nuevos focos de disputa entre actores ilegales. También en Risaralda (+79%) por la situación de bandas criminales en Pereira. Bajan en Putumayo (-55%) y Boyacá (-39%). En el caso de las ciudades capitales, el homicidio aumenta en Cali (8,5%) y Medellín (5,9%) y se reduce en Bogotá (-0,6%) y Barranquilla (-7,8%), donde la tregua entre bandas estaría jugando un rol importante.
El secuestro registra un salto histórico y las masacres aumentan. En 2024 hubo 242 víctimas de secuestro entre enero y octubre, pero en 2025 la cifra se disparó a 527: un aumento del 117,8%. Es el mayor salto desde 2007, cuando se registró el último pico histórico con 479 víctimas. Sobre las masacres, este año, el Ministerio de Defensa reporta 75 masacres y 263 víctimas, un alza frente a 2024 (72 y 247). Son aumentos del 4.2% en masacres y del 6.5% en las víctimas, revirtiendo la reducción entre 2022 y 2024
La extorsión crece y afecta a todo tipo de ciudadanos. A nivel nacional, la extorsión ha ido en aumento desde 2021, alcanzando un pico histórico en 2024. Aunque las cifras oficiales actuales muestran una disminución en comparación con ese año, en los recorridos que hacemos en la FIP en zonas bajo influencia de los grupos, la población reporta que hoy en día es una práctica generalizada. En esos lugares, donde denunciar es difícil, los registros oficiales suelen distar mucho de la realidad.
La violencia contra la Fuerza Pública se dispara. Los heridos subieron de 398 en 2024 a 673 en 2025, un aumento del 69,1%. Y los asesinatos de miembros de la Fuerza Pública pasaron de 77 a 153, prácticamente duplicándose en un año.
Desplazamiento y confinamiento en máximos históricos. Según OCHA, entre enero y octubre de 2025 se registró el mayor número de desplazamientos masivos en 18 años. Las víctimas aumentaron 69% y los casos de confinamiento se triplicaron.
La violencia no siempre es visible. El homicidio es un indicador clave, pero insuficiente para dimensionar la problemática de orden público que vive el país. La FIP ha insistido en que hoy las estructuras ilegales atentan contra la población con métodos menos visibles para evitar ser blanco de la fuerza del Estado. Las amenazas, los desplazamientos forzados individuales y las restricciones de movilidad, siguen aumentando y afectan seriamente derechos en muchas regiones.