Margaret Kenequanash, CEO de Wataynikaneyap Power y primera mujer jefa de su comunidad en North Caribou Lake First Nation, encabeza desde hace más de una década una iniciativa que marca un precedente a nivel mundial: 24 comunidades indígenas denominadas first nations (primeras naciones) de Ontario, Canadá, se unieron para crear una empresa con la que lograron ser propietarias del 51% de un proyecto de transmisión eléctrica de 1.800 kilómetros.
La experiencia de Wataynikaneyap Power se ha convertido en un referente de cómo la transición energética puede traducirse en una oportunidad real de autonomía y prosperidad para los pueblos indígenas. Por ese motivo, Kenequanash fue la segunda invitada a compartir su historia en la serie de webinars coordinados por la Fundación Ideas para la Paz (FIP), Meliquina y Connect EP, con el apoyo de UK PACT (Partnering for Accelerated Climate Transitions).
"Esto no es solo un referente técnico, es un testimonio poderoso de cómo la energía, la autonomía y el bienestar comunitario pueden avanzar de la mano", explica Juan Dumas, cofundador y socio de Meliquina, quien moderó la conversación con más de 80 participantes, incluyendo representantes de 18 comunidades indígenas colombianas y cinco asociaciones que agrupan a 250 comunidades.
Cuando la necesidad se convierte en visión colectiva
El proyecto nació en 2007 producto de una crisis humanitaria. Durante décadas, comunidades remotas en el territorio Nishnawbe Aski dependieron exclusivamente de generadores diésel. Los apagones constantes cerraban escuelas, clínicas y tiendas. No había electricidad para equipos médicos vitales. Las familias perdían acceso a agua potable y sistemas de alcantarillado, y los incendios por fallas eléctricas eran frecuentes.
"Muchos niños y ancianos tenían que abandonar sus hogares. No tenían forma de atender pacientes con cáncer, asma o que necesitaban diálisis. Diez comunidades habían llegado al límite de capacidad de sus generadores", recuerda Kenequanash.
Las comunidades venían discutiendo sobre energía desde el año 1991, pero fue hasta 2007 cuando decidieron pasar a la acción. Cuatro jefes y dos consejos tribales se pusieron manos a la obra junto con la mina local De Beers, que también enfrentaba problemas energéticos. El mandato de las comunidades fue claro desde el inicio: si iban a construir infraestructura en su territorio, ellos debían ser los propietarios.
La alianza creció gradualmente. Les tomó 23 reuniones llegar al primer acuerdo y cinco años más para formalizarla, lo que ocurrió en marzo de 2012, cuando establecieron dos principios fundamentales: una sola voz para negociar y distribución equitativa de beneficios, sin importar el tamaño de cada comunidad.
Entre 2012 y 2018 realizaron más de 3.000 reuniones en las que las comunidades pusieron sobre la mesa restricciones no negociables: no envenenar la tierra, no usar herbicidas, no cruzar cuerpos de agua con la línea eléctrica, respetar cementerios ancestrales y temporadas de cosecha.
"Cuando las naciones indígenas se unen y establecen principios comunes, grandes cosas suceden", afirma Kenequanash. "Acordamos estar en desacuerdo en privado, nunca en público, y siempre encontrar soluciones juntos", agrega.
Derribando muros: del veto regulatorio a la propiedad mayoritaria
El primer obstáculo que enfrentó la empresa indígena fue estructural: en Ontario, ninguna agencia regulatoria del sector energético permitía que pueblos indígenas fueran propietarios de infraestructura de transmisión eléctrica. Se requería capital, experiencia técnica y una licencia que el sistema simplemente no otorgaba a first nations.
Kenequanash explica que durante cinco años sostuvieron sesiones extensas con el gobierno provincial para cambiar el paradigma: querían que se les diera prioridad y construir el proyecto ellos mismos.
El segundo desafío fue financiero. Los gobiernos federal y provincial gastaban 90 millones de dólares canadienses anuales solo manteniendo generadores diésel. Las comunidades realizaron estudios de factibilidad demostrando que esos recursos podían recuperarse con infraestructura permanente. Pero había una condición innegociable: el proyecto no podía endeudar a las comunidades ni comprometer a las generaciones futuras.
Para lograrlo cambiaron su estrategia de búsqueda de socios. En lugar de hacer una convocaría pública, se reunieron directamente con las siete empresas de servicios públicos más grandes de Canadá y les solicitaron presentar una propuesta sobre cómo habilitarían el mandato de propiedad indígena.
Las respuestas fueron diversas, pero Fortis ofreció algo diferente: 51% de propiedad inmediata para las first nations, con un camino estructurado hacia el 100% en 24 años. "No solo nos enseñan a construir y operar transmisión eléctrica", dice Kenequanash sobre su socio. "Están facilitando nuestra visión dentro de las comunidades".
Hoy el proyecto con Fortis está valorado en 1.900 millones de dólares canadienses e incluye la construcción de líneas de 230 KV desde Wabigoon hasta Pickle Lake y extensiones a comunidades del norte de Ontario. La construcción comenzó en 2018 tras años de evaluaciones ambientales, permisos y estudios arqueológicos que se realizaron siguiendo los protocolos territoriales indígenas. Para finales de 2023, 15 comunidades estaban conectadas a la red eléctrica, otra más se conectará en el primer trimestre de 2026 y una adicional continúa el proceso.
Del diésel a la autodeterminación: un legado para siete generaciones
Wataynikaneyap significa "la línea que trae la luz" en idioma anishinaabe y lo que ha logrado va más allá del acceso a electricidad confiable.
Tener la propiedad mayoritaria significa control sobre decisiones que afectan el territorio. Las comunidades decidieron, por ejemplo, no desarrollar los 250 MW que tienen de capacidad, priorizando su compromiso con la protección ambiental sobre ingresos adicionales.
"Nuestros mayores nos enseñan que todo lo que hagamos debe beneficiar a quienes vienen después de nosotros. Esto no es solo sobre cuánto dinero ganamos hoy, es sobre qué estamos construyendo para siete generaciones", reflexiona Kenequanash.
El impacto del proyecto también trasciende lo local. Wataynikaneyap se ha convertido en el mayor proyecto de transmisión eléctrica liderado por pueblos indígenas en la historia de Canadá. Los gobiernos federal y provincial ahora tienen un caso concreto que demuestra que la participación accionaria indígena no solo es viable, sino exitosa en infraestructura esencial para el funcionamiento del país, como la energía en este caso.
Para las 24 first nations, que agrupan a más de 20.000 personas en un territorio que abarca dos tercios del norte de Ontario, el proyecto construye patrimonio colectivo y estabilidad financiera de largo plazo. Más importante aún: recuperaron el derecho a decidir sobre su propio futuro energético.
Tres mensajes para Colombia
Durante el webinar, comunidades indígenas colombianas enviaron mensajes expresando que la experiencia de Kenequanash "motiva a cultivar saberes ancestrales en clave de desarrollo". Kenequanash compartió tres principios esenciales:
Primero, la unión es fundamental. "Establezcan sus expectativas desde el inicio y manténganse firmes en sus principios. No dejen que nadie les diga que debe ser diferente".
Segundo, el aliado correcto marca la diferencia. No cualquier socio corporativo sirve, se necesita uno dispuesto a habilitar la visión de propiedad comunitaria, aunque requiera más tiempo y creatividad financiera.
Tercero, pensar en generaciones, no en ganancias inmediatas. Este proyecto podría ser un camino de reconciliación, una forma de cambiar la historia y construir lo que los pueblos indígenas debieron haber sido siempre, explica Kenequanash.
El desafío está claro: encontrar desarrolladores y gobiernos dispuestos a ir más allá de la consulta y abrazar modelos de participación accionaria real. Como concluye Kenequanash: "Cualquier cosa puede pasar cuando las personas trabajan unidas".
Escucha la conversación entre Margaret Kenequanash y Juan Dumas.