Hace unas semanas, tres drones kamikaze del Bloque Occidental Jacobo Arenas, de la disidencia Estado Mayor Central (EMC) que coordina ‘Iván Mordisco’, se estrellaron contra el radar aeronáutico 3D de Candelaria, Valle. El equipo forma parte de un proyecto de más de 370.000 millones de pesos para ampliar la cobertura y la seguridad aérea del país. No es un caso aislado: el pasado 5 de octubre, en Aguachica, Cesar, otro de estos artefactos fue usado para atacar una estación de Policía. Se trata de dos hechos recientes que muestran los efectos de una misma ofensiva: la que disputa al Estado el espacio aéreo, un terreno que dominó casi sin contrapeso durante décadas.
Los datos describen un fenómeno que se acelera. La Fuerza Pública registra 716 ataques con drones desde 2023 hasta el 1 de octubre de 2026. Solo en este año van 318, un promedio de un evento cada 20 horas, o 8,2 por semana, con un pico en agosto (56 ataques).
El 71% de los hechos se concentra en Cauca, Chocó, Valle del Cauca y Norte de Santander. En cuanto a los responsables, el 95% se atribuye a dos organizaciones: el EMC (72%) y el ELN (23%). En esta cápsula de análisis, la Fundación Ideas para la Paz (FIP) presenta un panorama de los ataques con drones y algunas recomendaciones para responder eficazmente a esta amenaza.
Los departamentos donde se han cometido los ataques en 2026
Un fenómeno en evolución
Desde 2009 se supo que las antiguas FARC, por medio de Hernán Darío Velásquez (‘El Paisa’), querían adquirir drones. El primer ataque con explosivos usando estos artefactos quedó registrado en julio de 2023 en Puerto Guzmán (Putumayo), por órdenes de los Comandos de la Frontera.
El uso sistemático llegó después: 119 ataques en 2024 y 277 en 2025. En enero de este año, el frente Carlos Patiño del EMC estrenó la modalidad kamikaze contra la Fuerza Pública en el municipio de Patía, Cauca.
El Ministerio de Defensa afirma que en 2025 se detectaron cerca de 9.000 intentos de ataque y que se inhibió alrededor del 96%. Pero el 4% restante basta para causar daño, y el margen se estrecha. Los grupos ya emplean drones con fibra óptica, que transmiten la señal por un cable y, por lo tanto, no pueden ser detectados ni neutralizados con inhibidores.
La ventaja es tal que solo se compara con la que obtuvo la Fuerza Pública hace 25 años, cuando incorporó capacidades aéreas que le dieron movilidad, poder de fuego y capacidad de bombardeo.
Para los armados, las ventajas son múltiples. Los drones les sirven para vigilar a la Fuerza Pública y a la población civil, y para verificar la seguridad de sus campamentos sin enviar a nadie. Además, formar a un operador o “dronero” es más rápido que adiestrar a un combatiente. Permiten atacar a bajo costo, sin exponer personas, tanto a militares como a grupos rivales, y también a infraestructura estratégica pública o privada. Y refuerzan el control territorial: con ellos identifican zonas de minería y cultivos de uso ilícito, e incluso facilitan el cobro de extorsiones.
Una tecnología cada vez más asequible
Al comienzo, los equipos llegaban por canales legales desde Estados Unidos, China y Rusia. La nueva fase de la guerra entre Ucrania y Rusia disparó la oferta mundial y, a través de Venezuela, los grupos ampliaron sus compras. Con el tiempo aprendieron también a fabricar y adaptar. Según se ha documentado, el ELN y las disidencias enviaban personal a formarse en Venezuela, pero hoy lo hacen en Colombia, en escuelas propias de “droneros”. Algunos recurren a academias legales y se cree que han contratado a instructores que regresaron de Ucrania o enviado gente a entrenarse en ese país.
A comienzos de 2025, el EMC presumía de su ingenio. Según un mensaje de ‘Iván Mordisco’, un dron que puede costar unos 36 millones de pesos se puede hacer con 6 millones y cargar seis libras de explosivo, lo suficiente, según el disidente, para destruir un helicóptero sin exponer a sus hombres. Hoy, varios de los planes armados de los grupos incorporan drones.
De hecho, grupos como el ELN han triplicado sus ataques: esta guerrilla pasó de 36 eventos en 2025 a 132 este año. Aun así, el EMC sigue al frente, con 512 ataques desde 2023, protagonizados por los frentes Jaime Martínez, Carlos Patiño, Dagoberto Ramos y Franco Benavides. Al ELN se le atribuyen 168.
Al menos 487 personas afectadas
Desde 2024, los drones han afectado a 487 personas. Entre los civiles hay 55 heridos y 6 asesinados; en la Fuerza Pública, 401 heridos y 25 muertos.
A esa cifra hay que sumarle una serie de afectaciones producto del temor a ser víctima de estos artefactos: desplazamiento, confinamiento, mayor control de los grupos y obstáculos para la vida cotidiana, en particular de mujeres, niños y comunidades étnicas.
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la Defensoría del Pueblo han advertido de los efectos sobre el bienestar y la educación de los menores, y de las restricciones al ingreso de misiones humanitarias. El CICR añade que los errores técnicos o la incapacidad para distinguir entre actores humanitarios y militares ponen en riesgo a civiles.
Según el CICR, los drones armados no están prohibidos por ningún tratado ni por el derecho internacional humanitario consuetudinario, y son jurídicamente comparables a las armas lanzadas desde aeronaves tripuladas. Eso sí, su uso debe respetar los principios de distinción, proporcionalidad y precaución.
La carrera antidrones
El Estado ha empezado a moverse. En 2025 activó el primer Batallón Antidrones del país y restringió a dos puertos, Cartagena y Bogotá, la entrada de partes para fabricar drones. En 2026, el Gobierno de Gustavo Petro presentó el proyecto Escudo Nacional Antidrones, valorado en 6,7 billones de pesos, cuya primera fase, de 1,1 billones aproximadamente, se ejecutaría este año. La necesidad se discute en el sector defensa desde 2021.
Para la FIP, esos avances son necesarios, pero insuficientes. Como se señala en el más reciente informe de la fundación, Ordenar la casa: hoja de ruta para la seguridad territorial en Colombia, el esfuerzo principal del Estado debe orientarse hacia los nodos funcionales que sostienen la capacidad de fortalecimiento y la resiliencia operativa de estas organizaciones. Por ejemplo, ante el creciente uso de drones, los instructores y proveedores de estos equipos deberían ser objetivos prioritarios.
En el corto plazo, urgen dos tareas: llevar la capacidad antidrón a las unidades más golpeadas, que suelen ser las más pequeñas y alejadas de los centros urbanos, y proteger a una población cada vez más vigilada y victimizada, con acciones concretas y protocolos de autoprotección que se difundan entre las comunidades.