La conversación contó con la participación de María Victoria Llorente, directora de la FIP; Javier Flórez, director de Conflicto y Seguridad de la FIP; y Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda. Fue moderada por la periodista María Elvira Samper y reunió a líderes empresariales y gremiales, tomadores de decisiones y aliados de la FIP.
Una amenaza que crece y se transforma
Durante la charla se advirtió que las capacidades de las organizaciones armadas han aumentado de manera significativa. Sus integrantes pasaron de cerca de 12.800 en 2018 a aproximadamente 28.800 al cierre del actual Gobierno. Su presencia e influencia alcanza 627 municipios, mientras las zonas con disputas activas entre grupos armados pasaron de siete en 2020 a 14.
La transformación de estas organizaciones no se limita al número de integrantes o a su expansión territorial. También se refleja en el uso de herramientas tecnológicas, como los drones, que se han convertido en un recurso para atacar a la Fuerza Pública y ejercer presión sobre las comunidades. De casi ningún ataque registrado en 2023, el país pasó a más de 300 en 2026.
Las consecuencias humanitarias también evidencian la magnitud del desafío. En 2025, cerca de 1,6 millones de personas resultaron afectadas por emergencias humanitarias, tres veces más que en 2024. El 60 % de las personas afectadas se encontraba en zonas en disputa.
Según María Victoria Llorente, directora de la FIP, estas tendencias muestran que la respuesta estatal debe adaptarse a una violencia organizada que combina control territorial, economías ilegales, redes de apoyo y nuevas capacidades tecnológicas. La presión operacional, por sí sola, no garantiza que el Estado logre consolidar su presencia ni impedir que los grupos armados se recompongan. El informe estima que durante 2025 se incorporaron alrededor de 8.000 nuevos integrantes a estas organizaciones.
El reto no consiste únicamente en aumentar el número de efectivos o las operaciones militares. También implica definir qué capacidades necesita el país, en qué territorios debe concentrarlas y cómo asegurar que puedan mantenerse disponibles para responder a las amenazas.
Primero la estrategia, después el presupuesto
Durante la conversación, Mauricio Cárdenas insistió en que la discusión sobre las capacidades militares debe comenzar por definir los objetivos de la política de seguridad. Antes de determinar cuánto dinero se necesita o en qué equipos invertir, el país debe establecer qué resultados busca, cuáles son las amenazas prioritarias y qué capacidades requiere para enfrentarlas. “No podemos seguir haciendo lo mismo que estábamos haciendo y esperando otros resultados”, afirmó.
Para el exministro, la respuesta no debería limitarse a una decisión presupuestal aislada ni depender exclusivamente de las prioridades de cada Gobierno. Propuso convocar a un grupo de expertos que reúna a militares activos y de la reserva, académicos y otros conocedores del sector, con el propósito de construir una hoja de ruta en un plazo de 90 días.
Ese ejercicio debería identificar las prioridades de los próximos cuatro años, los cambios legales necesarios y las alternativas para garantizar financiación de largo plazo. Cárdenas planteó que algunas decisiones de modernización requieren compromisos que trasciendan los ciclos de gobierno, incluso mediante mecanismos de financiación plurianual que podrían extenderse hasta 30 años.
“No podemos discutir el presupuesto sin discutir primero la estrategia”, resumió el sentido de su planteamiento. Para Cárdenas, una planeación más clara permitiría establecer qué inversiones son prioritarias y evaluar si los recursos asignados se traducen efectivamente en mejores resultados de seguridad.
El diagnóstico del informe muestra por qué esa discusión es urgente. Cerca de tres de cada cuatro pesos del presupuesto de Defensa se destinan a gastos de personal, mientras la inversión representa alrededor del 3 %. A esto se suman las presiones de los costos operacionales, que crecen más rápido que la inflación y el presupuesto, y las obligaciones pensionales del sector.
El peso de la Defensa dentro del Presupuesto General de la Nación también ha disminuido: pasó del 21 % en 2003 al 14 %. En este contexto, el desafío es encontrar una forma sostenible de financiar las capacidades que el país necesita, sin confundir el fortalecimiento militar con un aumento automático del gasto.
Cárdenas no respaldó la idea de establecer una fuente de ingresos exclusiva para la Defensa, como ocurre con algunos modelos de financiación en otros países. A su juicio, ese mecanismo podría reducir la capacidad de las autoridades económicas para evaluar y priorizar el gasto público. En cambio, defendió una planeación articulada que permita acordar prioridades y compromisos financieros de largo plazo.
Recuperar capacidades y sostenerlas en el tiempo
Uno de los hallazgos más preocupantes del informe es que, según las estimaciones presentadas, solo el 46 % de las capacidades militares está disponible para operaciones. Las limitaciones no se explican únicamente por la cantidad de equipos, sino también por su mantenimiento, los recursos para operarlos y las dificultades para planear su renovación.
El documento señala que el 55,5 % del inventario aéreo y el 48,1 % del inventario naval y fluvial se encontraban fuera de servicio, de acuerdo con cifras del informe de empalme gubernamental de julio de 2026. Estas cifras ilustran la brecha entre contar con equipos y disponer realmente de ellos cuando se necesitan.
La modernización, por eso, debe considerar el ciclo completo de las capacidades: adquisición, operación, mantenimiento y reposición. Comprar equipos sin asegurar los recursos para sostenerlos puede profundizar las restricciones existentes. La FIP propone establecer una financiación estable para la modernización durante al menos ocho años, calcular los costos de ciclo de vida de las adquisiciones y publicar un plan de alistamiento con metas, responsables y plazos, acompañado de un calendario de renovación a diez años.
La respuesta requiere combinar capacidades de movilidad y presencia territorial con inteligencia financiera, tecnología y coordinación entre instituciones. El documento recomienda fortalecer la interoperabilidad entre las fuerzas, los sistemas de comando y control, el intercambio de datos, la inteligencia artificial, la guerra electrónica y la ciberdefensa. También propone mejorar la coordinación con la Fiscalía, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y la Policía judicial para rastrear las economías que sostienen a las organizaciones armadas.
Durante el encuentro, Cárdenas coincidió en que la estrategia debe ir más allá del aumento de tropas. Consideró prioritario seguir los flujos financieros de las organizaciones ilegales, mejorar la capacidad de interdicción y atacar las estructuras económicas que permiten su reproducción. También señaló que la inteligencia militar puede aportar a la seguridad urbana, sin que esto signifique convertir las ciudades en escenarios de patrullaje militar permanente.
Otro de los mensajes centrales de la conversación fue que fortalecer las capacidades militares no puede ser una responsabilidad exclusiva del Ministerio de Defensa. La planeación debe involucrar también al Departamento Nacional de Planeación, al Ministerio de Hacienda, al Congreso y a las autoridades territoriales, con responsabilidades claras y mecanismos de seguimiento.
Javier Flórez de la FIP destacó la importancia de conectar la planeación de capacidades con las decisiones presupuestales y de inversión pública. Sin esa coordinación, las prioridades estratégicas pueden quedar desconectadas de los recursos necesarios para hacerlas realidad.
Los participantes también señalaron la necesidad de precisar qué significa recuperar la ventaja en seguridad y cómo se medirá el avance. Camilo Granada, ex Alto Consejero Presidencial para las Comunicaciones, planteó que los resultados no deberían evaluarse únicamente a partir de indicadores como capturas, bajas o neutralizaciones, sino también mediante objetivos verificables de control territorial y seguridad para la población.
La discusión incluyó, además, la necesidad de mejorar la articulación con otros actores que cumplen funciones relevantes en los territorios. Raquel Garavito, Presidenta Ejecutiva Fedeseguridad y asistente de la Conversación FIP, llamó la atención sobre la importancia de incorporar la seguridad urbana y fortalecer la coordinación con las autoridades locales y el sector privado. Estos aportes ampliaron el debate más allá de la adquisición de equipos, hacia la capacidad del Estado para actuar de manera coordinada frente a amenazas diversas.
El informe también advierte sobre los desafíos relacionados con el personal. Una parte importante de los integrantes de la Fuerza Pública ingresó durante la expansión de los años 2002 a 2010 y se acerca a la edad de retiro. Esta transición plantea el reto de preservar conocimientos y experiencia especializada, al tiempo que se planifica la formación y retención del talento que requieren las capacidades futuras. Entre las alternativas discutidas estuvo aprovechar la experiencia de militares retirados en funciones de asesoría y administrativas. "Necesitamos entender qué problemas queremos resolver y qué es lo que necesitamos en materia de capacidades de las Fuerzas Militares para lograrlo" afirmó Llorente.
La discusión planteada por la FIP busca llevar este debate más allá de los espacios especializados y abrirlo a la ciudadanía, la academia, el sector privado y los gobiernos locales. Como señaló Cárdenas, “la mejor inversión sería que en este momento el Gobierno convocara a esas personas” para acordar una hoja de ruta que permita tomar decisiones con visión de largo plazo.
Colombia enfrenta una paradoja en materia de seguridad: mientras los grupos armados amplían su presencia y recurren a nuevas tecnologías, una parte importante de las capacidades militares del país no está disponible para las operaciones. Superar esta brecha exige algo más que aumentar el gasto o adquirir equipos. Requiere una estrategia de largo plazo, decisiones sostenidas de financiación y una discusión que involucre a las instituciones civiles, la academia y otros sectores de la sociedad.
Análisis . Consulte el informe completo
Solo el 46% de la capacidad militar de Colombia está disponible para operaciones: ¿cómo recuperar la ventaja?
La FIP, con el apoyo de la KAS y la Embajada de Suiza, presentó una radiografía de las capacidades militares del país y proponen una agenda para fortalecerlas y responder a desafíos como el aumento de la violencia, la expansión territorial de los grupos armados y la adaptación tecnológica. Leer artículo completo
Conversaciones FIP
La FIP lanza esta serie de encuentros virtuales con actores relevantes del país para poner el conocimiento y las capacidades de la Fundación en diálogo con distintas perspectivas y abrir conversaciones sobre los desafíos que enfrentan Colombia y sus regiones. Cada conversación parte de una investigación, un hallazgo, una propuesta, una capacidad, un fenómeno o una agenda relevante y plantea una pregunta que permita comprender mejor el desafío, conectar perspectivas y abrir caminos para la acción.